La Provincia.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ha aceptado la oferta del portavoz de IU, Alberto Garzón, para que los equipos negociadores de ambos partidos, junto a los del PSOE, Compromís y "las confluencias" se reúnan para empezar a negociar la posible conformación de un gobierno de progreso.

Garzón ha instado hoy a celebrar una reunión entre los líderes de dichas formaciones políticas e Iglesias ha manifestado en rueda de prensa en el Congreso su plena disponibilidad a que se reúnan los equipos negociadores de todas ellas porque, en este caso sí, se trata de las fuerzas que pueden formar parte de un futuro gobierno del cambio.

Iglesias se ha pronunciado así tras reunirse esta mañana con Garzón, en un encuentro en el que -ha dicho- han constatado la sintonía programática entre ambos y la voluntad común de conformar ese gobierno de coalición y progreso.

Garzón no logra un sí del PSOE a una negociación a cuatro

El líder de IU, Alberto Garzón, no ha logrado que el equipo negociador del PSOE le dé un "sí" a su oferta de negociar "a cuatro" para trabajar en un gobierno alternativo del PP, pero han acogido su idea con buenos ojos y la estudiarán, según ha dicho.

Después de reunirse en el Congreso, primero con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y después con el grupo del trabajo del PSOE, Garzón ha explicado también que han trasladado a los socialistas que se sienten "incómodos" con la negociación que éstos tienen con Ciudadanos porque consideran que su programa incluye medidas "regresivas" para las clases populares.

No quiere decir que el hecho de que el PSOE siga adelante con estas reuniones con C's, que han logrado ya avances importantes, lleve a IU a romper sus conversaciones con los socialistas porque ellos quieren seguir hablando con "todo el mundo" a la izquierda del PP.

De momento, en esta fase -ha insistido- solo están discutiendo sobre la investidura de Pedro Sánchez y ha asegurado que no puede aventurar todavía el sentido del voto de sus dos diputados, una decisión que, en cualquier caso, será ratificada por la militancia.

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La Provincia.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha recuperado la "normalidad" tras decretarse el estado de alarma -primero general y posteriormente rebajada a local- por un aviso sobre una amenaza de bomba en el vuelo de la aerolínea Saudia que iba a despegar a las 10.30 horas rumbo a Riad.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que la situación en el aeropuerto es de normalidad después de que el avión amenazado -en el que viajaban 97 pasajeros y 15 tripulantes- fuera desalojado y retirado a una "zona aislada" y de seguridad donde está siendo inspeccionado.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Efe que al parecer una carta que contenía una amenaza ha alertado a la tripulación de Saudia, la compañía nacional de Arabia Saudí, que ha avisado a los servicios de emergencia del aeropuerto.

Tras desalojar a los pasajeros, la aeronave, que tenía como destino Riad, ha sido conducida a una pista remota de la terminal, donde especialistas de la Guardia Civil están inspeccionando el aparato.

Aunque en un principio se decretó el nivel de alarma general, el aeropuerto la rebajó posteriormente a local.

Un equipo de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil instruye las diligencias de este caso, correspondiente al juzgado 14 de Plaza de Castilla, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que al aparecer una nota manuscrita con la amenaza de bomba, el comandante ha decidido volver a la terminal para evacuar a los 97 pasajeros y 15 tripulantes del aparato, de acuerdo con el protocolo de seguridad.

El avión ha sido trasladado a una zona de seguridad y aislamiento, según el ministro.

Fernández Díaz ha recalcado que el Ejecutivo no contempla elevar el nivel de alerta general del 4 al 5, ya que el máximo nivel se activa -ha recordado- cuando "hay un riesgo de atentado inminente".

"Vamos a seguir con nivel 4, que es el que mantenemos desde junio", ha reiterado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido cautela y ha dicho que el avión se ha evacuado con normalidad. Al parecer, se encontró un papel en el avión con la amenaza de bomba.

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La Provincia.

Unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado hoy en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocadas por Sociedad Civil Catalana (SCC) para expresar su rechazo al programa independentista del gobierno catalán y exigir el freno del llamado proceso catalán.

La concentración, apoyada expresamente por Ciudadanos y el PP, ha servido para denunciar la grave situación política que, a juicio de SCC, vive Cataluña, tras la constitución de un ejecutivo claramente independentista presidido por Carles Puigdemont.

Los manifestantes, que han llegado de diferentes puntos de Cataluña, han ondeado banderas españolas, catalanas y de la Unión Europea, y han coreado consignas y llevaban pancartas con lemas como "El proceso nos roba", "No al proceso, sí al progreso", "No a la independencia, sí a la convivencia" y "Hemos votado, habéis fracasado", en alusión a los resultados de las elecciones catalanas del pasado 27 de setiembre.

Entre los asistentes a la concentración, se encontraban el portavoz en el Parlament del Partido Popular Catalán, Enric Millo, y la diputada de Ciutadans en el Parlament Susana Beltrán.

En declaraciones a los periodistas, Millo ha pedido a Puigdemont "que se quite los tapones de las orejas" y escuche al "52 % de los catalanes que no quieren la independencia y que no quieren la ruptura, sino la concordia", lo que le debería llevar a "parar el proceso".

Por su parte, Susana Beltrán también ha reclamado al Govern que preste atención a los catalanes "que queremos estar dentro de España y de la Unión Europea" y se ha congratulado de la celebración de un acto en favor de la unión de España y Cataluña como el de hoy.

Durante el acto ha tomado la palabra el vicepresidente de Societat Civil Catalana (SCC), Joaquim Coll, que ha calificado de "perversión democrática" que el gobierno de Puigdemont "reconozca que el separatismo no tiene una mayoría social para culminar la ruptura", pero que, pese a ello, "esté decidido a continuar adelante con un proceso que divide a la sociedad".

"El proceso no es ni legal ni tienen un mandato democrático para llevarlo adelante", ha insistido Coll, tras denunciar que el proceso "nos roba dinero, democracia, recursos, derechos, convivencia y oportunidades", además de "robarnos el país, España, que también es de los catalanes".

Por su parte, el presidente de SCC, Rafael Arenas, ha asegurado que las personas que han llenado la plaza lo han hecho para proclamar "que nosotros también somos Cataluña y que no renunciamos a ello".

Arenas ha afirmado que la independencia "amenaza el proyecto europeo y el español" y ha desconfiado de las palabras del presidente Puigdemont, en las que admitía que no hay una mayoría social que legitime la aprobación de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

"Están acumulando fuerza", ha advertido, tras asegurar que "estamos hartos" y que "ahora nos toca decir alto y claro que el proceso ha fracasado y que toca pasar página".

Durante el acto, ambos representantes de SCC han hecho referencia en varias ocasiones a la necesidad de que Cataluña cuente con otro modelo de escuela "no politizada" y con "una administración que trabaje por el bien común y no sólo por la independencia", además de una sociedad en la que "el castellano se reivindique como una lengua catalana".

Sociedad Civil Catalana ha aprovechado la celebración de la concentración en la plaza Sant Jaume para reclamar que vuelva a restituirse la placa conmemorativa del nombre que adoptó esta plaza durante años, plaza de la Constitución, y que, según ha denunciado, retiró en 2013 el entonces alcalde, Xavier Trias (CiU).

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El Confidencial.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al Real Decreto que crea y regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales al que deberán acudir a partir de ahora todas las personas que trabajen o realicen labores de voluntariado en contacto con menores de edad para acreditar ante su empleador que no tienen antecedentes por abuso de menores o similares, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. Más de 43.000 personas en España tienen antecedentes por estos delitos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a cuyo lado ha comparecido Catalá, ha destacado que se establece así "un sistema eficaz" para impedir que las personas que hayan cometido cualquier delito sexual puedan "tener acceso o seguir ejerciendo" profesiones, oficios u otro tipo de actividades que impliquen un contacto habitual con menores de edad, pero también para perseguir estos delitos en colaboración con otras autoridades europeas.
Catalá ha explicado que el registro, que "empieza a estar operativo inmediatamente", recogerá a los 43.765 condenados por delitos sexuales que hay en la actualidad en España y se irá ampliando bebiendo tanto del Registro Central de Penados como del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de Menores.
"Evitar problemas de desinformación"
"Es muy conveniente tener esta información singularizada e identificada. Permitirá evitar algunos problemas y es que personas que tengan alguna condena de estas características puedan dedicarse a labores docentes y de voluntariado en contacto con menores de edad", ha señalado el ministro, para incidir en que la misión principal del registro es "prevenir la delincuencia sexual y proteger a los menores de edad".
En concreto, como manda la Ley de Protección de la Infancia, la persona que pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto habitual con menores deberá presentar, ante quien le contrate, una certificación negativa que acredite que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, además deberán acreditar que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen o en donde sean nacionales.

El registro incluirá los datos de todos los condenados por sentencias firmes dictadas, tanto en España como en otros países, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, "con independencia de la edad de la víctima o del condenado". En este sentido, Catalá ha aclarado que la identidad de la víctima no figurará, aunque sí quedará constancia de su minoría de edad, si la hubiera.

Datos del perfil genético
Asimismo, incorporará el código identificador del perfil genético (ADN) de los condenados cuando lo establezca una resolución judicial, lo que posibilitará el seguimiento y control de ese tipo de delincuentes dentro y fuera de las fronteras de España.
Sobre este asunto, el ministro ha destacado que el registro servirá para evitar "algún caso de descoordinación y de falta de información" que se ha "conocido en el pasado", así como "va a facilitar la investigación y a establecer mecanismos de cooperación eficaces en el ámbito jurisdiccional". En este sentido, la información no será pública pero podrán acceder a ella los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial para la prevención y persecución de los delitos sexuales, así como los propios interesados, que podrán solicitar la certificación gratuitamente, y cualquier órgano de la Administración Pública que trámite un procedimiento que precise de forma preceptiva de la información respecto de una persona, previo consentimiento de ésta.
Por otra parte, se podrán realizar certificados de los datos inscritos, sin consentimiento de los interesados, por el encargado del Registro cuando exista petición expresa de las entidades públicas de protección de menores para valorar la situación de desprotección de un menor respecto de sus progenitores, tutores, guardadores o acogedores, así como a instancia de las autoridades judiciales o policiales extranjeras inmersas en una investigación.
"El sistema de acceso al registro tiene que ver con el máximo de garantías, un sistema plenamente garantista en el que pueden acceder jueces, tribunales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero siempre asociado con procesos en los que tengan competencias para ello. No se trata de que alguien quiera hacer la tesis doctoral y pida informe al registro, no, lo que persigue es fortalecer el sistema de garantías y el Estado de Derecho para que alguien que ha tenido delitos de esta naturaleza no pueda estar cerca de menores de edad", ha añadido el ministro.

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Miércoles, 09 Diciembre 2015 12:27

La lotería seguirá tocando al Fisco

El Mundo.

El 20-D los partidos políticos se juegan a casi cara y cruz cuatro años en el poder o en la oposición. Y dos días después (22-D) el 80% de los españoles, los que llevan algún décimo o al menos una participación, se juegan la posibilidad de obtener un respiro para su bolsillo en el sorteo de la lotería de Navidad a pesar del bocado del 20% de Hacienda a los premios. El Gobierno instauró esta reducción (tributación) a los premios superiores a los 2.500 euros a partir de 2013 a título de "impuesto de solidaridad temporal" para que España cumpliera sus objetivos de ajuste.Sin embargo, ninguno de los partidos incluye en sus programas electorales la posibilidad de su reducción o supresión cuando no se han cumplido de forma alguna sus objetivos recaudatorios. Al contrario, ha servido para tirar a la baja la compra de la esperanzadora lotería. El caso es que mientras los políticos buscan la popularidad y el acercamiento a la población, montando en globo o en moto, o jugando al futbolín, al dominó o al ping-pong, se han olvidado de la enorme popularidad de la lotería, que se concentra precisamente en la de Navidad, la más tradicional e importante desde que se creara hace más de dos siglos, el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz.No hay una sola línea en las más de 2.000 páginas de los programas de los partidos que haga referencia alguna a la supresión o modificación de este gravamen extraordinario, que nunca ha conseguido sus objetivos de ingresos.

Por ejemplo, Montoro había previsto una recaudación de 824 millones en su primer año de creación (2013). Sin embargo, sólo consiguió 268,2 millones, casi 600 millones menos. En 2014 la recaudación llegó a los 458,9 millones y la cifra será similar en 2015. o incluso algo inferior, ya que hasta octubre, a pesar de la mejora económica y del alza del empleo, la caja por este concepto sólo llega a los 410,6 millones. Lo más curioso es que, según los datos acumulados hasta octubre, la recaudación es de esos 410,6 millones (408,4 millones a través de la retención en el IRPF que se cobra en el momento del abono del premio y 2,2 millones por los premios de las empresas en el Impuesto de Sociedades). Pero, en octubre de 2014 la recaudación total fue de 417,3 millones (siete millones más). Por tanto, la caja por el gravamen extraordinario ha caído un 1,7% en el mejor año económico de la crisis.Aunque cuando se instauró se dijo que tendría una duración de dos años, los partidos políticos se han olvidado de proponer la supresión pese a sus posibles efectos populares y mejores expectativas para los bolsillos de los ciudadanos. Es más, posiblemente aumentaría la recaudación que el Estado se lleva (un 30% de media) por el incremento de las ventas. La lotería es ya una importante fuente de ingresos para Hacienda. Sólo en este año piensa recaudar más de 1.530 millones gracias a los dividendos que le consigue la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), la empresa pública que gestiona los sorteos y la más rentable del Estado.Según el Gobierno, la recaudación por todos los impuestos está aumentando por encima del 6%. Por ello, señala que ha hecho una reforma fiscal, para retornar al IRPF al 2011, y que está devolviendo a los empleados públicos el ajuste realizado. La supresión del 20% del gravamen a la loterías equivaldría, por ejemplo, a la mitad del coste anual de los días adicionales de vacaciones por antigüedad (canosos) devueltos a los empleados públicos.

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La Provincia.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entra este lunes en vigor con el enfrentamiento entre jueces y fiscales con el Gobierno por el nuevo proceso de investigación penal, que obligará a revisar en los próximos ocho meses 370.000 casos en todos los juzgados de España para que no caduquen.

Seis asociaciones judiciales y fiscales, así como el Consejo Fiscal y el Consejo General de la Abogacía reclamaron sin éxito una prórroga de la entrada en vigor de la ley al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien se limitó a ofrecer más medios humanos y materiales para hacer frente al principal escollo entre ambas partes: la introducción de límites en la instrucción judicial.

Jueces y fiscales consideran que limitar el tiempo de la investigación provocará "impunidad" de delitos que deberían ser castigados y cuestionan que se aplique sobre los procedimientos que están en marcha, lo cual obligará a revisarlos y multiplicará la carga de trabajo de todos los juzgados de España.

A continuación, las 10 novedades más importantes de la reforma:

- Límites en la instrucción judicial: 6 meses para las causas sencillas y 18 meses para las complejas, prorrogables por igual periodo. La ampliación podrá ser solicitada por el fiscal, la acusación popular, acusación particular, defensa y Abogacía del Estado, pero no por el juez de instrucción.

La limitación comenzará a aplicarse a los sumarios ya abiertos, pero para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el tiempo ya transcurrido de instrucción, es decir, el contador empezará de cero para el caso Púnica, los Eres de Andalucía, Bankia, etc.

- Troceo de las macrocausas: Separación de las piezas en los llamados macroprocesos, de manera que se instruirá una causa por cada delito.

- Adiós al imputado: Se sustituye el término 'imputado' por 'investigado' en la fase de instrucción, que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación.

- Fin de las 'penas de telediario': Se introduce un artículo que regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de las personas durante una detención. Para ello las fuerzas de seguridad podrán adoptar las "medidas necesarias" para acabar así con las denominadas 'penas de telediario' que sufren muchas personas antes de ser juzgadas.

- Incomunicación del detenido: Los jueces deberán justificar en un auto la detención incomunicada de los detenidos quienes serán sometidos a dos revisiones médicas cada veinticuatro horas para comprobar su estado psíquico y físico. Además, los menores de dieciséis años no podrán ser sometidos al régimen de detención incomunicada.

- Escuchas telefónicas y Whatsapp: Se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp. Siempre será necesario contar con autorización judicial.

Además, el juez podrá autorizar la utilización de claves, códigos y un software de vigilancia (troyanos) en un ordenador, teléfono móvil o dispositivo electrónico sin que el titular tenga conocimiento de que están siendo examinados.

- Policía encubierto: El texto introduce la figura del agente encubierto en Internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.

- Atestados sin autor conocido: Los atestados policiales sin autor conocido no supondrán la apertura de diligencias en los Juzgados, sino que tendrán un carácter administrativo.

- Decomiso: Se amplía la figura del decomiso para poder actuar contra todo el patrimonio de un penado, es decir, para recoger todos los bienes del condenado con el fin de recuperar el dinero defraudado como consecuencia de los delitos.

- Segunda instancia penal: Los tribunales superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional será la que se ocupe de las dictadas por este tribunal, en lugar de hacerlo el Supremo.

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El Mundo.

El concejal de Ahora Madrid de Villaverde y Fuencarral-El Pardo, Guillermo Zapata, explicó ayer en su cuenta de Twitter que un "despiste" le llevó a no incluir en su declaración de bienes una cuenta bancaria con un saldo de 20.000 euros."Falta rellenar eso por un despiste mio. La cuenta es Caja Caminos. El saldo actual en torno a 22.000 euros", escribía el edil en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones de bienes que han aportado los ediles y que han sido publicadas en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid denotan notables diferencias entre los bienes y cifras de las cuentas corrientes de los veinte ediles de Manuela Carmena.En un lado se encuentran los cuatro ediles que no poseen ninguna propiedad, como el segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, frente a otros que tienen nueve propiedades inmobiliarias, como Montserrat Galcerán. Destaca también que tan solo siete de los 20 ediles afirma tener un coche y que siete de los 16 que declaran propiedades detallan el valor catastral.La web indica que la alcaldesa tiene acciones y participaciones en sociedades o instituciones de inversión colectiva valoradas en 430.000 euros, dos viviendas en pleno dominio y una cuenta bancaria con 40.000 euros. Sin embargo, la situación de todos sus concejales no es la misma.Zapata es el concejal con menos bienes declarados, ya que en su declaración tan solo constan derechos de autor, "en cantidad variable normalmente percibida entre junio y diciembre", sin que conste la cantidad exacta. Además, hace mención a ingresos por un guión de serie de televisión, pero tampoco precisa la cuantía.La portavoz del Ejecutivo de Carmena, Rita Maestre, no posee bienes y asegura tener tan solo 800 euros en una cuenta corriente. Tampoco presenta bienes Nacho Murgui, que sí hace constar dos préstamos por un valor total aproximado de 5.500 euros.

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El Diario.

Según denuncia el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada, Intersindical STSP, miles de aparatos fueron comercializados e instalados por las principales empresas de seguridad privada sin tener certificados válidos. Así habrían actuado Prosegur y Securitas Direct entre otros. Las irregularidades denunciadas se habrían producido entre 2011 y 2014 y como fruto de las certificaciones sin acreditación emitidas por varias entidades certificadoras.

Instalar material sin homologar es una infracción grave penada, en la Ley de Seguridad Privada vigente, con multas de 3.000 a 30.000 euros. Comercializar productos con la carencia de un certificado emitido por un organismo de control acreditado, podría suponer un delito de estafa, siempre y cuando exista el ánimo del beneficio, influya la circunstancia de utilizar el engaño y el mismo ocasione un perjuicio al consumidor de dicho producto.

Emisión de certificados falsos

Por otro lado, Intersindical STSP asegura que Securitas Direct, Prosegur y demás compañías del sector habrían emitido reiteradamente impresos a sus clientes, obligatorios por ley, certificando que sus aparatos cumplían unas normas que en realidad no cumplían, si nos atenemos a tres órdenes del Ministerio del Interior que entraron en vigor en agosto de 2011. Ello podría ser constitutivo de delito, según el Artículo 399 del Código Penal.

A requerimiento de este medio, fuentes de Prosegur han declarado que en cualquiera de sus tres líneas de actividad, la empresa cumple de manera escrupulosa con lo que marca la ley, incluyendo "lo referido a las certificaciones de producto en la línea de Alarmas". Prosegur también hace hincapié en que "hemos comercializado e instalado productos de fabricantes que cumplen con los estándares de producto más exigentes".

Finalmente, aseguran haber gastado más de cinco millones de euros en adaptar los sistemas ya instalados a la normativa que entró en vigor en 2011. ConsumClaro ha tenido acceso a un certificado de un componente de seguridad comercializado por Prosegur que, según informes de Intersindical STSP, no cumple con los requisitos exigidos en España.

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El Diario.

El pasado 20 de marzo Mariano Rajoy, Ana Pastor y Alberto Núñez Feijóo inauguraban un tramo de la que en un futuro será la autovía Santiago-Lugo, el proyecto concebido en los tiempos de Felipe González e impulsado en los de Zapatero que suele salir a pasear en cada período electoral. Aquel acto fue una de las últimas inauguraciones protagonizadas por Rajoy antes del inicio del período electoral que, con la convocatoria formal de los comicios, convierte en ilegales este tipo de actos. No obstante, algunos departamentos gubernamentales han seguido convocando eventos de autobombo presentados como "visitas" o anuncios, en vez de como inauguraciones. El último hasta el momento se ha celebrado este lunes en Tui.

Desde que, el pasado 27 de octubre, Rajoy convocó los comicios del 20D, han sido varios los departamentos ministeriales que han bordeado la prohibición electoral. En el caso gallego es sobre todo el Ministerio de Fomento el que ha venido convocando este tipo de actos teniendo como protagonista a la ministra, Ana Pastor, que además de miembro del Ejecutivo es también cabeza de lista del PP por Pontevedra, provincia en la que ya ha desarrollado media docenta de actos en lo que va de mes mientras, paralelamente, su departamento realizaba diversos anuncios de inversiones referidas a Galicia.

Así, el propio 27 de octubre Pastor firmaba en A Coruña convenios para "regeneración y renovación de 55 áreas urbanas en Galicia" y el mismo día el Ministerio anunciaba la adjudicación de unas obras de la travesía de la N-640 a su paso por Vilagarcía. Ya en noviembre, la ministra convocó el día 4 una visita al Campus de Vigo, donde recorrió las instalaciones del parque científico y tecnológico de la institución académica. Al día siguiente desgranó las inversiones de su Ministerio en materia ferroviaria en el Foro Ourense Nueva Velocidad.

Apenas dos días después, el 6 de noviembre, Ana Pastor regresó a Pontevedra para asistir en calidad de ministra a la vigésima edición del Premio Joven Empresario de Pontevedra. En la misma jornada Fomento remitía a la prensa un comunicado para advertir de la publicación en el BOE del "contrato para la redacción del proyecto de trazado y construcción" de la ampliación del puente de A Pasaxe, en A Coruña.

A la semana siguiente, el día 10, entraba en juego otro ministerio, el de Educación. Su titular, Íñigo Méndez de Vigo, convocó a la prensa en Santiago para protagonizar una visita al Museo de las Peregrinaciones y de la Ciudad, que funciona en el antiguo edificio del Banco de España de la capital gallega desde el verano de 2012.

El día 13 continuaron los anuncios en materia de obras, con el Gobierno central informando a la prensa de que ha previsto "subvencionar con 11,9 millones de euros la autopista del mar entre Vigo y Nantes. El día 16 el departamento de Ana Pastor relataba, a través de Adif, que acababa de iniciar la perforación de uno de los túneles de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia. En otro comunicado indicaba el mismo día que había adjudicado, por algo más de 3 millones de euros, "la rehabilitación del firme" de un tramo de la autovía A-6 a su paso por los ayuntamientos de Aranga, Coirós, Oza-Cesuras y Betanzos.

En los últimos días la ministra y candidata ha intensificado un poco más su agenda gallega, concretamente, pontevedresa. Así, el pasado miércoles se reunió con el equipo directivo del puerto de Vigo y realizó una visita a su terminal de contenedores. El jueves presentó personalmente en A Cañiza la "campaña de viabilidad invernal de la Red de Carreteras del Estado" en un acto abierto a la prensa.

A las puertas del fin de semana, el viernes, el Ministerio de Fomento informó de que el Consejo de Ministros había autorizado "la celebración del contrato de las obras" del tramo Melide-Arzúa de la A-54, la misma autovía visitada por Rajoy, Pastor y Feijóo en octubre. Ya el lunes, veinticuatro horas después de participar en el lanzamiento de la campaña gallega del PP, Ana Pastor ha visitado la Catedral de Tui para, en una convocatoria solo para prensa gráfica -sin preguntas-, "visitar el conjunto catedralicio" y, acto seguido, difundir una nota en la que detalla las inversiones del Gobierno en este monumento.

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La Provincia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy que la Intervención General del Estado, el INE y el Banco de España tienen el encargo de iniciar una investigación que aclare qué ha pasado con los 1.300 millones de euros que Cataluña no contabilizó, y cuyas consecuencias deberán llegar a Eurostat.

En declaraciones a los medios, previas a la inauguración de una jornada sobre estrategia de fondos europeos 2014-2020, organizada por la escuela de negocios IESE, Montoro también ha exigido a la Generalitat cumplir "cuanto antes" la condicionalidad de no usar los 3.038 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) en gastos independentistas para que el Gobierno pueda hacer ya el desembolso.

El titular de Hacienda ha instado a Cataluña a "cumplir" para que los proveedores catalanes, en especial farmacias y centros sanitarios concertados, "no tengan que sufrir más aplazamientos que se deriven de posiciones políticas, que hoy no tienen sentido".

Montoro ha insistido en que la Generalitat dispondrá del FLA "cuando cumpla", y le ha pedido que "distraiga menos la atención" y se dedique a gestionar los recursos de todos los catalanes y "cumplir las condiciones" estipuladas por el Gobierno.

"Se trata -ha dicho- de abonar los importes pendientes y que la Generalitat se sujete sin inconvenientes a esa condicionalidad".

El ministro ha reconocido que las condiciones son diferentes del resto de las comunidades debido a que en Cataluña han concurrido circunstancias excepcionales.

En definitiva, Montoro ha dicho que se trata de dar mayor transparencia a la gestión pública, algo que "conviene a todos, especialmente a los catalanes".

En caso de que el interventor general no pueda identificar todas las partidas, Montoro ha dicho que los funcionarios públicos están sujetos al principio de legalidad y, por tanto, se habilitará los procedimientos para dar amparo a los funcionarios de la Generalitat "en este caso y a la hora de cumplir la legalidad en general".

Montoro ha precisado que una vez que se emita el primer informe del interventor general, diez días después de la publicación en el BOE, por tanto, a primeros de diciembre, se irán facilitando los recursos.

El ministro ha reconocido que este abono coincidirá con un escenario de elecciones, si bien ha dicho que, "a parte de que existan campañas electorales hay que seguir gestionando y pagando las facturas".

"No paralicemos las administraciones públicas porque exista campaña electoral" ha subrayado.

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