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Miércoles, 08 Enero 2020 16:28

Estafaron a 37 pacientes en sillas de ruedas

Canarias7.

Un juzgado de Arucas ha abierto un proceso penal contra el fisioterapeuta y gerente del centro de rehabilitación Los Picachos, en Firgas, y contra su esposa, a los que se les acusa de estafar a 37 personas, en su mayoría menores en sillas de ruedas por patologías neurodegenerativas, a los que se les prometía la curación con tratamientos de células madre.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas (Las Palmas) ha abierto un proceso penal formal contra Santiago S., el gerente del hoy clausurado centro de rehabilitación Los Picachos -ubicado en la localidad grancanaria de Firgas- y contra su esposa, Florencia G., a los que imputa, indiciariamente, la presunta comisión de delitos de estafa e intrusismo.

El juez instructor notifcó ayer martes a todas las partes el auto que transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra la pareja en el año 2011, al apreciar indicios de que Santiago S., en complicidad con su mujer, “ideó y ejecutó un plan con el que lucrarse de manera ilícita mediante la captación de personas con patologías neurodegenerativas para, aprovechándose de su desesperación para volver a caminar, ofrecerles un tratamiento terapéutico con células madre”.

Una vez que empezaba el citado tratamiento, detalla la autoridad judicial en el auto, “el mismo consistía únicamente en masajes y técnicas de rehabilitación” dispensadas por el propio gerente del centro o por sus empleados (una monitora de actividades acuáticas, una fsioterapeuta, una auxiliar de enfermería o una médico rehabilitadora).

La investigación no ha encontrado pruebas de que éstas personas estuvieran al tanto o participaran de la estafa.

El juez contabiliza a un total de 37 presuntos perjudicados por las actividades fraudulentas en el centro de rehabilitación, en su mayoría “menores en silla de ruedas o con andador”.

Según detalla el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado (el equivalente a un auto de procesamiento en un

sumario ordinario), de las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado desde 2011 hasta fechas recientes se desprenden indicios racionales de que

en el año 2008, tanto Santiago S. como su esposa, “con la fnalidad de obtener un benéfico económico ilícito y en ejecución de un plan

preconcebido”, pusieron en funcionamiento el centro de rehabilitación denominado Los Picachos para personas con discapacidad neuronal en la

localidad de Firgas.

Pese a que en sus orígenes el centro estaba concertado con el Servicio Canario de Salud, detalla el juez, en 2008 el Gobierno canario acordó

retirarle las subvenciones al centro, por lo que pasó a ser gestionado

exclusivamente por Santiago S. “El investigado, a sabiendas de su falsedad”, detalla el auto, “se arrogó la representación en España de Bioscitex Incorportated, prestigiosa empresa estadounidense con sede en Minnesota que tiene como objeto la utilización de técnicas punteras y vanguardistas de rehabilitación en lo que al

tratamiento de lesiones neuronales se refiere, y concretamente mediante la utilización de células madre en seres humanos para la recuperación de la

movilidad en las extremidades inferiores”.

Presuntamente, los ahora investigados se valieron de la prensa, foros, página web y de los propios pacientes del centro “para difundir que eran

capaces, mediante un tratamiento con células madre y supervisado en todo momento por Bioscitex, de hacer que las personas con lesiones neuronales

severas volvieran a caminar gracias a las técnicas y máquinas sofisticadas con las que contaba en el centro de Firgas”.

Asevera la autoridad judicial que los perjudicados, “fruto de su desesperación por ver caminar a sus allegados (la mayoría menores de

edad en silla de ruegas o andador), acudieron desde numerosos puntos de la Península”, dado que los ahora encausados “les habían asegurado que

con el tratamiento de la clínica sus hijos experimentarían una mejoría radical, pues el tratamiento personalizado que se dispensaba en la Clínica de Firgas se encontraba en todo momento supervisado por los facultativos de Bioscitex, quienes además estaba previsto que se desplazarían hasta Gran Canaria para asistir personal y directamente a los pacientes”.

Asimismo, enfatiza el juez que ambos “apresuraban a los interesados para que firmas en un contrato de tratamiento médico, advirtiéndoles de que las plazas eran limitadas y que las 100 primeras iban a estar subvencionadas al 90% por el Servicio Canario de Salud -cosa totalmente incierta-, corriendo por tanto el riesgo de quedarse sin plaza o tener que abonar íntegramente el importe del tratamiento de no firmar inmediatamente el contrato.

Debido a ello, sigue la autoridad judicial, los ahora perjudicados, movidos por la esperanza, la reputación de la empresa con la que el investigado decía colaborar y la apariencia de verosimilitud de los resultados prometidos, “procedían a firmar el contrato de tratamiento en cuya virtud debían abonar un primer pago de 3.100,85 euros y posteriormente 400 euros mensuales hasta la conclusión del tratamiento”.

“Lejos de dispensarse el tratamiento vanguardista y puntero prometido por el investigado” expone el auto, los usuarios “realizaban actividades de gimnasia, masajes, acuagym y otros similares, en muchos casos con la intervención de los propios padres de los pacientes debido a la escasez de personal especializado”.

La autoridad judicial afrma que la investigación permite concluir que el gerente del centro, sin tener la correspondiente habilitación, autorización ni prescripción facultativa, procedía a inyectar a los pacientes la denominada hormona del crecimiento, que portaba dentro de una jeringuilla que llevaba “en el bolsillo del pantalón de su chándal”. Pese a estar en posesión del título de fsioterapeuta, el investigado Santiago S. causó baja del Colegio Ofcial de Fisioterapeutas de Canarias con fecha de 1 de diciembre de 2008. “Carece, por no haberlo tenido nunca, de cualquier habilitación profesional y autorización administrativa para ejercer la medicina y suministrar a pacientes cualquier tipo de fármaco”, concluye el

juez.

En referencia a su esposa Florencia, afrma el instructor que era “plena conocedora y colaboradora del plan fraudulento” que su marido estaba ejecutando. Según el auto, era quien se encargaba de las funciones de administración de la clínica y “en ocasiones daba masajes a los pacientes arrogándose las funciones de fsioterapeuta”, si bien careciendo de ha habilitación legal necesaria para ello.

A la vista de que el estado de las instalaciones (centro de deportes cedido en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Firgas), la escasez de personal cualifcado y no mejoría de los pacientes, algunos usuarios comenzaron a quejarse, explicita el auto, mandando analizar el componente que el acusado inyectaba a los pacientes.

La autoridad cierra el centro Fue entonces cuando la Agencia Nacional del Medicamento se puso en contacto con la Consejería de Sanidad de Canarias y esta procedió a suspender la actividad del centro mediante resolución de 8 de julio de 2011 confrmada por otra de 18 de agosto de 2011, pues ni el centro ni el investigado estaban autorizados a llevar a cabo tratamientos terapéuticos con la hormona del crecimiento.

“No obstante lo cual, y pese al conocimiento de la suspensión”, afirma el juez, “el investigado continuó con la actividad hasta el 13 de septiembre de 2011, fecha en se practicó la entrada y registro ordenada por este Juzgado procediéndose a la clausura defnitiva del centro.

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Canarias7.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que condenó a entre 5 y 8 años y medio de cárcel a 6 de los 10 guardias civiles acusados de cohecho y falsedad en el aeropuerto de Gran Canaria.

Los condenados, a los que se les juzgó en julio de 2017, exigieron sobornos en 2008 a pasajeros llegados con grandes sumas de dinero al aeropuerto de Gran Canaria, según quedó probado en el juicio, lo que conllevó la expulsión del cuerpo para todos ellos.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas se impuso tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, que consideró culpables de estos delitos a los diez guardias civiles que estaban destinados en la aduana del aeropuerto, así como a dos pasajeros, a los que se les condenó a un año de prisión y al pago de una multa de 25 euros, respectivamente, por un delito de cohecho.

Los guardias civiles, además, perdieron "todos los honores" concedidos y no podrán obtener un empleo similar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el tiempo que duren sus condenas, según el fallo de la Audiencia que ahora ratifica el Tribunal Supremo.

El jurado consideró probado que el sargento al mando de la unidad de Aduanas, Salvador E.M., y nueve de sus agentes se pusieron de acuerdo para repartirse los sobornos recaudados a pasajeros llegados a Gran Canaria en vuelos procedentes de Marruecos, Sahara, Mauritania y otros países africanos con cuantías de hasta 1.500 euros.

La sentencia de la Audiencia absolvió al agente José Luis S.C., acusado de una falta de hurto, después de que el Ministerio Fiscal retirara su acusación en el juicio.

Los hechos fueron destapados por la propia unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Las Palmas, que consiguió que un juez autorizase la colocación de un cámara espía en la aduana del aeropuerto para comprobar lo que allí estaba pasando después de que un pasajero procedente de El Aaiún denunciase que le habían sacado en la aduana una "mordida" de 1.500 euros.

La sentencia de la Audiencia impuso a José Juan P.M. y José Santiago A.S. ocho años y seis meses de cárcel por los delitos continuados de cohecho y falsedad y abonar multas de 5.440 y 5.240 euros, respectivamente.

Otros cuatro agentes, José Antonio B.C., Miguel M.O., José Manuel S.P. y Eladio L.C. fueron condenados a cinco años de cárcel por delitos de cohecho y falsedad y a multas que oscilan entre los 2.250 y los 1.835 euros.

A los otros cuatro guardias civiles condenados por delitos de cohecho, Salvador E.M., Alfonso R.P., Luis Manuel Q.M. y José Manuel R.G. se les impusieron multas de entre 1.500 y 140 euros.

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