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Jueves, 09 Enero 2020 16:40

Ministros confirmados.

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El Gobierno ha confirmado este jueves los nombramientos de los ministros de Unidas Podemos, que coinciden con los nombres que, de manera extraoficial, se habían difundido en los últimos días.

Así, el líder morado, Pablo Iglesias, será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030; Irene Montero, ministra de Igualdad; Alberto Garzón, ministro de Consumo; Yolanda Díaz, Trabajo; Alberto Garzón, Consumo y Manuel Castells, Universidades, han confirmado fuentes de Moncloa.

Se trata de la primera confirmación oficial de la estructura del nuevo Ejecutivo, cuya composición total el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a anunciar la semana próxima, para que ese mismo viernes o incluso antes pueda tener lugar el primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete.

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El último informe de la Audiencia de Cuentas confirma que el Ejecutivo liderado por Coalición Canaria maquilló las cuentas de 2017 para poder presumir de superávit, situando el porcentaje de ingresos incobrables en el 2,1% frente al 51% del año 2018.

De los 339,02 millones de euros que la Hacienda canaria contabilizaba al cierre de 2018 como derechos pendientes de cobro, algo más de la mitad, un total de 173,08 millones, es de difícil o imposible ingreso en las arcas públicas por prescripción de la deuda o por insolvencia de los contribuyentes, según reconoció por primera vez el Gobierno regional en el balance del último ejercicio contable fiscalizado por la Audiencia de Cuentas.

Se trata de una de las principales novedades que contiene el informe de 2018 elaborado por el órgano de control de la actividad económica de la administración autonómica y de las corporaciones locales, puesto que fija un cambio de tendencia y confirma que las cuentas de los años precedentes no reflejaban una imagen fiel y real de la situación financiera de la comunidad autónoma, como ha venido advirtiendo con insistencia el ente auditor.

Entre 2014 y 2017, el Ejecutivo situó la provisión de insolvencia o el volumen de deuda de dudoso cobro en una horquilla que oscilaba entre los 8 y los 13 millones, una cantidad que para la Audiencia de Cuentas no solo era «anormalmente baja», sino que además incumplía una resolución, dictada en enero de 2002 por la Intervención General, que fija el cálculo en función del porcentaje de fallidos o deudas incobradas en una serie temporal histórica.

El anterior informe del órgano auditor, correspondiente al ejercicio 2017, había sido especialmente duro con este aspecto. Sus conclusiones desvelaban que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) había falseado las cuentas a través de este ardid contable y, con ello, había logrado obtener un superávit de 295 millones que le permitía presumir de salud económica. En aquella ocasión, Hacienda, entonces en manos de la consejera Rosa Dávila, había previsto un porcentaje de insolvencia de apenas el 2,1%, lo que se traducía en 13,2 millones de euros cuando, según las estipulaciones de la mencionada instrucción de la Intervención General y los cálculos de la Audiencia de Cuentas, esa cifra debió situarse en torno a los 354 millones. La diferencia era sustancial, ya que superaba el remanente de tesorería, el verdadero indicador de liquidez de la comunidad autónoma, y convertía el superávit en déficit, aunque sin que ello implicase un incumplimiento de la regla de gasto.

RECOMENDACIONES ATENDIDAS. El órgano auditor celebra que el Gobierno canario haya atendido por fin sus reiteradas recomendaciones en relación con los derechos pendientes de cobro, que haya aplicado el criterio contenido en la instrucción de la Intervención General en relación con las deudas contraídas por los contribuyentes desde 2012 y que haya reconocido que la práctica totalidad de las acumuladas desde 1988 hasta ese año, que suman 170 millones de euros, no serán cobradas. El resultado es una provisión de 173,1 millones, o lo que es lo mismo, un incremento de 160 millones con respecto a la dotación del ejercicio 2017.

La Audiencia de Cuentas señala que las comunidades autónomas establecen diferentes criterios para el cálculo de los derechos pendientes de dudoso o imposible cobro. Algunas realizan sus estimaciones de acuerdo a la normativa reguladora de las haciendas locales y, otras, en función de la antigüedad de la deuda, con determinados porcentajes anuales que van desde el 10% para aquellas contraídas el último año hasta el 100% para las que acumulen más de un lustro. En el caso de las cuentas canarias de 2018 se le aplica un porcentaje de insolvencia o prescripción del 98% a las registradas desde 1988 a 2011 para ir posteriormente reduciendo esa cifra de manera paulatina, desde el 5,3% de los saldos deudores de 2012, 2013 y 1014 hasta el 0,7% del último ejercicio fiscalizado.

El órgano auditor insiste en la necesidad de continuar en esta senda de depuración de saldos para que las cuentas plasmen de la forma más exacta posible la situación económica y financiera de la comunidad autónoma. El informe recuerda que el volumen de pendientes de cobro es muy elevado, resultado del acumulado de años por «la baja recaudación».

Además, sigue existiendo un desfase entre los sistemas de información que soportan la gestión tributaria y la contable de la Hacienda canaria, por lo que la Audiencia de Cuentas insta a la administración autonómica a culminar el proceso de «integración plena» entre los diferentes sistemas y, más en concreto, del módulo sobre los derechos económicos tributarios, el M@gin, un programa desarrollado por la empresa Indra al que se le atribuye el agujero económico ocasionado en las arcas públicas entre diciembre de 2016 y enero de 2018, periodo en el que no se pudo trabar ni un solo embargo de la lista de deudores.

BAJO NIVEL INVERSOR. El cálculo de los derechos pendientes de cobro incide en dos aspectos fundamentales para medir la salud económica de una comunidad autónoma: el remanente de tesorería (su solvencia, su liquidez) y el superávit. Según los datos contenidos en el último informe de la Audiencia de Cuentas, el remanente de tesorería de 2018 ascendió a 200,1 millones de euros, lo que supone 95 millones menos que en el año precedente.

El superávit registrado en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado fue de 921 millones de euros, el 2,01% del PIB regional, si bien es cierto que 500 millones corresponden al impacto de la ejecución de sentencias del Tribunal Supremo con relación al convenio de Carreteras con el Estado para el periodo 2006-2017. El informe también desvela que el superávit de ejecución presupuestaria, esto es, los fondos que el Gobierno de Canarias no ejecutó pese a disponer de ellos, asciende a 403,8 millones.

A ello se le suma el bajo porcentaje dedicado a las inversiones financieramente sostenibles. El Gobierno de CC gastó 13 millones de euros en la compra de equipamiento sanitario y en un programa informático, apenas un 4% del dinero que podía destinar para estos menesteres, los 295 millones de superávit de 2017. En abril de 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), permitió a las comunidades más cumplidoras gastar el superávit en inversiones rentables a largo plazo, precisamente una de las históricas demandas de CC. Hasta ese momento, solo se permitía amortizar deuda. Esta medida daba la opción a los Gobiernos regionales de comprar recursos sanitarios para hospitales o centros de salud, mejorar los centros educativos o adquirir inmuebles que conllevaran una reducción a largo plazo en el precio de los alquileres de las sedes, entre otras posibilidades.

A pesar de ello, el Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo desaprovechó 282 millones de euros, lo que le valió fuertes críticas de su sucesor en el cargo, el socialista Ángel Víctor Torres, que, siendo candidato, lamentó «la pésima gestión» de CC, con «dinero sin gastar, partidas económicas que se quedan en el limbo o en las entidades financieras y que no llegan a los maltrechos bolsillos de los canarios y canarias».

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Martes, 07 Enero 2020 16:36

Sánchez logra la investidura

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Pedro Sánchez ha sido investido presidente del Gobierno con 167 votos a favor, además de los 120 del PSOE, los de Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel Existe y BNG, 165 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat, UPN, CUP, PRC, Foro y CC) y 18 abstenciones (ERC y EH Bildu).

No ha habido ausencias ni sorpresas de última hora y el líder del PSOE ha recabado el apoyo de 167 diputados: 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos y sus confluencias, seis del PNV, tres de Más País-Equo-Compromís y los otros tres que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Por contra, el bloque del 'no' se ha quedado en 165 escaños: los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los ocho de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, los otros dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN), uno de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro (PRC) y uno más Coalición Canaria, cuya diputada Ana Oramas se ha mantenido en el rechazo pese a que su formación había acordado abstenerse.

En la votación, pública y por llamamiento, con los diputados puestos en pie para anunciar su voto de viva voz, ha habido también 18 abstenciones de los 13 diputados de Esquerra Republicana (ERC) y los cinco de EH Bildu.

Se trata del margen más estrecho del sistema democrático surgido de la transición. Hasta ahora, los resultados más ajustados los tuvieron los anteriores presidentes socialistas: José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, con 169 apoyos frente a 158 en contra (once votos), y Felipe González 1989, con 167 votos frente a 155 (doce).

La de este martes ha sido la segunda votación de este Pleno de investidura, pues el domingo, víspera de Reyes, se celebró la primera, en la que el candidato socialista necesitaba mayoría absoluta (176 diputados), y Sánchez sólo obtuvo 166 votos (faltó una diputada de En Comú por enfermedad) frente a los 165 en contra.

En la segunda vuelta que prevé la Constitución, que debe tener lugar a las 48 horas, ya sólo hace falta tener más votos a favor que en contra y da igual la diferencia.

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Martes, 31 Diciembre 2019 16:45

Investidura de Pedro Sánchez

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La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha fijado el debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, para los días 4, 5 y 7 de enero. Éste será el tercer debate de investidura al que se somete Sánchez que ya intentó, sin éxito, ser presidente en marzo de 2016 y el pasado mes de julio.

Tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, el PSOE trabajó desde el inicio para que su secretario general fuera investido presidente antes de Navidad, después habló de finales de año y la última fecha que barajó fue antes del Día de Reyes.

Pero los tiempos de Esquerra Republicana (ERC), cuya abstención es clave para que Sánchez acabe saliendo elegido presidente, y el revés de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del líder de los republicanos, Oriol Junqueras, como eurodiputado, han ido aplazando el debate de investidura.

Finalmente, la presidenta de la Cámara Baja, que es quien tiene la facultad de convocar los Plenos de investidura previa consulta con el candidato, ha decidido que la sesión tenga lugar los días 4 y 5 de enero y 7, en caso de que, como se prevé, no consiga en la 'primera vuelta' la mayoría absoluta necesaria, fijada en 176 votos.

Según informaron fuentes de la Presidencia, Batet ya ha comunicado a los representantes de los distintos grupos parlamentarios su previsión para la celebración del debate de investidura, cuya convocatoria formal, en el que se incluirá ya la hora de inicio, se llevará acabo este jueves, día 2, .

El sábado, duelo con Casado y Abascal
De acuerdo con los planes de lo que viene siendo habitual en los Plenos de investidura, el debate arrancará el sábado 4 con la lectura de la propuesta de candidato entregada por el Rey a la presidenta del Congreso. A partir de ahí será el turno del candidato, que subirá a la tribuna para exponer a la Cámara su programa de gobierno, sin límite de tiempo.

Posteriormente, será el turno de los portavoces de los diferentes grupos, que intervendrán de mayor a menor, por lo que Sánchez tendrá ocasión de debatir, en primer lugar, con Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Gabriel Rufián (ERC).

Hará lo propio, posteriormente o ya el domingo, con Inés Arrimadas (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y con los distintos representantes del Grupo Plural --integrado por Junts, MásPaís-Equo, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Compromís, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Teruel Existe-- ydel Grupo Mixto, compuesto por Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y la CUP.

El debate terminará el domingo 5 de enero, víspera de Reyes, cuando Sánchez haya contestado a todos los grupos y se realice la votación individual y por llamamiento, con los diputados poniéndose de pie uno tras otro para gritar si apoyan o no su designación.

Hasta el momento el aspirante socialista tiene garantizado el apoyo de todos los diputados de Unidas Podemos, de los seis parlamentarios del PNV, los dos de Más País-Equo y del único representante del PRC: 164 escaños que no son suficientes para salir elegido en la primera votación del domingo, puesto que se queda a 12 escaños de la mayoría absoluta.

Así las cosas, Sánchez tendrá que esperar 48 horas, es decir, hasta el martes, 7 de enero, en caso de que no logre la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.

La abstención de ERC es clave
En esa sesión, Sánchez tendrá ya más posibilidades de que su candidatura triunfe ya que en la segunda vuelta ya sólo necesita más votos a favor que en contra. En ese caso, la abstención de los diputados de ERC (13 escaños) y de Bildu (cinco) le asegurarían ganar al bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox), que reúnen 150 votos, a los que previsiblemente habría sumar los ocho diputados de Junts, los dos de la CUP, los otros tres de UPN y de Foro Asturias.

Está por ver aún que harán los diputados de Compromís, el BNG, Teruel Existe, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que en su día hablaron de facilitar la investidura de Sánchez. Los partidos canarios son los únicos con los que el PSOE no se reunió en la última ronda de contactos.

En esa segunda sesión, la del día 7, el candidato tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno.

Al término del debate empezará la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya le basta con mayoría simple (más síes que noes) y en la que todo apunta que Sánchez acabará siendo elegido gracias a la abstención de ERC.

Tercera investidura para Sánchez 54 días después del 10N
Éste será el tercer debate de investidura al que se somete Pedro Sánchez, que ya intentó, sin éxito, ser presidente del Gobierno en marzo de 2016, tras haber alcanzado un pacto con Ciudadanos y después de que el entonces presidente del Gobierno y candidato del PP, Mariano Rajoy, renunciara a la investidura, y el pasado mes de julio, cuando no fructificó su acuerdo con Unidas Podemos, lo que desembocó en una repetición electoral.

El debate de investidura del aspirante socialista se celebrará 54 días después de los últimos comicios generales, rebajando así el periodo en relación con las anteriores citas con las urnas. Así, desde las elecciones del 28 de abril hasta la fallida investidura de Sánchez de julio pasaron 85 días; 71 fueron los que mediaron entre los comicios de diciembre de 2015 y la también investidura fallida del líder socialista de marzo de 2016; y 64 los que hubo entre las elecciones de junio de 2016 y la investidura de Mariano Rajoy de finales de agosto de ese año, que tampoco prosperó.

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En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención.

La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona que abran diligencias de investigación --de carácter pre-procesal-- respecto de una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre.

En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que indica que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.

El oficio de 5 páginas firmado hoy mismo por Maza se refiere concretamente a la relación de municipios que apareció publicada en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del “referéndum ilegal”. En este punto cita la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, “querellados por estos hechos en otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.

Declararán como investigados
Maza ordena a los fiscales territoriales incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los ayuntamientos que aparecen en dicho listado y que se cite al alcalde por medio de la Policía Judicial “para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado”.

En el caso de que el alcalde citado no comparezca, la orden señala que los fiscales deberán “acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d’Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”.

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de “los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación” hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de “al menos” los delitos de desobediencia y prevaricación “en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”, ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.

Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años “en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.

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Miércoles, 13 Septiembre 2017 17:31

Baltar: "Entre plantar y cosechar, regar y esperar"

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El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, aseguró hoy que la situación de las listas de espera en Canarias está mejorando, aunque recordó a los grupos del Parlamento regional que «entre plantar y cosechar, existe regar y esperar».

Frente a las críticas del diputado del PP Zacarías Gómez, quien le reprochó que con más medios los resultados sean peores que hace un año, el consejero insistió en que los datos objetivos avalan las actuaciones que se están realizando para reducir las listas de espera, que es el objetivo estratégico de su gestión.

Para mejorar la situación, Baltar señaló que se está trabajando, desde el puto de vista de las entradas en el sistema, en la definición y aplicación de protocolos para la inclusión de pacientes en las listas de espera.

En cuanto a las actuaciones para reducir las listas desde el punto de vista de la respuesta del sistema, el consejero se refirió a la ampliación de jornada fuera de la habitual, la potenciación de la cirugía mayor ambulatoria y resolver los casos mas dolosos por su espera, así como medidas específicas para las listas de espera de consultas.

Los datos de los dos primeros trimestres del año muestran mejoras desde finales de 2016, y no se pueden comparar con los de hace un año porque hubo un grave problema informático que se resolvió en diciembre, explicó.

Baltar se mostró convencido de que los datos del tercer trimestre serán aún mejores que los obtenidos en el segundo.

Sin embargo, Zacarías Gómez Hernández, diputado del PP, le recordó que la sanidad canaria es la peor valorada del país por los propios usuarios, que hay más de 130.000 canarios en lista de espera y que los datos son desalentadores, a la vista de que la demora media en los hospitales es de 174 días, peor que los 162 días de junio de 2016.

Han mejorado ligeramente los datos de las listas de espera quirúrgica de menos de seis meses, pero las cifras de más de seis meses son "un disparate" con respecto a hace un año, agregó.

"Le hemos confiado más fondos y empeoran los resultados. El problema ya no es de recursos sino de quien los gestiona", dijo Gómez, y advirtió a Baltar de que "o toma medidas o esto se le va de madre" porque el consejero "está dilapidando su credibilidad".

En esa línea, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, subrayó que la sanidad canaria dispone de 200 millones de euros más en 2017 y "eso se tiene que notar", lo tienen que percibir los ciudadanos.

También Marcos Francisco Hernández, del PSOE, recordó al consejero que tiene más fondos que su antecesor y la percepción sobre el estado de la sanidad no mejora.

El consejero detalló en su comparecencia que la espera quirúrgica ha bajado un 5,56 por ciento en seis meses, la espera para una primera consulta ha descendido en 312 pacientes y la espera para pruebas diagnósticas ha descendido un 25,33 por ciento interanual.

La actividad quirúrgica aumentó en julio de 2017 un 10,6 por ciento interanual hasta las 8.066 intervenciones.

En cuanto a la demora media, se pasó de 181,58 días a 174,02 en los seis primeros meses del año y el número de pacientes con esperas superiores a 6 meses se redujo en 2.324 personas.

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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) ha acusado este lunes al consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, de hacer «dejación» en sus funciones con la gestión de las microalgas que han afectado este verano a las costas de las islas.

El colectivo ha tildado de "bochornosa" la actuación del consejero, que "no ha parado de desgañitarse" este verano en defender que las también llamadas cianobacterias no son nocivas para la salud y, por tanto, no suponen un problema de salud pública, al tiempo que no guardan relación con vertidos al mar.

En esa línea, la ADSPC sostiene que la Organización Mundial de Salud (OMS) apunta que "bajo determinadas condiciones ambientales pueden formar floraciones algales, algunas veces con formación de una variedad de toxinas que afectan a los animales y humanos".

Así, expone también que "los factores ambientales que proporcionan desarrollo de floraciones algales incluyen aporte desmedido de nutrientes de las descargas cloacales y fertilizantes, como fósforo y nitrógeno, que ocasionan eutrofización de los cuerpos de agua".

Ve «imprescindible» la movilización ciudadana
La asociación reclama el desarrollo de la Ley General de Salud Pública e insiste en que se precisa acabar con la falta de control sobre la presencia de residuos tóxicos, que hace posible que tanto los acuíferos como las aguas marinas se conviertan en una "fuente notable" para su propagación.

"Se precisa en suma que la Salud Pública sea una auténtica prioridad y no una figura decorativa a la que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no llega a dedicar ni siquiera un 1% de su presupuesto", indica.

Asimismo, ve "imprescindible" la movilización ciudadana y por ello anima a la población a acudir a la manifestación que saldrá el próximo sábado a partir de las 11.00 horas desde la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

"Basta de cortinas de humo para tapar la incompetencia y la falta de voluntad de las instituciones públicas, tanto de ayuntamientos, cabildos como consejerías del propio Gobierno de Canarias, para solucionar los problemas que afectan a la Salud de nuestra población", apunta.

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El Gobierno de Canarias centralizará la contratación del servicio de comedores escolares y sacará su licitación por islas y comarcas, tal y como ha recomendado la Audiencia de Cuentas con el objeto de cumplir con el principio de economía y mejorar la transparencia en la adjudicación del servicio.

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno canario, Soledad Monzón, ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Plan de Comedores Escolares 2017-2020 prevé que se licite y adjudique un acuerdo marco de comedores escolares.

Ha detallado que mediante esta figura se pretende arbitrar la celebración y adjudicación de contratos públicos por parte de los centros docentes en las condiciones fijadas en dicho acuerdo, en lo que respecta a la determinación de los precios unitarios, características del servicio, características y cualidades de los menús.

Una vez licitado el acuerdo marco por parte de la Consejería y, por tanto, preseleccionadas las empresas, los centros docentes deberán convocar, en su caso, una nueva licitación de entre las empresas seleccionadas, con el fin de adjudicar el contrato específico.

El objetivo de esta acción, ha precisado, no es otro que facilitar la gestión de los procedimientos de contratación por parte de los centros docentes, y, a la vez, aumentar la seguridad jurídica de la contratación.

Según ha informado la consejera, en Canarias hay 152 comedores escolares de gestión directa, 132 de gestión mixta y 198 de contratación externa.

El Plan de Comedores Escolares 2017-2020 también incluye la elaboración de un análisis para sabe la disponibilidad que hay en los 330 colegios que no tienen cocina para construirla y sí la comida se pueda elaborar en los propios centros.

No ha precisado en cuántos colegios se podrá instalar cocinas, si bien si bien ha señalado que la intención del Gobierno es estudiar en todos los casos esta posibilidad que dependerá del espacio disponible.

Educación centralizará la contratación del servicio de comedores escolares
Asimismo, este plan, con el fin de facilitar el acceso al alumnado con menores rentas, revisará, de acuerdo a las proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento autonómico, los diferentes tramos de renta que dan derecho a ayudas de mayor o menor cuantía, así como el importe establecido para cada uno de ellos.

La calidad y la seguridad alimentaria son otro de los factores sobre los que incide el Plan y que se ha abordado por el Parlamento de Canarias en forma de Proposición no de Ley.

Además de continuar extendiendo el programa de Ecocomedores escolares y participar en las estrategias de otras organizaciones, en especial del ámbito de la Salud Pública, en las licitaciones e instrucciones de contratación se establecerán las condiciones nutricionales de los menús escolares en función de estándares alimenticios, patologías alimentarias y confesiones religiosas.

También se revisarán los protocolos de actuación y se implementarán las medidas necesarias para mejorar aún más el elevado índice de seguridad alimentaria de los comedores escolares, tanto en la gestión directa como indirecta.

En este contexto, el Gobierno también pondrá a disposición de los empleados de los servicios de comedor nuevas oportunidades para mejorar su formación.

La Consejería de Educación y Universidades configurará un Plan de Formación para los trabajadores y trabajadoras, que tendrá en cuenta las características de las diferentes categorías profesionales y los puestos de trabajo desempeñados por el personal adscrito a los Comedores Escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una formación que también se exigirá al personal de los comedores de gestión indirecta, ha indicado Monzón, quien ha comentado que la intención de la Consejería de Educación es que este Plan además de velar por una buena alimentación, potencie otros valores educativos y potencie la participación de las familias, como en el resto de las actividades escolares.

Por último, y junto al rol educativo que cumple la familia, el Plan aprovecha el proceso socializador que persigue la escuela, acometiendo en su seno programas de formación y sensibilización de hábitos de higiene y de alimentación saludable.

Programas que no sólo deben ser diseñados e implementados en las aulas, sino también en los comedores escolares, ha señalado la consejera, al tiempo que ha agregado que dichos programas se elaborarán en coordinación con las áreas de gobierno regional con competencia en materia de educación y de sanidad.

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El alto tribunal anula la sentencia del TSJC que consideró que la Fiscalía no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nula la investigación preliminar que realizó la Fiscalía a la juez María Victoria Rosell en noviembre y diciembre de 2015 porque invadió aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados que está reservado al Consejo General del Poder Judicial, y vulneró además el derecho de defensa de la magistrada. El alto tribunal anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que consideró que la Fiscalía no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.

Para la Sala, sí puede llevarse a cabo ese tipo de investigación siempre que sea muy preliminar y temporalmente se limite a lo estrictamente necesario para determinar si procede o no instar al Consejo General del Poder Judicial la incoación de un expediente disciplinario.

Por ello, considera que el decreto de inicio de las diligencias preprocesales que la Fiscalía de las Palmas abrió a la magistrada Victoria Rosell tras recibir una denuncia anónima fue proporcionado. Sin embargo, anula la investigación porque no se quedó en aspectos preliminares, sino que se excedió e invadió las competencias en materia disciplinaria del CGPJ.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, indica que “las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal no son parte del procedimiento sancionador. Por la propia naturaleza de sus funciones, al Ministerio Fiscal le corresponde el ejercicio de acciones procesales de diversa naturaleza, entre las que se encuentra la de instar la iniciación del procedimiento disciplinario respecto a Jueces y Magistrados. El Ministerio Fiscal insta de los órganos competentes el ejercicio de la potestad disciplinaria, pero en absoluto pueda afirmarse que la ejerza. Las actuaciones que realice el Ministerio Fiscal para verificar si es procedente el ejercicio de la acción, sólo pueden tener como efecto jurídico externo el eventual ejercicio de la acción legal correspondiente, instando la iniciación del procedimiento disciplinario”.

Agrega el TS que ese efecto “en ningún caso puede conectarse con el procedimiento disciplinario como una fase del mismo, como proclama la sentencia recurrida. Cuestión distinta es si en el ejercicio de esta facultad pueden haberse producido extralimitaciones que hayan afectado materialmente derechos fundamentales”, como ocurre en este caso. Las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal, para el alto tribunal, deben respetar los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa y en ningún caso su contenido debe ser de tal naturaleza que pueda condicionar el eficaz ejercicio del derecho de defensa en el ulterior del procedimiento disciplinario.

Por ello, no podrán tener por objeto acopiar material probatorio, y mucho menos preconstituir prueba que sea característica y elemento sustancial de la fase de prueba del ulterior procedimiento disciplinario. Debe tratarse, en todo caso, “de una investigación marcadamente preliminar, que debe concordar en forma proporcionada con las competencias exclusivas en materia disciplinaria”, destaca la sentencia.

El Fiscal jefe de las Palmas abrió las diligencias procesales a la magistrada el mismo día que en la Fiscalía se recibió una denuncia anónima sobre la existencia de un contrato firmado entre una entidad vinculada a la Unión Deportiva Las Palmas y otra empresa, en cuyo nombre actuaba la pareja sentimental de la magistrada. El objeto de esta investigación era valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria por parte de la magistrada al no haberse abstenido en una causa penal abierta en su juzgado por una querella de la Fiscalía contra el presidente de dicho club de fútbol.

El Tribunal Supremo también discrepa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en que no hubo vulneración del derecho al sufragio de Victoria Rosell, que en aquella fecha era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, derivada de la actuación de la Fiscalía al emitir una nota informativa sobre las diligencias. La sentencia destaca que dicha vulneración no existe, entre otras razones, porque la magistrada obtuvo su escaño.

Voto particular discrepante
La sentencia incluye un voto particular discrepante del magistrado Pablo Lucas, al que se adhieren los magistrados José Luis Requero y Pilar Teso, en el que sostiene que la sentencia transforma el artículo 5.3, referido a diligencias preprocesales -claramente penales y, por tanto, no disciplinarias- en fuente habilitadora de facultades de investigación del Ministerio Fiscal en materia disciplinaria sobre los jueces. En su voto, afirma que la Constitución no encomienda ningún cometido instructor al fiscal en materia de régimen disciplinario a jueces y magistrados, y, de acuerdo con ella, si el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de hechos de posible trascendencia disciplinaria imputables a un juez o magistrado, como ocurrió en este caso, la única actuación que le cabe es ponerlos en conocimiento del CGPJ.

Los magistrados discrepantes explican que su discrepancia con la mayoría se debe a que a la condición de mero denunciante del fiscal o, ya dentro del propio procedimiento disciplinario, de defensor de la legalidad, la sentencia añade la de investigador, aunque sea preliminar, de conductas de jueces y magistrados susceptibles de ser corregidas disciplinariamente, apoderándole para llevar a cabo diligencias que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial reserva, de manera coherente con la Constitución, al CGPJ.

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Martes, 11 Julio 2017 18:15

CC y PP retoman negociaciones

Canarias 7.

Asier Antona, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que hay voluntad por parte de Clavijo, quien no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, de "analizar, sacar números e intentar conciliar" una reforma fiscal integral aceptada por las dos partes en la que se hablará del IGIC, IRPF y otras figuras impositivas.

En este sentido, ha precisado que "el PP va a defender siempre el alivio fiscal", es decir, bajar la presión fiscal y los impuestos, porque considera que es bueno devolver el esfuerzo que los ciudadanos han hecho durante la crisis económica.

El presidente del PP ha anunciado que en los próximos días los equipos negociadores de ambos partidos se volverán a sentar con el fin de llegar a un pacto de gobierno antes del 19 de julio, que es "la fecha de caducidad" que ha puesto el PP.

En caso de que no se llegue a un pacto antes de ese día, que se celebrará el último pleno antes de las vacaciones, el PP se quedará en la oposición "con todas las consecuencias" sin dar apoyo externo al Gobierno.

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