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CANARIAS 7
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha anunciado que su Gobierno está recopilando toda la información sobre lo ocurrido este domingo en un vuelo de Iberia Express de Madrid a Gran Canaria "para que se depuren las responsabilidades pertinentes" si hubiere lugar a ello.
En una edición por videoconferencia de los encuentros de Nueva Economía Forum, Torres ha señalado que entiende las quejas de los pasajeros del avión y ha exigido que se guarde la distancia de seguridad dentro de la cabina.

Los viajeros del trayecto mencionado publicaron en las redes sociales fotos e vídeos en las que se ve que el vuelo iba prácticamente lleno, sin dejar asientos vacíos entre los viajeros.

En esas imágenes, se ve cómo varios clientes piden explicaciones a la tripulación y se escucha cómo se les contesta que Iberia Express considera que está cumpliendo toda la normativa de seguridad aplicable y cómo se ofrece desembarcar a quien no esté conforme.

El Gobierno de Canarias ya anunció anoche que iba a pedir la intervención del Ministerio de Transportes para que se garantice la separación de seguridad entre los pasajeros de los aviones.

Este lunes, el presidente canario ha recordado que en los trayectos entre islas existe normativa que regula con claridad el aforo máximo de los vuelos, aunque, en este caso, ha precisado, "la compañía", Iberia Express, "se acoge al Real Decreto (de declaración del estado de alarma), que es más vago".

"No puede ser que vayan filas completas si (los que están sentados en ellas) no son unidad familiar", ha señalado.

Torres ha enfatizado que será necesario buscar fórmulas para que los vuelos sean rentables guardando las medidas de seguridad, pero también ha lanzado esta advertencia: "La solución no es llenar los aviones".

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El Gobierno de Canarias prevé que todas las islas estén este lunes ya en la fase 1 de la desescalada, lo que supondrá más libertad de movimiento, menos restricciones y más actividad económica, viendo necesario asimismo que la población mantenga las medidas de distanciamiento e higiene contra el coronavirus.
Así lo ha asegurado el portavoz y consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Julio Pérez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves donde añadió que el Ministerio de Sanidad, con quien está en contacto, lo podría oficializar entre estos viernes y sábado.

Pérez resaltó que Canarias cumple todos los requisitos para pasar de fase. "Preparémonos el fin de semana para tener más actividad el lunes porque hay comercios que podrán abrir y actividades que se podrán hacer", observó.

Cuestionado por las cinco islas que aún no están en la fase 1 y si podrían estarlo antes que el resto de comunidad autónomas, el consejero recordó que El Hierro, La Gomera y La Graciosa ya se han adelantado aunque ha hecho especial hincapié en que no se trata de ser el primero, sino el más seguro.

No obstante, vio difícil que se pueda cambiar se fase antes del lunes porque el Ministerio de Sanidad ha dado un plazo de 48 horas para documentar la solicitud del Gobierno regional.

Fase 1
Pérez explicó que la fase 1 implica que se amplían las actividades posibles; que abren los establecimientos se superficie inferior a 400 metros cuadrados, así como las terrazas; que habrá posibilidad de encuentros familiares con ciertos requisitos; que y abren los hoteles al 50% de su capacidad, entre otras medidas.

"De modo que alguien que tenga que ir de Tenerife a Gran Canaria para trabajar y quedarse una noche se puede alojar en un hotel", dijo para recordar que en el caso de los viajes entre islas no podrán ser viajes por placer, sino justificados.

«El virus no está en la calle»
Además, aseguró que, tal y como dijo el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera, el virus no está ya en la calle pero insistió en que a partir de ahora el comportamiento social debe mantenerse para evitar algún rebrote.

"El virus no ha estado en la calle, ha estado contenido en hospitales y domicilios", aseveró el consejero de Sanidad de Canarias, quien reiteró en hacer un llamamiento a la prudencia.

De igual modo, señaló que lo importante ahora será la capacidad de Canarias para encontrar personas contagiadas y que no presenten síntomas.

La tasa de sanitarios contagiados no es más alta que en otros sitios
Al ser preguntado por el número de sanitarios que se han contagiado en las islas, Pérez apuntó que en el caso de Canarias es una cifra alta pero no más que en otros lugares del país. "Hemos hecho más pruebas a los sanitarios que al resto de la población", expuso.

Por su parte, el número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus COVID-19 es de 586 --de un total de 2.235 positivos en las islas hasta este jueves--. El Servicio Canario de la Salud cuenta con 31.000 trabajadores, lo que supone el 1,89 por ciento del total.

Régimen de vacaciones en el SCS
Por otro lado, comentó que el Consejo de Gobierno de Canarias ha tratado también cómo va a ser el régimen de vacaciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Al respecto, señaló que habrá que acomodar el derecho de los sanitarios y sus familias a descansar con la necesidad de mantener en plena capacidad al SCS. "Necesitamos organizar las vacaciones de una manera especial, incluyendo algún incentivo que signifique un reconocimiento al esfuerzo que han hecho", observó Pérez.

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CANARIAS 7
El Gobierno se ha garantizado, gracias a Ciudadanos y el PNV, los apoyos necesarios para prorrogar el estado de alarma, aunque ha recibido críticas de toda la oposición, que le ha pedido alternativas en un debate en el que se ha puesto de manifiesto una distancia cada vez mayor entre el Ejecutivo y el PP.
A la espera de que se produzca la votación esta tarde para una cuarta prórroga del estado de alarma, todo apunta a que saldrá adelante con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe, PRC, Más País y Compromís. En contra votarán Vox, ERC, JxCat, la CUP y Foro Asturias, mientras que PP, EH Bildu y BNG se abstendrán.

De ser así, se mantendrán hasta el próximo 24 de mayo las restricciones a la movilidad y a la actividad económica, aunque a partir de ahora el Gobierno se ha comprometido a dar un mayor protagonismo a las autonomías y también tendrá que rendir cuentas ante las fuerzas políticas que le apoyarán este miércoles.

La desescalada será en "cogobernanza" con las comunidades autónomas y se tomarán medidas consensuadas, ha dicho Sánchez en un hemiciclo en el que ha escuchado críticas a su gestión de todas las fuerzas de la oposición, incluso de las que apoyarán la prórroga, y advertencias para que prepare un "plan B" de gestión de esta crisis que ya ha provocado cerca de 26.000 víctimas mortales.

Por todas ellas, se decretará luto oficial una vez el país entre en la "fase 1" de la desescalada y se celebrará un acto de homenaje que ya se está preparando, ha anunciado Sánchez.

El presidente ha pedido "unas semanas más", sin especificara cuántas, para mantener la alarma, argumentando que sería imperdonable revocar las limitaciones de circulación y comprometer las ayudas en favor de autónomos, pymes y familias.

Desde Ciudadanos, partido que este martes daba la sorpresa al anunciar su apoyo a Sánchez, su presidenta Inés Arrimadas ha explicado que votará sí a la prórroga, porque piensa que es bueno para los españoles.

Pero además ha recordado que ha puesto tres condiciones para su apoyo: la desvinculación de los ERTE y ayudas económicas y sociales del estado de alarma; planificar una salida ordenada; y que el Gobierno hable con la oposición cada semana y consensúe las medidas que se adopten.

También el PNV ha condicionado su apoyo, en su caso, a la "cogestión" de la desescalada con las autonomías.

Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido a Sánchez que vaya "preparando" en los 15 días de prórroga que va a obtener cómo aplicar el desconfinamiento desde una óptica de "buen entendimiento" con las autonomías. "Ninguno estamos locos ni vamos a actuar imprudentemente" ante esa "cogobernanza", según Esteban, quien ha apuntado la posibilidad de que no todas las fases del desconfinamiento precisen del estado de alarma y ha recordado que la ley permite su aplicación parcial.

El líder del PP, Pablo Casado, ha replicado al jefe del Ejecutivo que esta situación no puede mantenerse de forma indefinida y le ha reprochado que lo que realmente quiere son poderes políticos "absolutos". De ahí que el PP vaya finalmente a abstenerse, según Casado, quien ya ha avanzado que si Sánchez pide más ampliaciones, votará en contra y se ha mostrado convencido de que "muchos partidos" harán lo mismo.

También parece haberse alejado del Gobierno ERC, formación que ha anunciado su voto en contra y ha reprochado al Gobierno que haya elegido a la derecha para negociar en lugar de a los republicanos.

Su portavoz, Gabriel Rufián, ha recordado a Sánchez que sin diálogo con ERC no hay legislatura y ha pedido al Gobierno que "haga caso" a la formación republicana porque, según ha advertido, "nada es gratis en política".

Otro voto en contra, el de Vox, no ha sorprendido a nadie, pero sí la opción que su líder, Santiago Abascal, ha planteado al afirmar que si el PP, como líder de la oposición, delega su responsabilidad, no descarta presentar una moción de censura contra el Gobierno.

"No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan con nombres y apellidos quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este Gobierno ruinoso que está abusando del poder", ha dicho Abascal.

A Vox y a los partidos que no apoyarán la prórroga se ha dirigido el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, para pedirles "un poco de decencia" y "que dejen de instrumentalizar a los muertos y el dolor ajeno" para perseguir sus objetivos, bien sean "la independencia de Cataluña o la caída del Gobierno".

La mayoría de las formaciones regionales minoritarias también han anunciado que votarán a favor de la prórroga, aunque todas han pedido cambios al presidente y diálogo con las autonomías.

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Martes, 05 Mayo 2020 16:42

Illa: El estado de alarma funciona

CANARIAS 7
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido la ampliación del estado de alarma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
“Cuando empezamos la tasa de contagio era del 35% y ahora estamos en el 0,40%. El estado de alarma ha funcionado, no es momento de apostar por experimentos”, ha insistido Illa en la comparecencia junto a la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Illa recalcó además que “el estado de alarma es imprescindible para la etapa de desescalada”. “No hay alternativa posible, hay que limitar la movilidad, que es el principal vector del contagio, hay que limitarla a las unidades territoriales que nosotros hemos puesto como referencia, la provincia o la isla, las comunidades pueden proponer otras”, matizó el ministro de Sanidad.

Illa explicó que España ha registrado 185 muertos en las últimas 24 horas, y se han alcanzado los 25.613 fallecidos, casi 220.000 contagiados diagnosticados mediante PCR y más de 123.000 recuperados desde el inicio de la pandemia.

María Jesús Montero también ha insistido en la necesidad de prorrogar el estado de alarma: “El Gobierno ha desarrollado una batería de medidas para que tuvieran vigencia durante el estado de alarma y si decae el estado de alarma decaen todos esos instrumentos”. “El estado de alarma tiene una repercusión en el sector sanitario, pero también tiene una repercusión en el sector empresarial y en los trabajadores que se están beneficiando de los instrumentos que ha aprobado el Gobierno”, destacó, en referencia a los ERTE cuya tramitación se ha agilizado para frenar la destrucción de empleo en el país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y parte del Ejecutivo se someten esta tarde al control del Senado.

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Jueves, 20 Febrero 2020 16:40

El agujero de CC

Canarias7.

Román Rodríguez recuerda que el año pasado hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída de los ingresos por las «irresponsables» rebajas fiscales del Ejecutivo saliente.

Canarias cerró 2019 con unos ingresos tributarios de 2.619,7 millones de euros, 177,6 millones menos de los previstos por el anterior Gobierno de Canarias en los Presupuestos de aquel año, lo que supone un descenso del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria.

De esos 177 millones de euros de reducción, 91,8 millones se corresponden con los tributos propios y cedidos, mientras que 85,7 millones lo son de ingresos procedentes del denominado Bloque de Financiación Canario.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, explicó que los datos, «desgraciadamente son malos, pero la situación podría haber sido peor si el actual Ejecutivo no hubiera tomado en su momento medidas para equilibrar las cuentas autonómicas».

«En 2019 hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída sustancial de los ingresos por las irresponsables rebajas fiscales del anterior Gobierno», precisó Rodríguez, quien recordó que «ante esa situación tuvimos que reasignar gastos entre los departamentos autonómicos para poder cerrar el ejercicio cumpliendo con las normas fiscales».

Particularmente negativa ha sido la evolución del IGIC, cuya recaudación ha caído 73,9 millones de euros con respecto a la previsión de ingresos de los Presupuestos de 2019, como consecuencia fundamentalmente de la rebaja de medio punto aplicada al tipo general por el anterior Gobierno.

A la luz del cierre del ejercicio, el vicepresidente insistió en el acierto de las medidas adoptadas por el actual Gobierno desde el mes de agosto para equilibrar las cuentas de 2019, heredadas con notables desajustes dada la merma de ingresos y el incremento del gasto comprometido sin cobertura presupuestaria.

«Hoy vemos cómo la reducción de los ingresos tributarios es una realidad incontestable y cómo una vez más el argumento de los gobiernos liberales de que una bajada de impuestos permite un incremento de la recaudación no es cierto», aseguró.

Los datos del IGIC empeoran si la comparación se realiza sobre las cantidades efectivamente recaudadas por ejercicio. En ese caso, la merma de ingresos se sitúa en los 116 millones de euros, puesto que se ha pasado de recaudar 1.702 millones de euros en 2018 a 1.585 millones el pasado año, lo que supone un descenso del 7 por ciento.

Precisamente, para este año ha sido necesario acometer una revisión fiscal, de modo que se puedan recuperar ingresos por esta vía.

Cambio de rumbo

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, a instancias de la Consejería de Hacienda, fue la retención de créditos no esenciales para afrontar el pago de las nóminas del personal educativo y sanitario, incrementadas por los compromisos de reducción de jornada adquiridos por el Ejecutivo anterior sin la preceptiva cobertura presupuestaria y realizados, además, en un contexto de reducción de ingresos tributarios.

Las medidas de choque adoptadas por la Consejería de Hacienda han permitido a Canarias cerrar el ejercicio dentro de los parámetros fijados legalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de elaborar unos Presupuestos autonómicos para 2020 «sin la espada de Damocles de una posible intervención de las cuentas», en palabras del vicepresidente.

Se da la circunstancia de que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el Ministerio de Hacienda alertaron en la segunda mitad del año pasado a la Comunidad Autónoma del posible incumplimiento de la regla de gasto, conminándola a presentar medidas correctoras.

A estos informes se unió también un estudio elaborado por los técnicos de la propia Consejería de Hacienda que, con los datos que estaban sobre la mesa hasta agosto, proyectaban una desviación del déficit de casi medio punto sobre lo autorizado para Canarias.

Rodríguez destacó hoy que el conjunto de medidas adoptadas por el nuevo Gobierno ha permitido el cumplimiento de los preceptos legales, si bien insistió en la necesidad de que las Cortes modifiquen la Ley de Estabilidad para flexibilizar la regla de gasto y permitir que las administraciones públicas cumplidoras puedan destinar el dinero acumulado en el superávit a la mejora de los servicios públicos o al impulso de las infraestructuras.

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Viernes, 24 Enero 2020 16:41

Exteriores llama a la calma

Canarias7.

La ministra González Laya, que hoy inicia viaje Oficial a Marruecos, garantiza que la división de los espacios marítimos no se hará por política de hechos consumados ni decisiones unilaterales.

LORETO GUTIÉRREZ / MADRID

El primer pronunciamiento oficial del Gobierno español sobre la polémica decisión de Marruecos de ampliar su frontera marítima hasta las aguas canarias llegó de la mano de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, una vez que la Cámara de Representantes marroquí -equivalente al Congreso- aprobó por unanimidad en la tarde del miércoles las dos leyes que así lo establecen.

La jefa de la diplomacia española, que lleva diez días en el cargo, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad ante la inquietud generada por la nueva delimitación de los espacios marítimos del reino alauí y la exigencia de respuesta clara por parte de las fuerzas políticas que ven vulnerada la soberanía española en la expansión marroquí hasta las aguas que circundan el archipiélago canario.

«España y Marruecos están de acuerdo en que la delimitación de nuestros espacios marítimos que aún está pendiente no podrá hacerse de manera unilateral, sino por acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor», ha señalado González Laya a través de las redes sociales pocas horas de iniciar su primer viaje oficial a Marruecos -la primera visita al extranjero cuando toma posesión un nuevo titular de Exteriores es tradicionalmente al país vecino-, durante la que tiene previsto mantener una reunión bilateral con su homólogo, Naser Burita, para abordar la cuestión de las aguas.

González Laya asegura que el titular de Exteriores marroquí ha garantizado al Gobierno español en los contactos mantenidos en las últimas semanas que «no habrá política de hechos consumados ni acciones unilaterales», tan como reafirmó el miércoles ante el pleno do la Cámara de Representantes durante la aprobación de las dos leyes que expanden los dominios marítimos de Marruecos.

En la misma línea, la ministra de Exteriores señala que le he transmitido el mensaje al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a quien también ha reiterado el «apoyo total de este Ministerio» en todo lo referido a la cuestión de la delimitación de los espacios marítimos.

Desde que en el mes de diciembre pasado, Marruecos inició el trámite parlamentario de las leyes que amplían sus límites, el Gobierno español se había venido escudando en la prudencia y había evitado hacer valoraciones hasta conocer el alcance de la decisión y su aprobación definitiva.

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Lunes, 13 Enero 2020 16:26

Soria usó el correo de Industria

Canarias7.

En abril de 2017, doce meses después de su renuncia, envió un mensaje desde la cuenta corporativa que tenía en el Gobierno al consejero económico y comercial de España en Oriente Medio para pedirle apoyo para la implantación en el país de una empresa hotelera a la que representa.

Un año después de dimitir por su implicación en los papeles de Panamá, José Manuel Soria accedió a su cuenta de correo corporativo en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la utilizó para enviar un mensaje al consejero económico y comercial de España en Oriente Medio, Erik Rovina, con el objetivo de buscar su apoyo para favorecer la implantación en la zona del grupo Hotusa, un consorcio hotelero al que comenzó a asesorar y representar formalmente en febrero de 2017 a través de la consultora que montó a los pocos meses de abandonar el cargo, Sorben Partners, con la que facturó más de 420.000 euros en el año 2018.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, Soria remitió ese correo desde una cuenta a su nombre en el dominio minetur, acrónimo de Ministerio de Turismo, en torno a las 21.00 horas del miércoles 5 de abril de 2017. El mensaje que contenía era similar al que había enviado en fechas cercanas a otros embajadores comerciales de España desde el correo de su empresa consultora. En él pedía el «inestimable apoyo y ayuda» del consejero para organizar una agenda de trabajo en los Emiratos Árabes para favorecer la penetración del grupo hotelero en la zona y el contacto con inversores locales.

Soria dimitió el 15 de abril de 2016 tras una convulsa semana en el que su nombre apareció ligado a empresas radicadas en paraísos fiscales.

Fuentes del ministerio consultadas por el citado periódico señalan que, tras esa renuncia, la cuenta de correo del extitular de Industria fue dada de alta en dos ocasiones por «orden verbal» de su gabinete. La primera de ellas el 26 de abril, once días después de la dimisión y al día siguiente de que se diera de baja una vez finalizado el periodo de cortesía otorgado a los miembros del Gobierno cuando abandonan el cargo para cerrar el correo corporativo.

Esa primera alta solo duró dos días, hasta el 28 de abril. Las mismas fuentes informan de que un mes y medio después, concretamente el 8 de junio, se registró un intento de entrada en la cuenta de Soria, aunque no se utilizó una cuenta que volvió a estar operativa el 13 de julio, de nuevo por orden verbal del gabinete del exministro, cuyas funciones habían sido asumidas por su «buen amigo» Luis De Guindos, compañero de promoción en las oposiciones a técnico comercial del Estado en 1984 y entonces titular de la cartera de Economía y Competitividad.

En el historial vinculado al correo corporativo del ministro Soria también consta una petición de su secretaria, registrada el 28 de octubre de 2016 en la base de datos del Centro de Atención de Usuarios, para eliminar el reenvío automático de mensajes desde este dominio a la cuenta personal del dirigente popular, solicitud que se ejecuta de inmediato.

En ese momento no quedó registrado si la cuenta seguía operativa o si se dio de baja de forma simultánea con la baja del reenvío, pero meses después, en abril de 2017, ya con nuevo ministro de Industria, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se produce el mencionado envío del mensaje de Soria al consejero económico y comercial de España en los Emiratos Árabes.

La cuenta se cierra finalmente el 26 de octubre de 2017, un año y medio después de la dimisión de Soria, y se borran todos los datos y mensajes relacionados con el exministro también por orden verbal del gabinete del entonces titular de la cartera, Nadal, que había accedido al cargo en noviembre del año anterior.

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Viernes, 10 Enero 2020 16:43

Así es el nuevo Gobierno

Canarias7.

A cuenta gotas se va conociendo el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El domingo comunicará al rey los nombres, el lunes tomarán posesión de sus cargos y el martes se reunirá el primer Consejo de Ministros. Tendrá cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres y la cuarta por el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Estos son los nombres confirmados hasta ahora:

Carmen Calvo
Vicepresidenta de Presidencia y de Relaciones con las Cortes

Feminista, negociadora y cada vez más cercana a Pedro Sánchez, Carmen Calvo repite como vicepresidenta del Gobierno, aunque en esta legislatura deja la cartera de Igualdad para dirigir la vicepresidencia primera, desde la que tendrá que encauzar cuestiones como la nueva relación con Cataluña. Calvo será, por tanto, la representante del Gobierno en asuntos clave, como ya lo fue con la negociación, en nombre del PSOE, de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña o en las negociaciones con Podemos y ERC para sumar apoyos a la investidura de Sánchez.

Pablo Iglesias
Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030

Pablo Iglesias ha cumplido su objetivo y, seis años y cuatro convocatorias electorales después, ha sentado a Podemos en un Consejo de Ministros del que será vicepresidente tras un viaje que le ha llevado a guardar en un cajón la versión más revolucionaria de sí mismo y enfundarse su traje más institucional.

A sus 41 años, los mismos que la Constitución, Iglesias (Madrid, 1978) ha recorrido un camino lleno de curvas, y en el camino hacia el Gobierno, Iglesias ha dado muchas vueltas: le hemos visto lanzar a Pedro Sánchez la «cal viva» en el Congreso, o ilustrar con aquella «sonrisa del destino» el agradecimiento que el líder del PSOE le tendría que profesar por llegar a presidente. Nada de eso ayudó a construir la confianza necesaria para forjar una alianza, que ahora ha sido inevitable. Quizá los abrazos recientes no puedan borrar del todo ese pasado, aunque en esa historia de desconfianzas sí destaca un paréntesis: el de la moción de censura de junio de 2018 cuando Iglesias fue clave para que Sánchez llegará a la Moncloa, donde ahora tendrán que convivir.

Nadia Calviño
Vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital

La fiabilidad que trasmite Nadia Calviño, avalada por sus años al servicio de la Comisión Europea, le ha valido la promoción a vicepresidenta en un momento en el que el crecimiento se frena y el Gobierno necesita trasmitir credibilidad y confianza a los agentes económicos. La actual ministra de Economía y Empresa será la vicepresidenta encargada de coordinar los asuntos económicos y transformación digital en el nuevo Ejecutivo que presidirá Pedro Sánchez.

Llegó con un perfil técnico e independiente al Gobierno que Sánchez tuvo que montar con premura tras prosperar la moción de censura contra Rajoy en junio de 2018, aunque desde la campaña electoral del pasado abril su discurso se tornó más político, con una defensa cerrada de la figura del presidente. Calviño será la encargada de dar verosimilitud a la política económica de un Gobierno de coalición que despierta más recelos en el ámbito interno que en el exterior.

También tendrá que trasmitir a las autoridades europeas que el compromiso de España con la disciplina fiscal sigue intacto, un entorno en el que sabe manejarse, después de doce años de trabajo en la Comisión Europea donde los últimos cuatro (2014-18) desempeñó el cargo de directora general de Presupuestos.

Teresa Ribera
Vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

Teresa Ribera (Madrid, 1969) será la tercera mujer en ocupar un puesto como vicepresidenta en el nuevo Ejecutivo de coalición de Sánchez, desde el que concederá al medio ambiente un protagonismo similar a otras áreas, como economía, política y asuntos sociales.

Como responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ribera no perderá de vista el desafío inminente de aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Justa, un año después de la tramitación del anteproyecto, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno en su discurso de investidura.

José Luis Ábalos
Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

El valenciano José Luis Ábalos revalida la confianza de Pedro Sánchez como ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en recompensa a la negociación que asumió en primera persona para recabar apoyos a la investidura. Compartirá la cartera con la secretaría de Organización del PSOE, igual que ha hecho estos últimos meses.

Ábalos tendrá que afrontar, desde la trastienda del partido y desde el Consejo de Ministros, el Congreso más plural y fragmentado de su historia. En esta nueva legislatura, deberá lidiar con la subida del precio de los alquileres y con el conflicto entre los taxistas y los VTC; y avanzar en el proceso de liberalización del sector ferroviario. Además, deberá definir el modelo de financiación de las carreteras, en especial de las vías de gran capacidad, y fijar la cantidad que se abonará a los acreedores de las autopistas quebradas que fueron rescatadas por el Estado.

María Jesús Montero
Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda

María Jesús Montero (Sevilla, 1966) volverá a ser ministra de Hacienda. Eficaz oradora y tenaz trabajadora, ha sido una de las encargadas de negociar el acuerdo con el que se ha logrado pactar el primer gobierno de coalición de la democracia. Ahora asumirá la responsabilidad de explicar cada viernes ante la prensa y los ciudadanos los acuerdos del Consejo de Ministros, en sustitución de Isabel Celaá.

Como ministra de Hacienda debe abordar su tarea en un momento económico internacional que cada vez genera menor crecimiento del PIB y con los datos de reducción de empleo dando señales preocupantes de ralentización.

Fernando Grande-Marlaska
Ministro de Interior

Fue de las primeras confirmaciones del nuevo Gobierno de Sánchez. El juez Grande-Marlaska renueva al frente del Ministerio del Interior sin pensárselo dos veces, después de haberse empeñado en limpiar, en un año y medio, las cloacas policiales y gestionar eficazmente los disturbios en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’.

Reyes Maroto
Ministra de Industria

Llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018 y ahora volverá a encargarse del Ministerio de Industria después de un primer mandato en el que ha tenido que afrontar varios problemas. Entre ellos, la decisión de empresas relevantes de cerrar plantas industriales en España y la quiebra del operador turístico británico Thomas Cook.

Irene Montero
Ministra de Igualdad

La nueva ministra de Igualdad tiene 31 años, lleva a sus espaldas una licenciatura en Psicología y 16 años de militancia –primero en el PCE, y después en los movimientos sociales– que la llevaron a Podemos, donde ha protagonizado una carrera fulgurante hasta ser la número dos y «portavoza», como ella misma dijo, en el Congreso.

Extrovertida, organizada, metódica y defensora de sus ideas, Montero, que nació en el barrio madrileño de Moratalaz el 13 de febrero de 1988, será la segunda ministra más joven de la democracia, después de la socialista Bibiana Aído, que ocupó con la misma edad pero unos meses menos la misma cartera. La hasta ahora portavoz Podemos, madre de tres hijos de menos de tres años, vive el feminismo como un aprendizaje y ha hecho bandera de la necesidad de poner la vida y los cuidados en el centro de la acción política.

Yolanda Díaz
Ministra de Trabajo

Yolanda Díaz, una de las voces más combativas por los derechos laborales y en defensa de las pensiones, será la nueva ministra de Trabajo, cargo desde donde tendrá que promover el diálogo con los sindicatos y con una patronal que desconfía de la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno. Su designación cubre la cuota de la confluencia gallega En Marea con una persona de probada lealtad a Pablo Iglesias.

Díaz –nacida en Fene (A Coruña) en 1971– es abogada y activista feminista. Como ministra no tendrá competencias sobre la Seguridad Social, con lo que no dependerá de ella el diseño de una reforma del sistema público de pensiones. Sus discursos en la tribuna ante los gobiernos de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez la consolidaron como una gran oradora, casi siempre sin papeles o con una pequeña anotación que servía de base bien para defender a capa y espada el aumento del salario mínimo, o bien para criticar unos Presupuestos Generales del Estado que consideraba malos para Galicia, por lo que llegó a votar en contra.

Manuel Castells
Ministro de Universidades

El catedrático de sociología, economista y experto en sociedad de la información Manuel Castells ha sido el elegido para dirigir el Ministerio de Universidades del nuevo Gobierno. El perfil de Manuel Castells es el de un profesional independiente de consolidado prestigio internacional, experto en la sociedad de la información, que ha sido catedrático de Sociología de la Universidad de California en Berkeley durante 24 años y que en 2001 regresó a España para dirigir la investigación en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A propuesta de los Comunes, Castells dirigirá una cartera de Universidades que en la nueva arquitectura del Gobierno de coalición podría separarse del Ministerio de Ciencia. Esta posible decisión ha sido criticada por los rectores de la universidades, que ven en esta escisión un debilitamiento del sistema universitario, de cuyo seno nace el 70 % de la producción científica.

Entre las cuestiones que Manuel Castells deberá atender se encuentran la demanda de los rectores de mejorar la financiación del sistema universitario, las peticiones de los estudiantes en cuanto a la rebaja de tasas y la regulación de la política de becas.

Alberto Garzón
Ministro de Consumo

Alberto Garzón, líder de IU desde hace algo menos de cuatro años, saltó una barrera y multitud de suspicacias cuando se integró en las listas electorales de Unidas Podemos y ha vuelto a saltar otra, ésta más alta, al lograr que una formación de ideario comunista entre en el Gobierno del Estado.

El próximo ministro de Consumo es precoz en política: fue el diputado más joven con 26 años, tardó poco en convertirse en coordinador federal de IU y ha necesitado muy poco tiempo también para convertirse en ministro.

De apariencia seria aunque cordial, Garzón, a sus 34 años, ha sido protagonista de la corta historia de Unidas Podemos (antes Unidos Podemos) y lo será también del primer Ejecutivo de coalición de la historia democrática a escala estatal.

Arancha González Laya
Ministra de Exteriores

Actualmente es subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC). Fue directora del Gabinete del Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su representante en el G20. Anteriormente desempeñó varios cargos en la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, el comercio, la comunicación y la cooperación al desarrollo. Comenzó su carrera en el sector privado, como asociada de un despacho de abogados.

Margarita Robles
Ministra de Defensa

 

Robles continuará con su labor al frente de las Fuerzas Armadas que asumió hace un año y medio cuando Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa gracias a la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno.

En este periodo también ha puesto el foco en el desarrollo de políticas sociales para mejorar las condiciones de vida de los militares y su entorno familiar y ha impulsado un plan de actualización de los cuarteles.

José Luis Escrivá Belmonte
Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones

Nacido en Albacete, en 1960, Escrivá es desde 2014 el primer presidente de la AIReF y, en noviembre de 2015, pasó a desempeñar la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la UE. El paso por esta institución le permite tener un conocimiento profundo del funcionamiento de la Administración pública que, junto a su experiencia en el mundo financiero, le otorgan una buena base para afrontar su principal reto: la reforma del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social.

Salvador Illa
Ministro de Sanidad

El secretario de Organización del PSC será el nuevo ministro de Sanidad. Illa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona (1989) y MBA en el IESE Business School, de la Universidad de Navarra (1993). También es profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna.

Con Illa, un socialismo catalán vuelve al Ministerio de Sanidad, una plaza icónica para la formación política, que ya la ocupó con el asesinado por ETA Ernest Lluch. Por delante se le imponen varios retos, entre ellos, el de acabar con los copagos farmacéuticos, una de las promesas electorales de PSOE y Unidas Podemos, impulsar la salud bucodental, digitalizar el sistema o ampliar algunas coberturas.

 

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Jueves, 09 Enero 2020 16:40

Ministros confirmados.

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El Gobierno ha confirmado este jueves los nombramientos de los ministros de Unidas Podemos, que coinciden con los nombres que, de manera extraoficial, se habían difundido en los últimos días.

Así, el líder morado, Pablo Iglesias, será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030; Irene Montero, ministra de Igualdad; Alberto Garzón, ministro de Consumo; Yolanda Díaz, Trabajo; Alberto Garzón, Consumo y Manuel Castells, Universidades, han confirmado fuentes de Moncloa.

Se trata de la primera confirmación oficial de la estructura del nuevo Ejecutivo, cuya composición total el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a anunciar la semana próxima, para que ese mismo viernes o incluso antes pueda tener lugar el primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete.

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El último informe de la Audiencia de Cuentas confirma que el Ejecutivo liderado por Coalición Canaria maquilló las cuentas de 2017 para poder presumir de superávit, situando el porcentaje de ingresos incobrables en el 2,1% frente al 51% del año 2018.

De los 339,02 millones de euros que la Hacienda canaria contabilizaba al cierre de 2018 como derechos pendientes de cobro, algo más de la mitad, un total de 173,08 millones, es de difícil o imposible ingreso en las arcas públicas por prescripción de la deuda o por insolvencia de los contribuyentes, según reconoció por primera vez el Gobierno regional en el balance del último ejercicio contable fiscalizado por la Audiencia de Cuentas.

Se trata de una de las principales novedades que contiene el informe de 2018 elaborado por el órgano de control de la actividad económica de la administración autonómica y de las corporaciones locales, puesto que fija un cambio de tendencia y confirma que las cuentas de los años precedentes no reflejaban una imagen fiel y real de la situación financiera de la comunidad autónoma, como ha venido advirtiendo con insistencia el ente auditor.

Entre 2014 y 2017, el Ejecutivo situó la provisión de insolvencia o el volumen de deuda de dudoso cobro en una horquilla que oscilaba entre los 8 y los 13 millones, una cantidad que para la Audiencia de Cuentas no solo era «anormalmente baja», sino que además incumplía una resolución, dictada en enero de 2002 por la Intervención General, que fija el cálculo en función del porcentaje de fallidos o deudas incobradas en una serie temporal histórica.

El anterior informe del órgano auditor, correspondiente al ejercicio 2017, había sido especialmente duro con este aspecto. Sus conclusiones desvelaban que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) había falseado las cuentas a través de este ardid contable y, con ello, había logrado obtener un superávit de 295 millones que le permitía presumir de salud económica. En aquella ocasión, Hacienda, entonces en manos de la consejera Rosa Dávila, había previsto un porcentaje de insolvencia de apenas el 2,1%, lo que se traducía en 13,2 millones de euros cuando, según las estipulaciones de la mencionada instrucción de la Intervención General y los cálculos de la Audiencia de Cuentas, esa cifra debió situarse en torno a los 354 millones. La diferencia era sustancial, ya que superaba el remanente de tesorería, el verdadero indicador de liquidez de la comunidad autónoma, y convertía el superávit en déficit, aunque sin que ello implicase un incumplimiento de la regla de gasto.

RECOMENDACIONES ATENDIDAS. El órgano auditor celebra que el Gobierno canario haya atendido por fin sus reiteradas recomendaciones en relación con los derechos pendientes de cobro, que haya aplicado el criterio contenido en la instrucción de la Intervención General en relación con las deudas contraídas por los contribuyentes desde 2012 y que haya reconocido que la práctica totalidad de las acumuladas desde 1988 hasta ese año, que suman 170 millones de euros, no serán cobradas. El resultado es una provisión de 173,1 millones, o lo que es lo mismo, un incremento de 160 millones con respecto a la dotación del ejercicio 2017.

La Audiencia de Cuentas señala que las comunidades autónomas establecen diferentes criterios para el cálculo de los derechos pendientes de dudoso o imposible cobro. Algunas realizan sus estimaciones de acuerdo a la normativa reguladora de las haciendas locales y, otras, en función de la antigüedad de la deuda, con determinados porcentajes anuales que van desde el 10% para aquellas contraídas el último año hasta el 100% para las que acumulen más de un lustro. En el caso de las cuentas canarias de 2018 se le aplica un porcentaje de insolvencia o prescripción del 98% a las registradas desde 1988 a 2011 para ir posteriormente reduciendo esa cifra de manera paulatina, desde el 5,3% de los saldos deudores de 2012, 2013 y 1014 hasta el 0,7% del último ejercicio fiscalizado.

El órgano auditor insiste en la necesidad de continuar en esta senda de depuración de saldos para que las cuentas plasmen de la forma más exacta posible la situación económica y financiera de la comunidad autónoma. El informe recuerda que el volumen de pendientes de cobro es muy elevado, resultado del acumulado de años por «la baja recaudación».

Además, sigue existiendo un desfase entre los sistemas de información que soportan la gestión tributaria y la contable de la Hacienda canaria, por lo que la Audiencia de Cuentas insta a la administración autonómica a culminar el proceso de «integración plena» entre los diferentes sistemas y, más en concreto, del módulo sobre los derechos económicos tributarios, el M@gin, un programa desarrollado por la empresa Indra al que se le atribuye el agujero económico ocasionado en las arcas públicas entre diciembre de 2016 y enero de 2018, periodo en el que no se pudo trabar ni un solo embargo de la lista de deudores.

BAJO NIVEL INVERSOR. El cálculo de los derechos pendientes de cobro incide en dos aspectos fundamentales para medir la salud económica de una comunidad autónoma: el remanente de tesorería (su solvencia, su liquidez) y el superávit. Según los datos contenidos en el último informe de la Audiencia de Cuentas, el remanente de tesorería de 2018 ascendió a 200,1 millones de euros, lo que supone 95 millones menos que en el año precedente.

El superávit registrado en el informe de la Intervención General de la Administración del Estado fue de 921 millones de euros, el 2,01% del PIB regional, si bien es cierto que 500 millones corresponden al impacto de la ejecución de sentencias del Tribunal Supremo con relación al convenio de Carreteras con el Estado para el periodo 2006-2017. El informe también desvela que el superávit de ejecución presupuestaria, esto es, los fondos que el Gobierno de Canarias no ejecutó pese a disponer de ellos, asciende a 403,8 millones.

A ello se le suma el bajo porcentaje dedicado a las inversiones financieramente sostenibles. El Gobierno de CC gastó 13 millones de euros en la compra de equipamiento sanitario y en un programa informático, apenas un 4% del dinero que podía destinar para estos menesteres, los 295 millones de superávit de 2017. En abril de 2018, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), permitió a las comunidades más cumplidoras gastar el superávit en inversiones rentables a largo plazo, precisamente una de las históricas demandas de CC. Hasta ese momento, solo se permitía amortizar deuda. Esta medida daba la opción a los Gobiernos regionales de comprar recursos sanitarios para hospitales o centros de salud, mejorar los centros educativos o adquirir inmuebles que conllevaran una reducción a largo plazo en el precio de los alquileres de las sedes, entre otras posibilidades.

A pesar de ello, el Ejecutivo liderado por Fernando Clavijo desaprovechó 282 millones de euros, lo que le valió fuertes críticas de su sucesor en el cargo, el socialista Ángel Víctor Torres, que, siendo candidato, lamentó «la pésima gestión» de CC, con «dinero sin gastar, partidas económicas que se quedan en el limbo o en las entidades financieras y que no llegan a los maltrechos bolsillos de los canarios y canarias».

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