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CANARIAS 7
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido y aprobado más de 3,4 millones de prestaciones de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el inicio de la crisis sanitaria el pasado mes de marzo, que ya han sido abonadas a los beneficiarios.
Se trata de más del 98% de todas las prestaciones por este tipo de expedientes laborales que el Gobierno flexibilizó para evitar los despidos y mantener así la fuerza laboral una vez concluyan todas las fases de desescalada, según informó el SEPE.

"El ritmo de reconocimiento actual en el SEPE ha recuperado la normalidad, prácticamente no hay prestaciones pendientes de reconocer más allá de las que estamos subsanando por errores detectados en sus datos y las que han entrado diariamente nuevas, que se están reconociendo", señala el director general del organismo público, Gerardo Gutiérrez Ardoy.

El SEPE asegura así que los errores detectados son ajenos a su servicio y se trata, habitualmente, de fallos en los números de documento de identificación de los trabajadores o en otros datos de la información relativa a los propios trabajadores incluidos en los ERTE.

De hecho, a raíz del acuerdo alcanzado con las entidades financieras, las prestaciones pendientes ya están siendo abonadas este mismo mes de mayo, por lo que los beneficiarios no tendrán que esperar hasta el día 10 de junio para cobrar la prestación, como se venía haciendo históricamente en el SEPE.

De esta forma, todas las prestaciones pendientes se abonarán en el mes de mayo. Este convenio, firmado con las entidades financieras y publicado este mismo mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma al acuerdo ya alcanzado en abril para adelantar a principios de mes el pago habitual de la prestación.

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Miércoles, 20 Mayo 2020 16:46

Sánchez derogará la reforma laboral

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en el Congreso su "compromiso de investidura" de derogar la reforma laboral de 2012, que "permanece indeleble", ha dicho, y que espera poder lograr con un "gran acuerdo" de fuerzas "progresistas" una vez supere la crisis por la pandemia del virus Covid-19.
Antes, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, había asegurado que su formación negocia con el Gobierno la derogación "íntegra" de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, y que esperaban poder cerrar el acuerdo este mismo miércoles, en el marco de la negociación de su sentido de voto a la prórroga del estado de alarma que se vota hoy en el Congreso.

Sánchez ha replicado agradeciendo la abstención de EH-Bildu, remitiendo esta derogación a un "compromiso de investidura" y que la intención del Gobierno una vez se supere esta situación de "emergencia sanitaria", algo que espera "cuanto antes", es "retomar las prioridades de la legislatura". De hecho, la derogación de la reforma laboral estaba incluida en el pacto de gobierno con Unidas Podemos.

Asimismo, ha dicho que para ello cuenta con poder alcanzar un "gran acuerdo" con las "fuerzas progresistas", y por ello ha cuestionado las críticas a su negociación con Ciudadanos para sacar adelante esta prórroga, pues considera que "este no es el debate"

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Miércoles, 20 Mayo 2020 16:45

Paquete de recomendaciones de Bruselas a España

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Un paquete de recomendaciones inédito, totalmente reorientado al shock social y económico provocado por el patógeno letal. La Comisión Europea readapta su informe económico semestral a las consecuencias del coronavirus, que ha colocado en jaque a todos los Estados miembros.
Y las recetas que aporta se guían por un doble objetivo: mitigar sus consecuencias a corto y medio plazo y relanzar el crecimiento sin perder de referencia la transición verde y la transformación digital. Una fotografía que nada tiene que ver con la del informe de febrero, cuando la cota de empleo en la UE era las más elevada de la última década, se mantenía la inercia de expansión del PIB pese a las tensiones comerciales, y España aportaba un porcentaje de crecimiento superior a la media.

Con la cláusula de escape activa, con la mano abierta a que los Estados hagan el esfuerzo que sea necesario sin atender a las reglas de déficit (el techo del 3%) y endeudamiento público (recomendado en el 60% del PIB), se anima a todos a mantener las políticas de apoyo fiscal para salir de la más grave recesión desde 1929. Y en el caso de España se le emplaza de manera específica a «fortalecer la capacidad de recuperación» y respuesta de su sistema sanitario, prestando especial atención «a los trabajadores, a la disponibilidad de productos médicos «críticos» y, en definitiva, a la propia «infraestructura» de una red de salud que ha estado pensionada al límite durante semanas por los latigazos del coronavirus.

En materia de empleo, también sugiere al Gobierno medidas para preservarlo, incluso con «incentivos efectivos de contratación y desarrollo de habilidades», prestando especial asistencia a los «trabajadores atípicos». Y poner el foco en «la cobertura y la adecuación de los esquemas de ingresos mínimos y el apoyo familiar», así como en el «acceso al aprendizaje digital».

Garantizar la aplicación efectiva de medidas para proporcionar liquidez a pymes y autónomos; inversión pública y apoyo a la privada con la referencia en la transición verde y digital (investigación e innovación, energías limpias, gestión del agua y los residuos o transporte sostenibles), son otras de las recomendaciones dirigidas a España. Cuando las condiciones económicas lo permitan, matiza Bruselas, el Ejecutivo debería «aplicar políticas destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejora la inversión».

Pero, de momento, eso último queda congelado. Y en consecuencia, también todos los procedimientos reglados de advertencia o sanción por saltarse unas normas que el coronavirus ha obligado a relegar. Así que la Comisión Europea subraya con carácter general que «a la luz de la excepcional incertidumbre relacionada con el extraordinario impacto macroeconómico y fiscal de la pandemia, en este momento no debe tomarse una decisión sobre procedimiento de déficit excesivo». Lógico. España, Italia, Francia, Bélgica, Chipre y Grecia son ya los señalados. Se saltarán la regla de oro del 3%.

Pero las circunstancias «no son normales», así que el brazo corrector no caerá sobre ninguno de ellos. De momento. ¿Cuándo lo haría? «No hay fecha porque el nivel de incertidumbre es elevado. Se desactivará (la cláusula) cuando se llegue a las condiciones necesarias. Y teniendo en cuenta la posición de partida de los Estados miembros, pueden ser divergentes así que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de comprometer los nuevos objetivos», ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

«Las medidas de contención (el confinamiento y las restricciones) han asestado un golpe brutal a las economías europeas. Estas recomendaciones reflejan esa situación sin precedentes. Las prioridades de hoy son fortalecer nuestra atención médica, apoyar a nuestros trabajadores y salvar nuestros negocios», ha remarcado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

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El Gobierno ha pactado con Ciudadanos la quinta prórroga del estado de alarma de solo 15 días en vez de un mes.
Pedro Sánchez quería que el estado de alarma acabara el próximo 27 de junio. Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y las dudas de sus socios de investidura han provocado que tenga que cambiar la fecha límite. El Ejecutivo y Ciudadanos han cerrado un acuerdo para aprobar una nueva prórroga de solo quince días, como las anteriores.

En este tiempo, el Gobierno se compromete a «analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma». El Ejecutivo comunicará además a Ciudadanos las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha aclarado algunos términos nuevos de lo que será el ingreso mínimo vital que ultima el Gobierno. Por ejemplo, que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares. Será la propia Administración la que haga «de oficio el reconocimiento de partida que permita arrancar con un número importante de hogares».
Así lo ha indicado Escrivá en una entrevista en RNE, en la que ha puntualizado que ese reconocimiento se realizará «a partir de los datos que tenemos de los hogares vulnerables». Tras su puesta en marcha, el resto de potenciales perceptores lo podrán solicitar y se estima que alcance un millón de familias con problemas económicos en los próximos meses.

Este ingreso vital se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no. Aunque todavía no son públicos los requisitos en cuanto a límites de renta, ni en cuanto a la propia cuantía mensual de la ayuda.

Escrivá ha explicado que esta renta será aprobada en «el último Consejo de Ministros de este mes» mediante un real decreto-ley, de forma que pueda solicitarse de forma inmediata. Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

La intención del Gobierno es llegar a todo el mundo, eliminando complejidades y mejorando la información a las familias, por lo que estudian sistemas para que pueda ser solicitada por distintos canales, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas. «Lo importante es tener la mayor capacidad de capilaridad», ha dicho Escrivá, que ha recordado que la medida tendrá un coste entre 3.000 y 3.500 millones.

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Jueves, 14 Mayo 2020 16:50

Canarias podrá usar el superávit

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El Ministerio de Hacienda ha aceptado el uso del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la merma de ingresos que ha sufrido por el parón económico que ha provocado la crisis del coronavirus y que ha afectado con mayor virulencia al archipiélago.

Así lo ha informado este miércoles el Gobierno regional tras una reunión bilateral telemática en la que participó la ministra, María Jesús Montero, por parte del Estado; y el presidente, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, por parte de Canarias.

Canarias podrá usar el superávit para la crisis del coronavirus
De igual modo, el Ministerio se ha comprometido a estudiar la situación financiera de los cabildos para permitir el uso de sus remanentes con el objetivo combatir los efectos de la crisis social y económica, abriéndose a partir de ahora un espacio de trabajo continuo entre el Gobierno de España y el de Canarias.

Por otro lado, Montero estudiará la propuesta del Ejecutivo regional para que haya cambios en los parámetros del reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros entre todas las CCAA y que se otorgue más peso al criterio poblacional y al total de PCR realizados en lugar de solo a los que han dado positivo.

Canarias podrá usar el superávit para la crisis del coronavirus
Al respecto, el vicepresidente, Román Rodríguez, ha destacado la importancia de este encuentro por el valor que tiene el reconocimiento al "hecho diferencial de las islas".

Finalmente, el Gobierno canario ha señalado que el propio presidente de España, Pedro Sánchez, llamó durante la mañana de este miércoles al máximo dirigente canario, Ángel Víctor Torres, para hablar de estos asuntos, además de la desescalada en el archipiélago y en el conjunto del país.

 

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está sondeando a los grupos parlamentarios para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan culminar la desescalada, entre las que fuentes parlamentarias citan una prórroga del estado de alarma por un mes y no de quince días como hasta ahora.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado este martes los contactos, que se limitan por el momento a una toma de contacto para explorar las vías con las que acabar la desescalada de la forma más consensuada posible, después de que la votación de la última prórroga de la alarma saliera adelante tras muchas dificultades y una ardua negociación.

Finalmente, Ciudadanos y el PNV votaron a favor pero ERC votó en contra y el PP se abstuvo, aunque anunció que votaría en contra de la siguiente prórroga.

Según han explicado fuentes parlamentarias, una de las posibilidades que se han puesto sobre la mesa es la de votar una quinta prórroga del estado de alarma, que en esta ocasión se extendería un mes y no quince días como hasta ahora.

El Gobierno sondea a los grupos para una prórroga más larga de la alarma
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en más de una ocasión que el periodo de quince días no era obligado sino el elegido por el Ejecutivo para someter así cada prórroga al debate de los grupos cada dos semanas.

La Constitución no marca un periodo máximo en las prórrogas del estado de alarma, aunque sí cuando éste se decreta por primera vez, por un periodo máximo de quince días.

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El ingreso mínimo vital incluirá medidas para reforzar el estímulo al empleo, de acuerdo con el borrador que el Ministerio de Inclusión está trasladando a las comunidades autónomas.
En particular, de acuerdo con el documento, existirá un complemento o un incentivo al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o varios de los activos estén trabajando y perciban ingresos salariales o rendimientos de sus actividades por cuenta propia. Aunque todavía no está cerrado cómo se articulará tal estímulo al empleo.

La situación de vulnerabilidad se determinará según la capacidad económica del hogar en su conjunto y el umbral se situará en la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda según las características del hogar. De esta manera, en el caso de un adulto, el límite se situará en los 462 euros mensuales, mientras que en el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos niños el umbral se colocaría en los 1.015 euros. El ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de que disponga el hogar y la renta garantizada que determine el decreto ley para cada tipo de hogar.

La variación entre una cifra, la correspondiente a un individuo, y la otra, la de la familia, obedece a los complementos por adulto adicional en el hogar y al número de hijos a cargo que compongan el hogar. Pero también se prevén complementos por monoparentalidad de 100 euros. De modo que un hogar compuesto por un adulto y dos niños tendrá derecho, según el borrador, a una renta garantizada de 977 euros.

A la hora de valorar los ingresos, se contará con las rentas del trabajo, las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, así como los procedentes de actividades económicas o las ganancias patrimoniales. Pero, en principio, se excluirán de ese cómputo los ingresos de las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción. Y la renta mínima estatal también será compatible con las becas o ayudas al estudio, las ayudas a la vivienda y las de emergencia.

Pero el encaje de la prestación de las comunidades autónomas con la de las comunidades autónomas es un punto complejo, puesto que existe el riesgo de solapamiento y suma de dos prestaciones. Y desde la Asociación de Directores y Gestores Sociales advierten de que las comunidades autónomas, ante la instalación de la futura prestación no contributiva de la Seguridad Social, pueden caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Asimismo, en el cálculo de si un hogar tiene derecho, o no, a la prestación, se tendrá en cuenta el patrimonio. Por lo tanto, se considerará que un hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad en el caso de que la unidad de convivencia cuente con un patrimonio por un volumen igual o superior a una cuantía aún por determinar, de la que se detraerá el valor de la vivienda habitual, en términos generales.

Los beneficiarios, además de reunir condiciones en cuanto a su renta, también han de cumplir otra serie de requisitos, a tenor del borrador del decreto que les ha llegado a las comunidades autónomas de parte de Inclusión. Así, deberán ser mayores de 23 años, salvo que tengan al menos un hijo a cargo, y menores de 65 años. En el caso de que no tengan menores a cargo, se requiere que hayan vivido de manera independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital y, además, tienen que haber estado en situación de alta en la Seguridad Social durante al menos un año aunque no sea ininterrumpido. Asimismo, han de haber tenido residencia legal y efectiva en España de manera continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.

Si bien, por regla general, para calcular quién tiene derecho a percibir la renta, se tendrán en cuenta los ingresos y el patrimonio del ejercicio anterior, con objeto de recoger las nuevas vulnerabilidades generadas por la crisis sanitaria, se contempla establecer un mecanismo para paliar ese déficit con que la renta garantizara nacería este año. En principio, se prevé que se puedan aportar las rentas más recientes para calcular si se puede ser beneficiario de las ayudas, o no.

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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha anunciado que su Gobierno está recopilando toda la información sobre lo ocurrido este domingo en un vuelo de Iberia Express de Madrid a Gran Canaria "para que se depuren las responsabilidades pertinentes" si hubiere lugar a ello.
En una edición por videoconferencia de los encuentros de Nueva Economía Forum, Torres ha señalado que entiende las quejas de los pasajeros del avión y ha exigido que se guarde la distancia de seguridad dentro de la cabina.

Los viajeros del trayecto mencionado publicaron en las redes sociales fotos e vídeos en las que se ve que el vuelo iba prácticamente lleno, sin dejar asientos vacíos entre los viajeros.

En esas imágenes, se ve cómo varios clientes piden explicaciones a la tripulación y se escucha cómo se les contesta que Iberia Express considera que está cumpliendo toda la normativa de seguridad aplicable y cómo se ofrece desembarcar a quien no esté conforme.

El Gobierno de Canarias ya anunció anoche que iba a pedir la intervención del Ministerio de Transportes para que se garantice la separación de seguridad entre los pasajeros de los aviones.

Este lunes, el presidente canario ha recordado que en los trayectos entre islas existe normativa que regula con claridad el aforo máximo de los vuelos, aunque, en este caso, ha precisado, "la compañía", Iberia Express, "se acoge al Real Decreto (de declaración del estado de alarma), que es más vago".

"No puede ser que vayan filas completas si (los que están sentados en ellas) no son unidad familiar", ha señalado.

Torres ha enfatizado que será necesario buscar fórmulas para que los vuelos sean rentables guardando las medidas de seguridad, pero también ha lanzado esta advertencia: "La solución no es llenar los aviones".

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El Gobierno de Canarias prevé que todas las islas estén este lunes ya en la fase 1 de la desescalada, lo que supondrá más libertad de movimiento, menos restricciones y más actividad económica, viendo necesario asimismo que la población mantenga las medidas de distanciamiento e higiene contra el coronavirus.
Así lo ha asegurado el portavoz y consejero de Sanidad del Ejecutivo regional, Julio Pérez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves donde añadió que el Ministerio de Sanidad, con quien está en contacto, lo podría oficializar entre estos viernes y sábado.

Pérez resaltó que Canarias cumple todos los requisitos para pasar de fase. "Preparémonos el fin de semana para tener más actividad el lunes porque hay comercios que podrán abrir y actividades que se podrán hacer", observó.

Cuestionado por las cinco islas que aún no están en la fase 1 y si podrían estarlo antes que el resto de comunidad autónomas, el consejero recordó que El Hierro, La Gomera y La Graciosa ya se han adelantado aunque ha hecho especial hincapié en que no se trata de ser el primero, sino el más seguro.

No obstante, vio difícil que se pueda cambiar se fase antes del lunes porque el Ministerio de Sanidad ha dado un plazo de 48 horas para documentar la solicitud del Gobierno regional.

Fase 1
Pérez explicó que la fase 1 implica que se amplían las actividades posibles; que abren los establecimientos se superficie inferior a 400 metros cuadrados, así como las terrazas; que habrá posibilidad de encuentros familiares con ciertos requisitos; que y abren los hoteles al 50% de su capacidad, entre otras medidas.

"De modo que alguien que tenga que ir de Tenerife a Gran Canaria para trabajar y quedarse una noche se puede alojar en un hotel", dijo para recordar que en el caso de los viajes entre islas no podrán ser viajes por placer, sino justificados.

«El virus no está en la calle»
Además, aseguró que, tal y como dijo el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera, el virus no está ya en la calle pero insistió en que a partir de ahora el comportamiento social debe mantenerse para evitar algún rebrote.

"El virus no ha estado en la calle, ha estado contenido en hospitales y domicilios", aseveró el consejero de Sanidad de Canarias, quien reiteró en hacer un llamamiento a la prudencia.

De igual modo, señaló que lo importante ahora será la capacidad de Canarias para encontrar personas contagiadas y que no presenten síntomas.

La tasa de sanitarios contagiados no es más alta que en otros sitios
Al ser preguntado por el número de sanitarios que se han contagiado en las islas, Pérez apuntó que en el caso de Canarias es una cifra alta pero no más que en otros lugares del país. "Hemos hecho más pruebas a los sanitarios que al resto de la población", expuso.

Por su parte, el número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus COVID-19 es de 586 --de un total de 2.235 positivos en las islas hasta este jueves--. El Servicio Canario de la Salud cuenta con 31.000 trabajadores, lo que supone el 1,89 por ciento del total.

Régimen de vacaciones en el SCS
Por otro lado, comentó que el Consejo de Gobierno de Canarias ha tratado también cómo va a ser el régimen de vacaciones del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Al respecto, señaló que habrá que acomodar el derecho de los sanitarios y sus familias a descansar con la necesidad de mantener en plena capacidad al SCS. "Necesitamos organizar las vacaciones de una manera especial, incluyendo algún incentivo que signifique un reconocimiento al esfuerzo que han hecho", observó Pérez.

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