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CANARIAS 7
El Gobierno incorpora en la segunda versión las aportaciones de las corporaciones locales para reactivar la economía de Canarias y coincide así con la cifra que puso Nueva Canarias. Se plantea que haya un plan plurianual que dure hasta 2023
De los 14.249 millones de euros hasta los 18.522 millones. Es lo que ha crecido el coste del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias entre su primera y segunda versión, ambas enviadas por el Gobierno autonómico a los grupos parlamentarios, tercer sector y las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias.

La última cifra fue aportada por Nueva Canarias (NC) -su presidente es también el consejero de Hacienda del Gobierno- al corregir el primer documento de negociación. Lo hizo, según explicó en su día este partido, al incorporar las aportaciones de cabildos y ayuntamientos, algo que no se produjo inicialmente. Así, 1.960 millones corren a cargo de los cabildos, 2.273 millones son los ayuntamientos, 7.207 millones el esfuerzo que corresponde al Gobierno autonómico y 3.163 millones, al del Estado. El resto, hasta 3.919 millones figuran asignados a «fondos privados».

En consecuencia, las partidas que en el primer borrador del pacto adjudicadas al Gobierno autonómico y al central disminuyen en 1.500 y 2.374 millones de euros, respectivamente en la última versión del pacto que ha sido reelaborada.

En la carta que acompaña al documento -sin firmar y con el único membrete del Gobierno de Canarias- se pide a los que fueron llamados a suscribir el pacto a que envíen sus últimas observaciones antes del jueves 28, «con el objeto de poder contar con el documento finalizado y proceder a su firma en el Parlamento de Canarias el próximo sábado 30 de mayo».

De momento, siguen sin figurar la planificación de medidas que propuso Coalición Canaria, la bajada generalizada de impuestos planteada por el Partido Popular y, sobre todo, la garantía del marco financiero que los conservadores junto con Ciudadanos exigen para secundarlo.

En cambio, sí se marca el carácter «plurianual» que tendrá el plan derivado de este pacto, cuya duración se plantea hasta el año 2023.

Aunque se vuelve a incorporar un cuadro económico, se reitera que el pacto «enmarca los principales compromisos y las líneas generales de consenso, pero será el plan en donde se definan las actuaciones concretas, así como su marco presupuestario»; se borró el compromiso de que el coste de cada una de las medidas irán cuantificadas.

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CANARIAS 7
El Cabildo de Gran Canaria adquiere con un millón de euros los excedentes de agricultores y ganaderos. La distribución de las cestas comenzará esta semana y serán entregadas cada dos semanas durante dos meses en 179 centros educativos de 20 municipios. Cada cesta tendrá 14 kilos de verduras, frutas, huevos, leche y quesos por valor de 30 euros.
El Cabildo de Gran Canaria entregará desde esta semana 330.000 kilos de alimentos del sector primario a casi 6.000 familias con ‘cuota cero’ en los comedores escolares de la Isla que serán distribuidos en 179 centros educativos cada dos semanas y durante dos meses.

La Institución insular ha destinado una partida de un millón de euros para adquirir los excedentes de los productos de la tierra y elaborar las cestas de 14 kilos cada una por valor de 30 euros aproximadamente, explicó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo.

Cada cesta tendrá leche, quesos frescos y semicurado, una docena de huevos, y frutas como papaya, plátanos y melones, además de verduras, entre ellas, lechuga, pepinos, tomates, papas y calabacín, en función de los productos disponibles.

Debido a que algunos de los alimentos necesitan mantener la cadena de frío, las cestas serán entregadas en dos lotes. Las frutas, verduras, huevos y queso semicurados serán distribuidas directamente en los centros educativos, mientras que para el resto de productos los usuarios recibirán un bono para canjear con el proveedor de quesos y leche para que se los entreguen en sus domicilios, previa solicitud por teléfono.

Esta iniciativa cumple dos funciones, por un lado adquirir los excedentes de productos de agricultores y ganaderos por el cierre de sus canales habituales de venta, lo que conlleva importantes pérdidas para el sector, y por otro, suministrar alimentos frescos y nutritivos a los escolares que tienen acceso gratuito a los comedores escolares, cerrados desde la declaración del estado de alarma.

Se trata de una de las acciones del denominado Programa Sector Primario Social que ha creado el Cabildo de Gran Canaria con una partida de 1,5 millones de euros. De ellos, 1 millón va destinado a estos alimentos para las familias de ‘cuota cero’, mientras que los otros 500.000 euros permitirán entregar 24.000 kilos semanales de comida durante cuatro meses a cinco ONG para los comedores sociales y para los usuarios, una acción que comenzó hace dos semanas para atender a 7.400 personas vulnerables.

Distribución de alimentos de ‘cuota cero’

Debido a la complejidad de la logística, el Cabildo ha contratado a diversas entidades para la compra de los excedentes, su almacenamiento, empaquetado y transporte para que puedan realizar las entregas en el plazo establecido. En esta acción participan GMR Canarias, la Cooperativa Cosecha Directa y la Asociación de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria.

La distribución de cestas, una acción que ejecuta Sector Primario en coordinación con la Consejería insular de Política Social y la Consejería regional de Educación, será realizada en las instalaciones de los centros educativos de los municipios, excepto en Artenara donde no hay escolares ‘cuota cero’.

Para esta distribución ha sido diseñando un cronograma para la apertura las instalaciones educativas, la coordinación con su personal y la autorización a los tutores para la recogida de los lotes con todas las medidas de seguridad. Además, el Cabildo contará con la colaboración de Protección Civil y Cruz Roja para agilizar las entregas.

El Cabildo ha habilitado el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para que los beneficiarios, proveedores, directores de los centros y demás participantes de esta iniciativa puedan interaccionar para una mejor coordinación.

Este Programa de Sector Primario Social forma parte del Plan de Reactivación Económica de Gran Canaria, un paquete de medidas para reforzar los servicios esenciales, apoyar a las personas más vulnerables y reactivar la economía de Gran Canaria que activó el Cabildo desde la declaración del estado de alarma para contrarrestar los efectos socioeconómicos de esta situación.

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CANARIAS 7
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido y aprobado más de 3,4 millones de prestaciones de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el inicio de la crisis sanitaria el pasado mes de marzo, que ya han sido abonadas a los beneficiarios.
Se trata de más del 98% de todas las prestaciones por este tipo de expedientes laborales que el Gobierno flexibilizó para evitar los despidos y mantener así la fuerza laboral una vez concluyan todas las fases de desescalada, según informó el SEPE.

"El ritmo de reconocimiento actual en el SEPE ha recuperado la normalidad, prácticamente no hay prestaciones pendientes de reconocer más allá de las que estamos subsanando por errores detectados en sus datos y las que han entrado diariamente nuevas, que se están reconociendo", señala el director general del organismo público, Gerardo Gutiérrez Ardoy.

El SEPE asegura así que los errores detectados son ajenos a su servicio y se trata, habitualmente, de fallos en los números de documento de identificación de los trabajadores o en otros datos de la información relativa a los propios trabajadores incluidos en los ERTE.

De hecho, a raíz del acuerdo alcanzado con las entidades financieras, las prestaciones pendientes ya están siendo abonadas este mismo mes de mayo, por lo que los beneficiarios no tendrán que esperar hasta el día 10 de junio para cobrar la prestación, como se venía haciendo históricamente en el SEPE.

De esta forma, todas las prestaciones pendientes se abonarán en el mes de mayo. Este convenio, firmado con las entidades financieras y publicado este mismo mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma al acuerdo ya alcanzado en abril para adelantar a principios de mes el pago habitual de la prestación.

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Miércoles, 20 Mayo 2020 16:46

Sánchez derogará la reforma laboral

CANARIAS 7

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en el Congreso su "compromiso de investidura" de derogar la reforma laboral de 2012, que "permanece indeleble", ha dicho, y que espera poder lograr con un "gran acuerdo" de fuerzas "progresistas" una vez supere la crisis por la pandemia del virus Covid-19.
Antes, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, había asegurado que su formación negocia con el Gobierno la derogación "íntegra" de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, y que esperaban poder cerrar el acuerdo este mismo miércoles, en el marco de la negociación de su sentido de voto a la prórroga del estado de alarma que se vota hoy en el Congreso.

Sánchez ha replicado agradeciendo la abstención de EH-Bildu, remitiendo esta derogación a un "compromiso de investidura" y que la intención del Gobierno una vez se supere esta situación de "emergencia sanitaria", algo que espera "cuanto antes", es "retomar las prioridades de la legislatura". De hecho, la derogación de la reforma laboral estaba incluida en el pacto de gobierno con Unidas Podemos.

Asimismo, ha dicho que para ello cuenta con poder alcanzar un "gran acuerdo" con las "fuerzas progresistas", y por ello ha cuestionado las críticas a su negociación con Ciudadanos para sacar adelante esta prórroga, pues considera que "este no es el debate"

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Miércoles, 20 Mayo 2020 16:45

Paquete de recomendaciones de Bruselas a España

CANARIAS 7
Un paquete de recomendaciones inédito, totalmente reorientado al shock social y económico provocado por el patógeno letal. La Comisión Europea readapta su informe económico semestral a las consecuencias del coronavirus, que ha colocado en jaque a todos los Estados miembros.
Y las recetas que aporta se guían por un doble objetivo: mitigar sus consecuencias a corto y medio plazo y relanzar el crecimiento sin perder de referencia la transición verde y la transformación digital. Una fotografía que nada tiene que ver con la del informe de febrero, cuando la cota de empleo en la UE era las más elevada de la última década, se mantenía la inercia de expansión del PIB pese a las tensiones comerciales, y España aportaba un porcentaje de crecimiento superior a la media.

Con la cláusula de escape activa, con la mano abierta a que los Estados hagan el esfuerzo que sea necesario sin atender a las reglas de déficit (el techo del 3%) y endeudamiento público (recomendado en el 60% del PIB), se anima a todos a mantener las políticas de apoyo fiscal para salir de la más grave recesión desde 1929. Y en el caso de España se le emplaza de manera específica a «fortalecer la capacidad de recuperación» y respuesta de su sistema sanitario, prestando especial atención «a los trabajadores, a la disponibilidad de productos médicos «críticos» y, en definitiva, a la propia «infraestructura» de una red de salud que ha estado pensionada al límite durante semanas por los latigazos del coronavirus.

En materia de empleo, también sugiere al Gobierno medidas para preservarlo, incluso con «incentivos efectivos de contratación y desarrollo de habilidades», prestando especial asistencia a los «trabajadores atípicos». Y poner el foco en «la cobertura y la adecuación de los esquemas de ingresos mínimos y el apoyo familiar», así como en el «acceso al aprendizaje digital».

Garantizar la aplicación efectiva de medidas para proporcionar liquidez a pymes y autónomos; inversión pública y apoyo a la privada con la referencia en la transición verde y digital (investigación e innovación, energías limpias, gestión del agua y los residuos o transporte sostenibles), son otras de las recomendaciones dirigidas a España. Cuando las condiciones económicas lo permitan, matiza Bruselas, el Ejecutivo debería «aplicar políticas destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejora la inversión».

Pero, de momento, eso último queda congelado. Y en consecuencia, también todos los procedimientos reglados de advertencia o sanción por saltarse unas normas que el coronavirus ha obligado a relegar. Así que la Comisión Europea subraya con carácter general que «a la luz de la excepcional incertidumbre relacionada con el extraordinario impacto macroeconómico y fiscal de la pandemia, en este momento no debe tomarse una decisión sobre procedimiento de déficit excesivo». Lógico. España, Italia, Francia, Bélgica, Chipre y Grecia son ya los señalados. Se saltarán la regla de oro del 3%.

Pero las circunstancias «no son normales», así que el brazo corrector no caerá sobre ninguno de ellos. De momento. ¿Cuándo lo haría? «No hay fecha porque el nivel de incertidumbre es elevado. Se desactivará (la cláusula) cuando se llegue a las condiciones necesarias. Y teniendo en cuenta la posición de partida de los Estados miembros, pueden ser divergentes así que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de comprometer los nuevos objetivos», ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

«Las medidas de contención (el confinamiento y las restricciones) han asestado un golpe brutal a las economías europeas. Estas recomendaciones reflejan esa situación sin precedentes. Las prioridades de hoy son fortalecer nuestra atención médica, apoyar a nuestros trabajadores y salvar nuestros negocios», ha remarcado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

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El Gobierno ha pactado con Ciudadanos la quinta prórroga del estado de alarma de solo 15 días en vez de un mes.
Pedro Sánchez quería que el estado de alarma acabara el próximo 27 de junio. Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y las dudas de sus socios de investidura han provocado que tenga que cambiar la fecha límite. El Ejecutivo y Ciudadanos han cerrado un acuerdo para aprobar una nueva prórroga de solo quince días, como las anteriores.

En este tiempo, el Gobierno se compromete a «analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma». El Ejecutivo comunicará además a Ciudadanos las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha aclarado algunos términos nuevos de lo que será el ingreso mínimo vital que ultima el Gobierno. Por ejemplo, que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares. Será la propia Administración la que haga «de oficio el reconocimiento de partida que permita arrancar con un número importante de hogares».
Así lo ha indicado Escrivá en una entrevista en RNE, en la que ha puntualizado que ese reconocimiento se realizará «a partir de los datos que tenemos de los hogares vulnerables». Tras su puesta en marcha, el resto de potenciales perceptores lo podrán solicitar y se estima que alcance un millón de familias con problemas económicos en los próximos meses.

Este ingreso vital se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no. Aunque todavía no son públicos los requisitos en cuanto a límites de renta, ni en cuanto a la propia cuantía mensual de la ayuda.

Escrivá ha explicado que esta renta será aprobada en «el último Consejo de Ministros de este mes» mediante un real decreto-ley, de forma que pueda solicitarse de forma inmediata. Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

La intención del Gobierno es llegar a todo el mundo, eliminando complejidades y mejorando la información a las familias, por lo que estudian sistemas para que pueda ser solicitada por distintos canales, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas. «Lo importante es tener la mayor capacidad de capilaridad», ha dicho Escrivá, que ha recordado que la medida tendrá un coste entre 3.000 y 3.500 millones.

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Jueves, 14 Mayo 2020 16:50

Canarias podrá usar el superávit

CANARIAS 7
El Ministerio de Hacienda ha aceptado el uso del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la merma de ingresos que ha sufrido por el parón económico que ha provocado la crisis del coronavirus y que ha afectado con mayor virulencia al archipiélago.

Así lo ha informado este miércoles el Gobierno regional tras una reunión bilateral telemática en la que participó la ministra, María Jesús Montero, por parte del Estado; y el presidente, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, por parte de Canarias.

Canarias podrá usar el superávit para la crisis del coronavirus
De igual modo, el Ministerio se ha comprometido a estudiar la situación financiera de los cabildos para permitir el uso de sus remanentes con el objetivo combatir los efectos de la crisis social y económica, abriéndose a partir de ahora un espacio de trabajo continuo entre el Gobierno de España y el de Canarias.

Por otro lado, Montero estudiará la propuesta del Ejecutivo regional para que haya cambios en los parámetros del reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros entre todas las CCAA y que se otorgue más peso al criterio poblacional y al total de PCR realizados en lugar de solo a los que han dado positivo.

Canarias podrá usar el superávit para la crisis del coronavirus
Al respecto, el vicepresidente, Román Rodríguez, ha destacado la importancia de este encuentro por el valor que tiene el reconocimiento al "hecho diferencial de las islas".

Finalmente, el Gobierno canario ha señalado que el propio presidente de España, Pedro Sánchez, llamó durante la mañana de este miércoles al máximo dirigente canario, Ángel Víctor Torres, para hablar de estos asuntos, además de la desescalada en el archipiélago y en el conjunto del país.

 

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La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está sondeando a los grupos parlamentarios para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan culminar la desescalada, entre las que fuentes parlamentarias citan una prórroga del estado de alarma por un mes y no de quince días como hasta ahora.
Fuentes del Ejecutivo han confirmado este martes los contactos, que se limitan por el momento a una toma de contacto para explorar las vías con las que acabar la desescalada de la forma más consensuada posible, después de que la votación de la última prórroga de la alarma saliera adelante tras muchas dificultades y una ardua negociación.

Finalmente, Ciudadanos y el PNV votaron a favor pero ERC votó en contra y el PP se abstuvo, aunque anunció que votaría en contra de la siguiente prórroga.

Según han explicado fuentes parlamentarias, una de las posibilidades que se han puesto sobre la mesa es la de votar una quinta prórroga del estado de alarma, que en esta ocasión se extendería un mes y no quince días como hasta ahora.

El Gobierno sondea a los grupos para una prórroga más larga de la alarma
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en más de una ocasión que el periodo de quince días no era obligado sino el elegido por el Ejecutivo para someter así cada prórroga al debate de los grupos cada dos semanas.

La Constitución no marca un periodo máximo en las prórrogas del estado de alarma, aunque sí cuando éste se decreta por primera vez, por un periodo máximo de quince días.

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El ingreso mínimo vital incluirá medidas para reforzar el estímulo al empleo, de acuerdo con el borrador que el Ministerio de Inclusión está trasladando a las comunidades autónomas.
En particular, de acuerdo con el documento, existirá un complemento o un incentivo al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o varios de los activos estén trabajando y perciban ingresos salariales o rendimientos de sus actividades por cuenta propia. Aunque todavía no está cerrado cómo se articulará tal estímulo al empleo.

La situación de vulnerabilidad se determinará según la capacidad económica del hogar en su conjunto y el umbral se situará en la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda según las características del hogar. De esta manera, en el caso de un adulto, el límite se situará en los 462 euros mensuales, mientras que en el caso de una familia compuesta por dos adultos y dos niños el umbral se colocaría en los 1.015 euros. El ingreso mínimo vital cubrirá la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de que disponga el hogar y la renta garantizada que determine el decreto ley para cada tipo de hogar.

La variación entre una cifra, la correspondiente a un individuo, y la otra, la de la familia, obedece a los complementos por adulto adicional en el hogar y al número de hijos a cargo que compongan el hogar. Pero también se prevén complementos por monoparentalidad de 100 euros. De modo que un hogar compuesto por un adulto y dos niños tendrá derecho, según el borrador, a una renta garantizada de 977 euros.

A la hora de valorar los ingresos, se contará con las rentas del trabajo, las rentas de capital mobiliario e inmobiliario, así como los procedentes de actividades económicas o las ganancias patrimoniales. Pero, en principio, se excluirán de ese cómputo los ingresos de las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción. Y la renta mínima estatal también será compatible con las becas o ayudas al estudio, las ayudas a la vivienda y las de emergencia.

Pero el encaje de la prestación de las comunidades autónomas con la de las comunidades autónomas es un punto complejo, puesto que existe el riesgo de solapamiento y suma de dos prestaciones. Y desde la Asociación de Directores y Gestores Sociales advierten de que las comunidades autónomas, ante la instalación de la futura prestación no contributiva de la Seguridad Social, pueden caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.

Asimismo, en el cálculo de si un hogar tiene derecho, o no, a la prestación, se tendrá en cuenta el patrimonio. Por lo tanto, se considerará que un hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad en el caso de que la unidad de convivencia cuente con un patrimonio por un volumen igual o superior a una cuantía aún por determinar, de la que se detraerá el valor de la vivienda habitual, en términos generales.

Los beneficiarios, además de reunir condiciones en cuanto a su renta, también han de cumplir otra serie de requisitos, a tenor del borrador del decreto que les ha llegado a las comunidades autónomas de parte de Inclusión. Así, deberán ser mayores de 23 años, salvo que tengan al menos un hijo a cargo, y menores de 65 años. En el caso de que no tengan menores a cargo, se requiere que hayan vivido de manera independiente durante al menos tres años antes de la solicitud del ingreso mínimo vital y, además, tienen que haber estado en situación de alta en la Seguridad Social durante al menos un año aunque no sea ininterrumpido. Asimismo, han de haber tenido residencia legal y efectiva en España de manera continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.

Si bien, por regla general, para calcular quién tiene derecho a percibir la renta, se tendrán en cuenta los ingresos y el patrimonio del ejercicio anterior, con objeto de recoger las nuevas vulnerabilidades generadas por la crisis sanitaria, se contempla establecer un mecanismo para paliar ese déficit con que la renta garantizara nacería este año. En principio, se prevé que se puedan aportar las rentas más recientes para calcular si se puede ser beneficiario de las ayudas, o no.

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