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, que fue el que aprobó el PMM, como con el Ayuntamiento. Cree García que existen fórmulas para compensar de alguna manera el daño causado a estos empresarios y para que, en la medida de lo posible, «se aplique el espíritu que debió inspirar el PMM impugnado, que no es otro que propiciar la modernización de las infraestructuras que precisaban de remodelación». Sin ir más lejos, el centro comercial Puerto Rico está a punto de acabar una «ambiciosa rehabilitación integral» de sus instalaciones, que les ha supuesto una inversión de 8 millones de euros. Entre esas posibles opciones cita la aplicación de incentivos fiscales a estos negocios más antiguos.

Recuerda que la pelota está ahora en el tejado de la otra parte, pues la resolución no es firme y puede ser recurrida. De hacerlo, advierten ya estos propietarios, la comunidad se personará para seguir defendiendo su postura inicial. Lamentan que el TSJC no accediera en su día a una suspensión cautelar del PMM, lo que hubiera evitado que los nuevos centros comerciales estén ahora en situación de «pseudo fuera de ordenación». Pero más grave les parece el estado en que quedan las inversiones pendientes, que. advierten, deben ser paralizadas de inmediato.

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La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de echar abajo el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogán, que fue aprobado por el decreto del Gobierno de Canarias 116/2015 el día 22 de mayo de 2015. El fallo, que firma como ponente el magistrado Juan Ignacio Moreno-Luque Casariego, data del 3 de noviembre pasado y declara nulo tanto el decreto como el plan al que dio lugar.

La sala que preside el magistrado Óscar Bosch Benítez toma esta decisión tras estimar el recurso contencioso que contra este planeamiento interpuso la comunidad de propietarios del Centro Comercial Puerto Rico Fase 1, que se sentían perjudicados en la medida en que ese documento implicaba la liberalización del suelo comercial en Puerto Rico. No en vano, tras la entrada en vigor de este plan de modernización se han levantado al menos dos grandes centros comerciales más en esta urbanización turística.

 

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el motivo que justifica esta declaración de nulidad tiene que ver con «un defecto esencial de tramitación», que afecta a la legalidad del decreto y que, recuerda la Sala, ya dio lugar a un pronunciamiento similar sobre el plan de modernización Playa de Mogán, de 2014. El «vicio invalidante» al que alude el fallo es que en su delimitación el plan afecta o regula áreas incluidas en la zona de dominio público o de servidumbre costera y que, por tanto, requería de un informe de Costas. La propia Cotmac aprobó la memoria ambiental e informó favorable el plan, pero lo condicionó a que debía contar con ese dictamen positivo de Costas. Ese pronunciamiento nunca llegó antes de la aprobación del plan, lo que, a juicio de la Sala, implica nulidad radical o de pleno derecho. La sentencia es recurrible ante el Supremo.

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La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha firmado una providencia que dispone el inicio del expediente de aprobación de una ordenanza fiscal que regule el estacionamiento y pernocta de autocaravanas en este municipio.

La primera edil trasladó este jueves esta decisión a varias asociaciones de caravanistas con las que mantuvo una reunión de trabajo para intentar ordenar el ejercicio de esta actividad de ocio en el municipio turístico sureño.

Mario Perdomo, portavoz de los caravanistas reunidos con la alcaldesa, agradeció esta decisión, consideró que beneficiará el ejercicio ordenado de la actividad y destacó que será la primera ordenanza fiscal sobre caravanas de todo el archipiélago.

Perdomo agregó que en la negociación con el Consistorio también se acordó modificar la interpretación de la denominada vocación de permanencia, un artículo utilizado para multar a caravanas que no han desplegado ningún elemento exterior, y seleccionar suelos para habilitar en Mogán cuatro áreas de estacionamiento para autocaravanas y camper con unas 150 plazas de capacidad.

En el encuentro participaron representantes de Aseicar, la asociación española de empresarios de distribución de caravaning, y de varios colectivos de caravanistas como son ACAT y Asespa.

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