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El Cabildo de Gran Canaria desarrolla el Plan de Recuperación de la yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii), una especie vegetal en peligro crítico de extinción exclusiva de la costa noreste de Gran Canaria, una acción medioambiental que precisa la obtención de brotes para clonación.

Según informa este miércoles el Cabildo de Gran Canaria, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente han recogido semillas de la única población natural conocida de esta especie, que este año muestra un incremento de individuos respecto a años anteriores.

La colecta ha estado dirigida por personal del Banco de Semillas del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, donde se conservarán las simientes en las condiciones adecuadas.

De forma simultánea, el personal del Vivero Forestal del Cabildo en Tafira ha procedido a colectar unos 60 fragmentos de ramas aun tiernas con el propósito de clonarlos y, así, disponer de una representación amplia de la riqueza genética de esta especie endémica en la colección 'ex situ' de plantas madres.

La nota especifica que en esta iniciativa han participado casi una decena de especialistas insulares y de las universidades canarias.

El territorio de distribución potencial de esta especie en peligro crítico de extinción, a caballo entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, está reconocido como Sitio de Interés Científico dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y como Zona Especial de Conservación en la Red Ecológica Europea Natura 2.000.

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Esteyco presentó ayer en Arinaga el prototipo de la primera torre eólica off-shore con cimentación fija de Europa meridional y la primera en el mundo que no requiere embarcaciones de alta capacidad de carga para su instalación. Este proyecto es «un paso más para convertir Gran Canaria en referencia mundial en energías renovables».

E muelle de Arinaga es el escenario elegido por la consultora de ingeniería civil y arquitectura Esteyco para llevar a cabo su pionero prototipo Elican, al tratarse del lugar de Europa con más horas de viento (5.200 horas por las 4.000 del Mar del Norte). Consistente en la construcción de una torre autoelevable y posterior puesta a flote con el aerogenerador de Gamesa de 5MW, que será trasladado una vez culminado a fin de año al banco de ensayos de Plocan en el noreste de la isla, donde quedará instalada a 30 metros de profundidad. El prototipo, que lleva el nombre del ingeniero grancanario Mario Luis Romero Torrent, se convertirá en el mayor aerogenerador de España y el primero en el sur de Europa instalado sobre el fondo marino.

Así lo explicaba en la tarde de ayer durante la presentación Carlos García Acón, consejero director general de Esteyco, que lidera el consorcio que lleva a cabo el proyecto, en el que también participan Adwen, Ale Heavylift y Dei (Deutsches Windenergie Institut). Se celebró junto al dique de tierra ganado al mar en el muelle, donde se construye en este momento la cimentación de 132 metros que servirá de apoyo a la torre que sujetará el aerogenerador. Una vez instalado en el suelo, tendrá una altura de 115 metros. La particularidad del proyecto es que es económico y de gran potencial, al no requerir embarcaciones de gran capacidad de carga y usar sistema de elevación sencillo para elevar torre y molino una vez están en el mar.

El evento, al que acudieron familiares del ingeniero grancanario, contó entre otros representantes públicos con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, quien además de mostrar su apoyo a este tipo de iniciativas, adelantó que la empresa tiene intención de realizar otra propuesta en La Aldea que profundiza en la soberanía energética. Destacó que en estos últimos años se han dado «pasos de gigante», como el hito que supuso el aerogenerador de Gamesa. Subrayó que la falta de espacio en tierra hace mirar al mar y proyectos como el de Esteyco «significan dar un paso más para convertir Gran Canaria en referencia mundial en el campo de las renovables. Si esto avanza a su ritmo -dijo-, será un referente a la vanguardia mundial».

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Una comisión técnica se encargará de proponer la aplicación de un cupo máximo de ‘transfer’ a los taxis que operan en las áreas sensibles de la Isla, en particular el aeropuerto, debido al sobreuso de algunas licencias. Hay 3 que en 2015 lograron 1.891, el 7,14% del total, a una media de entre 1,5 y 2 al día.

La comisión que vigila la prestación del servicio de taxis en las tres instalaciones donde pueden cargar coches de otros municipios ha decidido estudiar la fijación de contingentes que impidan el sobreuso de la figura del transfer por parte de algunas licencias detectado por la plataforma telemática de gestión de estos contratos.

Una comisión técnica del Cabildo, las patronales ATAT y Fedetax y los consistorios de Ingenio, Telde y Las Palmas de Gran Canaria estudiará y propondrá qué tipo de cupo introducir para evitar que, por ejemplo, 3 licencias hayan logrado 1.891 transfer en 2015, el 7,14% de todos, a más de 1,5 al día. Otras 14 coparon 6.161 viajes, el 23,25%, a una media de 1 a 1,5 al día.

El 86,81% de los viajes autorizados al aeropuerto el año pasado fueron para licencias de la capital, 22.936.

Las de San Bartolomé de Tirajana sumaron 1.633 (6,18%), las de Mogán llegaron a .139 (4,31) y las de Santa Brígida lograron 378 (1,43). La cifra mensual sólo bajó de 2.000 en agosto (1.834) y llegó a 2.806 como máximo en noviembre.

De los 26.422 transfer autorizados para ir a Gando, 11.023 se dieron para recoger a viajeros procedentes de vuelos nacionales, 9.187 para cargar con usuarios de viajes entre islas y 6.212 para clientes que volaban desde el extranjero.

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El Consistorio ha iniciado ya la rehabilitación de 480 viviendas del Valle de Jinámar, incluidas dentro del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), pero también el proceso de intervención comunitaria. A través de encuestas se realizará el perfil socio económico de los residentes.

La empresa municipal de vivienda, Fomentas, ha abierto una nueva oficina en un local que se encuentra en los edificios que se están rehabilitando, en la calle Manuel Alemán Álamo. El objetivo es «estar lo más cerca posible» de los vecinos que se están viendo afectados por los trabajos que realiza la empresa Verde Suárez, según explicó el gerente, Carmelo Ramírez. El recinto, que alberga planos y datos de la intervención integral en cinco bloques, tiene como función dar y recibir información. Ayer fue visitado por la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández; por al vicealcalde, Alejandro Ramos; y la concejala de Servicios Sociales, Marta Hernández. También acudió Deborah Suárez, gerente de la empresa adjudicataria.

Comunidad. La primera mandataria destacó que esta oficina, dentro del área de rehabilitación, permite el desarrollo de una intervención comunitaria. Este proceso permitirá conocer la realidad social y económica de las familias. Se pondrán en marcha dos encuestas, una de ellas ya a punto de culminar, que recabará datos sobre la situación económica, el nivel de formación o si están con empleo o sin él. Una trabajadora social se sumará posteriormente a las dos empleadas que estarán en el local de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. La rehabilitación «no solo busca mejorar la infraestructura, sino también la cohesión social», apuntó Hernández.

Por otro lado, también se llevará a cabo otra encuesta al culminar las obras para conocer cómo han recibido la rehabilitación y el trabajo comunitario que tiene previsto desarrollarse durante unos 18 meses. Esta iniciativa contempla también charlas informativas que buscan concienciar sobre la responsabilidad de conservar y mantener el entorno, propiciar la mejora de las relaciones sociales entre los vecinos o dar a conocer los recursos con los que cuentan.

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La fuerte oleada de actos vandálicos en los últimos meses en el Sureste por parte de menores de 13 años, inimputables, no para. A los robos de PC en institutos o lanzar piedras a las guaguas y herir a sus pasajeros, se suma el asalto a una casa en Vecindario, de donde se llevaron un coche con el que destrozaron una gasolinera en Agüimes.

Los tres menores tienen solo 13 años, y así se lo hicieron saber a los agentes de la Guardia Civil en el momento en que fueron interceptados en el coche robado cerca del Cruce de Arinaga, en Agüimes. Según fuentes cercanas al caso, uno de los dos fugados de los centros de menores Tagoror de Ingenio y de Acogida Inmediata de Tafira, será enviado a un recinto similar en Córdoba por orden de la Fiscalía del Menor. El otro, será devuelto a sus padres y el tercero, remitido de nuevo al centro.

Ninguno puede estar imputado por no tener 14 años, y en casos como el menor que será remitido a Córdoba, los hechos se agravan al ser supuestamente el autor de los diversos robos de ordenadores en centros educativos de Santa Lucía, además de tener un largo historial delictivo por el que no puede ser imputado. Eso sí, al no tener responsabilidad penal serán sus padres quienes respondan de los daños.

Según fuentes oficiales de la Guardia Civil, que ha llevado muy de cerca este tipo de actos, los hechos se iniciaron de madrugada el pasado 11 de mayo, cuando los tres menores se introdujeron en el interior de una casa terrera en Vecindario, en Santa Lucía, de donde sustrajeron las llaves de dos coches, modelo Kia, que no supieron abrir y un Opel Corsa, con el que iniciaron las fechorías y la Guardia Civil, las investigaciones.

Según las mismas fuentes, condujeron a sus anchas por las calles hasta que a las 11.29 horas, se recibe un nuevo aviso, esta vez de la estación Cepsa Kilómetro Cero en Agüimes, por el Polígono Industrial de Arinaga, donde ocasionaron daños.

"Entraron con el coche despacio. Si llegan a hacerlo rápido esto es un desastre", relata el administrador de la estación, Francisco Álvarez. De repente «subieron las ruedas al bordillo y debieron asustarse porque en las maniobras para irse destrozaron parte del surtidor». La intención de los menores, según Álvarez, "era repostar y salir a la fuga".

Finalmente, el cerco fue cerrándose hasta que la Benemérita localizó a los tres niños a las 16.30 en una vía cercana al Cruce de Arinaga, donde fueron interceptados.

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El denunciante del denominado caso Calero aseguró ayer, en la segunda jornada del juicio, que el empresario Félix Machín le dijo que le iba a «hundir» por obligarle a echar a 200 trabajadores al paralizar la construcción de 76 viviendas. Negó que le pidiera 800.000 euros por su propiedad.

La Sección Sexta retomó este martes las declaraciones del juicio que se sigue contra el empresario Félix Machín; el exjefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena; y el topógrafo municipal, Fermín Peñate, por las supuestas irregularidades en la ejecución de la unidad de actuación de El Calero Alto 2, donde se iba a levantar una urbanización.

La jornada la abrió el denunciante de esta causa que aseguró que nadie le informó del desarrollo de esta zona pese a que él era propietario de una parcela que acoge su casa. Se enteró de que su vivienda iba a ser derribada al comenzar a indagar tras ver en 2008 las obras que se realizaban en los terrenos contiguos.
El testigo explicó que en el Ayuntamiento de Telde le dejaron tener acceso al expediente «a cuenta gotas» al comprobar en una nota simple que la unidad había sido reparcelada en 2004 sin informarle. Además, que tardaron meses en darle la documentación completa en Urbanismo porque tuvieron que «montarla». Sostuvo que finalmente denunció a la Policía cuando el promotor rompió el precinto y continuó con las obras del complejo. También reconoció que el redactor del Plan General de Ordenación de Telde de 2002, Jesús Álvarez, le dijo: «no te apuntes a bruto porque Félix Machín es muy poderoso» y le advirtió que iba a perder su casa.

El denunciante también negó haberle pedido 800.000 euros al empresario por su casa, como el acusado aseguró el lunes, aunque sí fue a pedirle explicaciones porque pretendía que reconociera el error. Sí afirmó que le hizo una oferta al Ayuntamiento por su vivienda. Su declaración llegó a tener momentos de tensión con el letrado de Machín, que le preguntó en varias ocasiones qué era lo que quería conseguir. El magistrado Carlos Vielba quiso saber cuál era su verdadera queja, y le dijo que era la acción de que toda la unidad se hubiera impulsado a espaldas suyas cuando estaba afectado.

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene todo el derecho a revisar las tarifas del taxi cada año, siempre que no exceda el nivel del Índice de Precios al Consumo (IPC), sin tener que esperar autorización del Gobierno canario. Así lo recoge una sentencia que rechaza la tesis del Ejecutivo.

Una sentencia emitida por el Juzgado de loContencioso número 4 de la capital grancanaria acaba de dar la razón al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al reconocer el derecho de esta administración a actualizar anualmente las tarifas del taxi siempre que el aumento no fuese superior al Índice de Precios al Consumo (IPC). Ese es el resultado de la demanda presentada por el Gobierno de Canarias contra la resolución adoptada el 4 de diciembre de 2014 por el entonces concejal de Movilidad de la capital grancanaria, Ángel Sabroso (PP), que dio carta blanca al aumento de los precios del taxi aplicados desde el 1 de enero de 2015.

El asunto no tendría mayor relevancia si no fuera porque en enero de 2016, el nuevo responsable del área de Movilidad, josé Eduardo Ramírez (NC), decidió no aplicar la actualización prevista en la resolución de su antecesor y nunca suspendida, a la espera de que se resolviera la demanda presentada por el Ejecutivo regional. De hecho, el expediente necesario nunca llegó a iniciarse.

La demanda ponía a prueba la validez del nuevo sistema de revisión de tarifas previsto en el reglamento municipal del taxi aprobado en 2104, el mismo que obligó a llevar uniforme a los conductores de este servicio público. Ese modelo aplica además las previsiones recogidas en el reglamento regional vigente desde 2012, que refuerza la autonomía municipal para fijar las tarifas. Sin embargo, el Ejecutivo regional entendía que las tarifas no podían entrar en vigor hasta que fuese aprobadas por la Comisión de Precios de Canarias, y autorizadas por la Consejería de Comercio, algo por lo que no esperó el equipo de Juan José Cardona que gobernaba entonces la ciudad. La resolución ahora conocida confirma que la actualización de precios es potestad municipal siempre que no sea «superior al IPC». La subida aplicada se hizo con el IPC de enero de 2014, por lo que ya acumula un desfase de dos años y medio.

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Experto en desalación y energía eólica, dará el pistoletazo de salida a los fastos el 17 de junio ● Ha sido galardonado con el premio de la Orden de los Inocentes y también ha pregonado los fastos del Cristo de Telde.

El ingeniero industrial Fernando Ojeda será este año el encargo de pregonar las fiestas en honor a San Juan Bautista de Telde. Experto en desalación y energía eólica, Ojeda dará el pistoletazo de salida en la Casa Condal a unos fastos que se prevén austeros en la tarde noche del próximo viernes, 17 de junio.

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Vecinos del Valle de Jinámar temen que dos árboles de gran porte que están en un pequeño recinto público en la calle de Manuel Alemán Álamo puedan caerse debido a que, aseguran, están completamente seco y provocar daños a los pequeños que usan habitualmente este parque, donde se concentran también mayores para jugar al dominó.

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Impugnado por la oposición (PP, NC y el edil no adscripto Domingo Rodríguez), que no acudió a la sesión en desacuerdo con la convocatoria, el pleno del Ayuntamiento de Mogán, de carácter extraordinario y urgente, aprobó ayer con el voto favorable y unánime del pacto de gobierno Ciuca-PSOE, la solicitud realizada por la oposición, de comparecencia de la alcaldesa Onalia Bueno, para hablar sobre la presunta compra de votos por correos en las elecciones municipales de 2015 y las denuncias realizadas por nuevos testigos.
Bueno, tal como establece la normativa, está obligada a comparecer en el próximo pleno ordinario, que previsiblemente tendrá lugar a final de mes.
También por unanimidad el pacto rechazó ayer la solicitud al Ministerio del Interior para que en las próximas elecciones implante en Mogán, a modo de experiencia piloto, el voto electrónico, y la propuesta de ampliación de los nuevos tipos penales relativos a los delitos electorales. Ciuca y PSOE argumentaron para oponerse que esos dos asuntos no son competencias del pleno municipal. «No estamos para experimentos», afirmó la portavoz socialista Pino González.
La alcaldesa volvió a fustigar la ausencia, por segunda vez de la oposición, acusándoles de eludir sus responsabilidades «cuando sus portavoces, Isabel Santiago (NC) y María del Carmen Navarro (PP) están liberadas y cobrando por su actividad», indicó Bueno, señalando que «es una elusión de sus responsabilidades con los vecinos, a los que hoy han dado plantón y han faltado a su respeto al no asistir al pleno convocado por segunda vez».
La edil socialista significó que se aceptó la comparecencia «porque se trata de un ejercicio de transparencia».

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