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Martes, 19 Enero 2021 18:22

El Cabildo anuncia un plan de ayudas

LA PROVINCIA
El Cabildo de Gran Canaria destinará cinco millones de euros a las pymes de restauración, gimnasios y centros deportivos grancanarios por ser los más afectados con la entrada de la Isla en el estado de alerta 3 desde este lunes, 18 de enero.

Así lo ha anunciado este martes el presidente insular, Antonio Morales, en una rueda de prensa en la que ha explicado que se trata de una ayuda directa a quienes vean afectados sus ingresos, tal y como ya se hizo con los 12 millones de euros que destinó la Corporación a autónomos y micropymes de todos los sectores y de los que se beneficiaron casi 9.800 personas, entre las que ya figuraban restaurantes, bares, cafeterías y centros deportivos.

Las ayudas, a las que podrán optar 5.346 locales de restauración y 512 centros deportivos -entre gimnasios y centros de disciplinas concretas-, oscilarán entre los mil y los tres mil euros, lo que dependerá también de la concurrencia a la convocatoria.

En cualquier caso, para una mayor agilidad, el procedimiento será el mismo que el puesto en marcha para las ayudas a autónomos, de manera que el trabajo ya está adelantado y el Cabildo volverá a firmar un convenio con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con cuyo presidente, José Sánchez Tinoco, Morales ya contactó, y nuevamente el responsable cameral mostró la disponibilidad de la entidad.

Así, una vez aprobados los pliegos, se publicará la convocatoria y se distribuirán las ayudas en la mitad del plazo anterior dado el camino recorrido, ha estimado Morales, quien compareció con la vicepresidenta Concepción Monzón y la consejera de Política Social, Isabel Mena.

200 millones desde el inicio de la pandemia
El presidente insular también ha subrayado que el Cabildo ha habilitado desde el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus 200 millones de euros, 132 anunciados pocos días después del inicio del confinamiento, en marzo, a los que se han ido sumando nuevas partidas conforme lo ha ido requiriendo la situación.

El objetivo ha sido afrontar la triple vertiente de la crisis, la sanitaria, la social y la económica, tanto con ayudas directas, como con medidas e inversiones. Solo en obras públicas en ejecución o a punto de ejecutarse hay proyectos en marcha por valor de 500 millones de euros en Gran Canaria, ha apuntado.
Morales también ha asegurado que el Cabildo seguirá pendiente de la realidad que vaya surgiendo para reaccionar a las necesidades, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía "el máximo esfuerzo posible en el respeto de las normas" para conseguir doblegar los índices de contagio.

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Martes, 19 Enero 2021 18:20

El Cabildo anuncia un plan de ayudas

LA PROVINCIA
El Cabildo de Gran Canaria destinará cinco millones de euros a las pymes de restauración, gimnasios y centros deportivos grancanarios por ser los más afectados con la entrada de la Isla en el estado de alerta 3 desde este lunes, 18 de enero.

Así lo ha anunciado este martes el presidente insular, Antonio Morales, en una rueda de prensa en la que ha explicado que se trata de una ayuda directa a quienes vean afectados sus ingresos, tal y como ya se hizo con los 12 millones de euros que destinó la Corporación a autónomos y micropymes de todos los sectores y de los que se beneficiaron casi 9.800 personas, entre las que ya figuraban restaurantes, bares, cafeterías y centros deportivos.

 

Las ayudas, a las que podrán optar 5.346 locales de restauración y 512 centros deportivos -entre gimnasios y centros de disciplinas concretas-, oscilarán entre los mil y los tres mil euros, lo que dependerá también de la concurrencia a la convocatoria.

En cualquier caso, para una mayor agilidad, el procedimiento será el mismo que el puesto en marcha para las ayudas a autónomos, de manera que el trabajo ya está adelantado y el Cabildo volverá a firmar un convenio con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con cuyo presidente, José Sánchez Tinoco, Morales ya contactó, y nuevamente el responsable cameral mostró la disponibilidad de la entidad.

Así, una vez aprobados los pliegos, se publicará la convocatoria y se distribuirán las ayudas en la mitad del plazo anterior dado el camino recorrido, ha estimado Morales, quien compareció con la vicepresidenta Concepción Monzón y la consejera de Política Social, Isabel Mena.

200 millones desde el inicio de la pandemia
El presidente insular también ha subrayado que el Cabildo ha habilitado desde el inicio de la crisis sanitaria por el coronavirus 200 millones de euros, 132 anunciados pocos días después del inicio del confinamiento, en marzo, a los que se han ido sumando nuevas partidas conforme lo ha ido requiriendo la situación.

El objetivo ha sido afrontar la triple vertiente de la crisis, la sanitaria, la social y la económica, tanto con ayudas directas, como con medidas e inversiones. Solo en obras públicas en ejecución o a punto de ejecutarse hay proyectos en marcha por valor de 500 millones de euros en Gran Canaria, ha apuntado.
Morales también ha asegurado que el Cabildo seguirá pendiente de la realidad que vaya surgiendo para reaccionar a las necesidades, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía "el máximo esfuerzo posible en el respeto de las normas" para conseguir doblegar los índices de contagio.

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CANARIAS 7
Los nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y algunos servicios de las grandes tecnológicas entran en vigor este sábado, aunque su primera liquidación no se producirá hasta dentro de tres meses.

Más de dos años después de su anuncio, los impuestos sobre transacciones financieras y determinados servicios digitales entran finalmente en vigor, aunque persisten las dudas sobre si lograrán la recaudación prevista y si podrían perjudicar a las inversiones.

El impuesto sobre determinados servicios digitales, con el que se espera recaudar 968 millones de euros este año, grava con un 3% algunos de los ingresos de las grandes tecnológicas, aquellas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo o más de 3 millones en España.

En concreto, el tributo apunta a los ingresos obtenidos de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha advertido esta semana de que este impuesto -al igual que otros similares adoptados en Austria y el Reino Unido- discrimina a las empresas estadounidenses, es inconsistente con los principios de la tributación internacional y restringe el comercio, por lo que evaluará «todas las posibles opciones».

La Oficina justifica estas acusaciones en un informe en el que, entre otras cuestiones, defiende que el impuesto discrimina las empresas estadounidenses porque suponen 25 de las 39 compañías que, según sus cálculos, tendrán que abonarlo y critica unas «complicadas reglas de localización» de los servicios para que encajen con la jurisdicción fiscal española.

Por lo que respecta al impuesto sobre transacciones financieras, que espera ingresar 850 millones, grava con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

En el ejercicio 2021 están sujetas a este impuesto las inversiones en empresas que superaban los 1.000 millones de capitalización el 16 de diciembre de 2020, un total de 57 compañías entre las que figuran Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Amadeus, Cellnex, Endesa, AENA, Siemens, Naturgy o Telefónica.

Estos impuestos están en línea con los que se negocian en distintos foros internacionales y el Gobierno ya ha mostrado su intención de adaptarlos una vez que se alcance un acuerdo, porque el objetivo es «avanzar hacia la fiscalidad del siglo XXI», según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

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Miércoles, 25 Noviembre 2020 16:40

El Gobierno canario prosigue con los presupuestos

CANARIAS 7
El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles proseguir con la tramitación del presupuesto de 2021, que crece un 5% sobre el del año anterior hasta los 8.474 millones. El Gobierno de Canarias ha salvado con éxito la única enmienda a la totalidad contra su proyecto de presupuestos para 2021, presentada por el PP, en un debate parlamentario duro, con desafíos y rotundos reproches entre el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y la portavoz popular, Australia Navarro.

Los otros dos partidos de la oposición renunciaron a presentar enmiendas a la totalidad: CC-PNC confió en que el Gobierno acepte negociar las muchas mejoras necesarias al proyecto y Ciudadanos apeló a lo extraordinario del momento sanitario, económico y social para que haya diálogo y no salga un presupuesto «sectario».

 

La votación de la enmienda a la totalidad se saldó con 11 votos a favor (PP), 38 en contra (PSOE, NC, Sí Podemos, ASG y Cs) y 20 abstenciones (CC-PNC-AHI).

El presupuesto total asciende a 9.501 millones de euros, un 0,7% menos que los 9.569 millones de 2020, pero si se excluyen los gastos financieros, el gasto efectivo en políticas públicas queda en 8.474 millones, 407 millones más con respecto al gasto previsto inicialmente para este año, un 5% de aumento.

El consejero de Hacienda, que se mostró abierto a negociar las enmiendas parciales con la oposición «dispuesta a dialogar», afirmó que se trata de un presupuesto «base» realista, con un capítulo de ingresos «garantizado», al que podrían sumarse otros mil millones de fondos europeos y estatales.

Tan seguro se mostró Rodríguez de que se cumplirá su previsión de ingresos que desafió a la portavoz del PP, Australia Navarro, quien se erigió como «única alternativa» al Gobierno: «Si este presupuesto no se cumple en sus ingresos, yo me voy; pero si se cumple, se va a usted», retó el vicepresidente.

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Martes, 17 Noviembre 2020 16:50

6.000 millones para pagar las pensiones

CANARIAS 7
Si la Seguridad Social lleva años en números rojos, concretamente desde 2011, debido a que el gasto en pensiones es ya muy superior a los ingresos que genera por las cotizaciones sociales, en 2020 este déficit se va a disparar por encima de los 45.000 millones de euros debido a los efectos que la pandemia está teniendo en el mercado laboral. La recaudación por las cuotas que pagan trabajadores y empresas se ha desplomado un 4% en lo que va de año debido al aumento del desempleo, a la caída de la contratación y a que ha llegado a haber 3,4 millones de ocupados en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), por lo que el sistema deja de ingresar de las mayor parte de las cotizaciones de estos trabajadores.

Por eso, el Gobierno decidió salir al rescate de la Seguridad Social, que ahora además tiene que hacer frente al gasto extra que supone haber puesto en marcha el Ingreso Mínimos Vital, inyectándole nuevos recursos para equilibrar el impacto en sus cuentas de la covid-19 y le concedió un nuevo crédito. Concretamente, el Estado le transferirá 6.000 millones de euros a esta Administración y otros 2.300 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que puedan hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los ERTE y de otras ayudas puestas en marcha, como la de las empleadas de hogar o la de los temporales que se quedaron sin trabajo durante el estado de alarma. Así lo anunció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que resaltó que con estas medidas se garantiza la protección a colectivos especialmente vulnerables.

Este nuevo crédito extraordinario al sistema de pensiones se suma al que ya se concedió el pasado mes de mayo por un importe de 14.002,59 millones de euros, con el objetivo también de atender las medidas excepcionales puestas en marcha en esta pandemia.

Sin embargo, la ministra portavoz aseguró que estos créditos son» transferencias, no préstamos», como así ha sucedido en anteriores ocasiones. El Gobierno pretende cumplir así con las recomendaciones acordadas por el Pacto de Toledo «con el objeto de no incrementar e ir reduciendo ese déficit histórico que tiene la Seguridad Social y trasladar una plena garantía de que por supuesto el sistema de pensiones es sostenible, no solo en el corto sino en el medio plazo», precisó Montero. En concreto, entre sus 21 recomendaciones esta comisión da de un plazo al Ejecutivo de tres años para terminar con el déficit y le insta a eliminar todos los gastos que no sean prestaciones contributivas, así como a poner fin a esta política de préstamos.

Casi 75.000 millones de deuda
Estos créditos del Estado a la Seguridad Social que en los últimos años se han hecho imprescindibles para poder pagar las pensiones ha disparado el nivel de deuda de esta administración, hasta el punto de que asciende ya a 74.855 millones de euros, aproximadamente un 6% del Producto Interior Bruto (PIB), con los últimos datos proporcionados por el Banco de España relativos a septiembre. Y con estas nuevas transferencias la deuda seguirá aumentando, hasta que se lleve a cabo la ansiada reforma de las pensiones.

Para justificar esta elevada deuda, el Ministerio destaca que en los últimos meses se han desarrollado diversas medidas de protección de rentas por la pandemia que han tenido impacto sobre los ingresos y los gastos del sistema, mientras se continuaban atendiendo a las prestaciones habituales, como las pensiones o la prestación por nacimiento de hijo. Entre las medidas de protección de rentas por la pandemia, las que mayores recursos se llevan son las prestaciones extraordinarias para autónomos y las exoneraciones de las cotizaciones sociales en los ERTE para los sectores más afectados por la crisis o con limitaciones de actividad o impedimento, medidas que se han extendido hasta finales de enero.

La Seguridad Social se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente mediante cotizaciones de trabajadores y empresas, y con transferencias por parte de la Administración Central. En el Proyecto de Ley de Presupuestos de Generales del Estado para 2021 se incluye como novedad una transferencia de 13.929 millones para dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo. Con ello se da un nuevo paso para que las políticas no contributivas que realiza el sistema de la Seguridad Social las financie la Administración Central y para dar certidumbre sobre nuestro sistema de pensiones, según resaltó el Ministerio.

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Jueves, 12 Noviembre 2020 16:45

Plan de apoyo económico para bares y restaurantes

CANARIAS 7
El Gobierno prepara un plan de apoyo a los bares y restaurantes que contempla ayudas económicas directas, medidas financieras y también fiscales, según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que argumenta que es muy sensible a un sector, el de la hostelería, que ha realizado «un gran esfuerzo» durante la pandemia para cumplir con las medidas de seguridad, distancia, horario y aforo y que en muchos casos ha llevado aparejada una importante inversión.

Este programa de apoyo a la hostelería coincide, además, con un momento en que la virulencia de la segunda oleada de la pandemia ha llevado a mayores restricciones a la actividad del sector, llegándose en algunos casos incluso al cierre total de los establecimientos para frenar los contagios.

En los próximos días hay dos citas muy importantes en que podrían comenzar a trascender los detalles concretos del plan. Este viernes tiene lugar el Consejo Español de Turismo, en que se reunirán el Gobierno, las patronales del sector y las organizaciones sindicales. Hostelería de España espera que en esa reunión se dé «información muy importante» respecto a cómo llegarán los fondos europeos al sector. Además, la próxima semana se celebrará la conferencia sectorial de turismo y comercio, un encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas al que también estarán invitados tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como el sector de la hostelería. Será el momento en que se prevé que debatan las medidas concretas de apoyo a bares y restaurantes, así como su coordinación entre las tres administraciones, la cuantía del programa y quién aportará el dinero.

Desde el Gobierno central quieren «ir de la mano» del resto de las administraciones -autonomías y ayuntamientos-, con objeto de establecer unos criterios uniformes en todo el territorio, para cubrir eventualidades tales como la diferente incidencia de la pandemia en distintas regiones y la variedad de decisiones adoptadas para frenarla. Desde Hostelería de España defienden que, a la vista de la disparidad que existe en la situación del sector en las diferentes comunidades autónomas de acuerdo con la incidencia del virus y las diferentes medidas adoptadas para contener los contagios, debería haber «un tronco común» de apoyo para el sector en toda España pero también complementos aportados por las comunidades autónomas.

En cuanto a los tres planos en los que se está trabajando, ayudas directas, financieras y fiscales, respecto a las primeras, Hostelería de España calcula que requiere 8.500 millones de euros «para garantizar la supervivencia de las empresas y el empleo en el sector». Y reclama que se trate de transferencias a fondo perdido. Sobre las ayudas financieras, la vicepresidenta Nadia Calviño ya está tratando la cuestión con la Comisión Europea con vistas a ampliar los periodos de carencia y el plazo de amortización de los créditos avalados por el ICO. Y respecto a las medidas fiscales, se habla tanto de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social como de la posibilidad de que se reduzca el IBI.

Desde Hostelería de España, además, demandan en una carta enviada este jueves al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta Nadia Calviño y al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que se modifique la regulación de los alquileres de los establecimientos para que contemple las circunstancias del estado de alarma, el toque de queda o regulaciones similares. La finalidad es que se pueda eliminar totalmente el pago de los alquileres durante los periodos de cierre total de los establecimientos, coste que sugieren que se aplique con cargo al plan de apoyo y reconstrucción. Y también que se pueda reducir proporcionalmente el pago de la renta durante los periodos de cierre de franjas horarias.

El sector hostelero alega que si bien se han puesto en marcha medidas de apoyo como los ERTE o los préstamos avalados por el ICO, «ante la extensión en el tiempo de la pandemia covid-19 y el debilitamiento de las empresas, estas medidas ya no son suficientes». De acuerdo con los cálculos de la patronal, de no tomarse las medidas de apoyo necesarias para el sector, la crisis podría suponer el cierre de un tercio de los establecimientos, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos, en el peor de los escenarios. Además, se estima que el descenso de la facturación será superior al 50%, lo que supone una pérdida de 67.000 millones de euros.

Respecto al empleo, el sector hostelero reclama que la extensión de los ERTE debe llevarse por lo menos hasta el verano de 2021, dejando sin efecto el límite del 31 de enero de 2021, así como la cláusula que impone el mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.

Hostelería de España también demanda acciones de reactivación a la demanda, como la baja del IVA o la inversión de recursos en bonos y ayudas directas a familias y empresas para que gasten en hostelería.

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Viernes, 06 Noviembre 2020 16:35

Crecen los presupuestos de Canarias

CANARIAS 7
El consejero de Hacienda canario, Román Rodríguez, ha entregado este viernes en el Parlamento regional el proyecto de presupuestos para 2021, que sitúa el gasto no financiero en 407 millones de euros más que en 2020, pero el Gobierno de Canarias confía en conseguir otros mil millones adicionales de fondos estatales y europeos.

El presupuesto total asciende a 9.501 millones de euros, un 0,7% menos que los 9.569 millones de 2020, pero si se excluyen los gastos financieros (1.027 millones, 475 millones menos que este año) el gasto efectivo en políticas públicas queda en 8.474 millones, un 5% más que el año precedente.

Se trata de «un presupuesto base» de 8.474 millones de euros, pero con los fondos adicionales de mil millones que espera sumar el Gobierno de Canarias para el próximo ejercicio, el gasto real crecería en torno al 15%, algo posible gracias a las políticas expansivas que se están aplicando en Europa, España y Canarias para contrarrestar los efectos de la pandemia, dijo Román Rodríguez.

El vicepresidente y consejero de Hacienda destacó que el presupuesto, que no aumenta ni la deuda ni los impuestos, está marcado y condicionado por la pandemia sanitaria, lo que lleva a un incremento de las políticas sociales del 5,1%, y en torno a ese incremento está la sanidad (5,20%) y la educación (5,40%), mientras que la acción social sube un 0,80%.

Rodríguez explicó que el reducido incremento del gasto directo en políticas sociales, que pasa de 514 a 518 millones de euros, se debe a que la proyectada renta ciudadana que tenia previsto poner en marcha el Gobierno de Canarias queda sustituida y mejorada por el ingreso mínimo vital que aplicará el Gobierno de España.

De hecho, estaba previsto que la renta canaria de ciudadanía, con un presupuesto de 50 millones de euros, hubiera llegado a 10.000 familias (unas 15.000 personas), mientras que del ingreso mínimo vital se beneficiarán en Canarias entre 65.000 y 70.000 personas, unos 145.000 beneficiarios, con una financiación estatal de entre 180 y 200 millones de euros.

Los 50 millones que había previsto el Gobierno de Canarias para la renta de ciudadanía se destinarán a otras políticas sociales y a complementar el alcance del ingreso mínimo vital estatal con otro tipo de apoyos a las personas más vulnerables, según explicó Rodríguez.

El consejero indicó que a estos gastos en acción social se sumarán previsiblemente no menos de 80 millones adicionales: unos 30 millones de fondos para la pobreza que están «apalabrados» para el presupuesto del Estado, otros 30 millones para dependencia y una cifra similar para atención domiciliaria y cuidados.

De los alrededor de mil millones de euros de fondos adicionales a este presupuesto con los que espera contar el Gobierno de Canarias, hay dos partidas aseguradas, subrayó el vicepresidente: 180 millones de euros para transición ecológica y 60 millones para vivienda.

De esta manera, la política de vivienda contará con los 121 millones de euros del presupuesto canario (26 millones más que en 2020, un 28,1% de aumento) más los 60 millones estatales, un total de 180 millones de euros.

Rodríguez indicó que solo en el presupuesto canario se destinarán en total 6.356 millones de euros a gasto social, de los cuales 5.282 irán a sanidad y educación, y a la vez aumentan en 1.180 millones las inversiones (un 17,5% más) y las políticas de apoyo a los sectores productivos, que alcanzan los 291 millones, un 22,7% más.

Los gastos de personal crecen un 6,1%, no solo por el aumento del sueldo del 0,9% de los empleados públicos, sino sobre todo porque se mantienen las 7.000 nuevas contrataciones realizadas en 2020 en los servicios sanitarios y educativos para hacer frente a los efectos de la pandemia, dijo.

Gasto y deuda
Por secciones, los intereses de la deuda bajan en 37 millones de euros, un 44,60% menos, y se reducen las transferencias a las corporaciones locales en 1,40%.

Las áreas que más suben en términos relativos son Turismo (27,50%), Obras Públicas (18,90%), Transición Ecológica (16,90%) y Economía y Empleo (13,30%), además del Parlamento de Canarias (9,30%).

Por debajo de la media del 5% de aumento del gasto general se sitúan las Consejerías de Hacienda (4,20%) y Derechos Sociales (0,70%).

Se prevé que los ingresos por impuestos directos e indirectos caigan en más de 435 millones de euros

En términos absolutos, el mayor crecimiento se da en el Servicio Canario de Salud (160 millones de euros más, hasta los 3.300 millones), en Educación (100 millones más, hasta 1.978 millones) y Obras Públicas (54,5 millones más, hasta 343,3 millones.

La Radiotelevisión Canaria aumenta su presupuesto hasta casi 55 millones de euros, 4,5 millones más, equivalente a un 8,90%.

En cuanto a las inversiones, el Gobierno prevé destinar 1.180 millones de euros, de los que 665 millones son inversiones reales (25% de aumento) y 514 millones son transferencias de capital (9,2% más).

Con estos presupuestos, el Gobierno de Canarias quiere afrontar no tanto una crisis como «un cambio de paradigma», con una contracción prevista de la economía en 2020 del 21,6%, seguida de una recuperación del 17,3% en 2021 y una tasa de paro del 24,7% a finales del próximo año, pero siempre en un escenario incierto que depende de la evolución de la pandemia.

En este contexto, se prevé que los ingresos por impuestos directos e indirectos caigan en más de 435 millones de euros, que se compensan con más fondos estatales y europeos y a la utilización del ahorro por la no aplicación de las reglas fiscales

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Jueves, 29 Octubre 2020 21:59

El presupuesto canario crecerá un 5%

CANARIAS 7
Los presupuestos de Canarias de 2021 crecerán un 5% con respecto a los de este año, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, a su Consejo Asesor, formado por los dos sindicatos más representativos de las islas y las dos patronales del archipiélago.

El proyecto de presupuestos para 2021 Canarias dispondrá de 1.178 millones de euros para inversiones, lo que supone un incremento de un 17 % respecto a los de este año, y contará con 304 millones de euros adicionales para sanidad, educación y servicios sociales.

Son las cifras que han destacado tras reunirse con Torres los secretarios de las dos confederaciones de empresarios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Eduardo Bezares (CEOE) y José Cristóbal García (CCE), respectivamente, y la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Esther Martín, que esperan que estas cuentas ayuden a activar la economía del archipiélago.

Bezares ha reconocido que están "gratamente sorprendidos" con el presupuesto, aunque aún no disponen de un "gran nivel de detalle", porque que es expansivo y además no incluye un incremento de la fiscalidad ni del endeudamiento.

A su juicio, el Gobierno tiene "un reto muy importante" porque la capacidad de ejecución de las inversiones es muy limitada, pues este año no va a llegar ni al 30 por ciento, por lo que le ha pedido "valentía para que haga los cambios normativos que se precisan porque esos 1.178 millones son muy importantes para las islas".

Desde la CEOE se ha hecho hincapié en que "la política de inversiones y su ejecución tiene que cambiar para poner ese dinero en circulación", ha indicado Bezares, quien ha añadido, sin embargo,que lo ve "muy complicado".

Según el representante de la patronal tinerfeña, "se está hablando de lo mismo, de modificaciones normativas", cuando el sector público tiene recursos materiales pero no humanos y el privado al revés, por lo que lo que hace falta es "hacer equipo y romper algunas barreras para poner ese dinero en el mercado".

García, que también ha dicho que quedan muchos detalles por conocer de las cuentas canarias para 2021, ha incidido en el correcto control del gasto publico en Canarias en los últimos años porque ha permitido el uso de remanentes en este presupuesto "que tiene que creer por necesidad imperiosa de la economía".

Ha destacado que mantener la actividad económica y políticas para que las empresas sobrevivan es lo que permitirá en los próximos años asegurar el nivel de ingresos y de inversión de la comunidad autónoma, ya que no se podrá sostener con las transferencias corrientes y de capital en las siguientes anualidades.

Para García será necesario "mucha cabeza y capacidad para gastar e invertir de forma eficiente, que es la mayor duda que tienen porque es lo que permitirá que en los próximos años no se paguen las consecuencias de una mala ejecución presupuestaria".

Ha dicho que las cuentas para 2021 contienen más ingresos de transferencias del Estado -300 millones de euros más de transferencia de capital y otros tantos de transferencias corrientes-, y que la financiación autonómica continúa en unos niveles aceptables, pero los ingresos para 2022 y 2023 serán más bajos, por lo que hay que activar la economía, ha insistido.

Ello, a su juicio, solo es posible si se mantiene el tejido productivo vivo.

García ha puesto a Alemania como ejemplo, porque al tiempo que su Gobierno decidió cerrar el ocio nocturno para contener los contagios de covid-19 aplicó de forma inmediata ayudas al sector.

"Las empresas que cierran no van a abrir mañana", por lo que debe mantenerse la actividad económica y no solo el subsidio, y por ello hab valorado el volumen destinado a inversiones, aunque también han pedido que las políticas activas de empleo y sociales se ejecuten con "eficiencia y agilidad".

La dirigente de CCOO ha destacado el incremento de inversión para educación, sanidad y servicios sociales, con 304 millones de euros, pero ha señalado que desconocen si el Gobierno cumplirá con su compromiso de destinar el 5 % de inversión presupuestaria a la enseñanza.

Ha lamentado que el presupuesto de 2021 no incluya el complemento que se solicitó para que los trabajadores en ERTE pudieran cobrar el total de su salario, ya que los salarios de Canarias son los más bajos de España.

Martín ha valorado el aumento del 17% para inversiones porque puede servir para reactivar economía ante el cero turístico que afecta a las islas y ha dicho que se ha reclamado que se diversifique la economía canaria a través del Plan de Reactivación Europeo y que el Gobierno central de un trato diferencial para Canarias porque es la comunidad más perjudicada económicamente por la pandemia.

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Miércoles, 30 Septiembre 2020 16:53

Hacienda suspende las reglas fiscales

CANARIAS 7
El Gobierno ha decidido suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021, como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la covid-19. Ello implica dejar sin aplicación los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 con efectos no sólo para el Estado central, sino para todos los niveles de la administración, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Así lo ha comunicado este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados en un encuentro con los medios de comunicación.

De esta manera ataja el Gobierno el conflicto que había estallado con los ayuntamientos y con la mayor parte de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y que dio lugar a su primera derrota parlamentaria el pasado 10 de septiembre, cuando propuso vía decreto que las entidades locales le cedieran sus remanentes a cambio de lo cual el Ejecutivo repartiría un fondo de 5.000 millones de euros. Ésta fue la primera manera -y, de acuerdo con sus palabras, única- que encontró Hacienda para incrementar la disponibilidad de recursos por parte de los Ayuntamientos.

Pero, ahora, la suspensión de las reglas fiscales por parte del Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir a sus remanentes de tesorería sin que sea de aplicación la restricción del déficit. Las entidades locales, y también las comunidades autónomas, podrán destinar su superávit a otros fines que no sean la amortización de deuda, como establece la ley de estabilidad presupuestaria, popularmente conocida como Ley Montoro, que fue aprobada en el año 2012. Además, los objetivos de estabilidad presupuestaria no actuarán como límite a las inversiones financieramente sostenibles.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha valorado muy favorablemente que ahora los ayuntamientos y el resto de entidades locales, incluidas las diputaciones, podrán usar sus remanentes sin ningún límite, ni por regla de gasto ni por el que establecía la norma de la estabilidad presupuestaria. Ello, ha afirmado Caballero, hará posible que se movilicen en torno a 14.000 millones, que es el volumen en que se calcula el total de los remanentes disponibles de los ayuntamientos. «Ahora se van a utilizar porque se nos permite entrar en déficit. Esta es una gran noticia», afirmó Caballero, que recordó que los municipios llevaban demandando desde 2012 poder gastar sus recursos.

La ministra Montero se había escudado hasta el momento en que tanto la ley de estabilidad presupuestaria como la Constitución prohibían a los ayuntamientos incurrir en déficit. Pero las medidas adoptadas este miércoles, que entrarán vigor una vez el Congreso de los Diputados aprueben la senda del déficit con vistas a los presupuestos de 2021, implican que se abre la puerta a que los municipios puedan entrar en una situación de desequilibrio fiscal.

De acuerdo con Caballero, las conversaciones continuarán con Hacienda en lo sucesivo, porque quedan pendientes de negociar cuestiones tales como la actualización de las entregas a cuenta, el fondo para compensar la caída de los ingresos del transporte público y las ayudas por valor de 5.000 millones de euros, a las que no renuncian.

La decisión de suspender las reglas de estabilidad presupuestaria, afirma el Gobierno, va en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo y «tiene el objetivo dar a las administraciones públicas todos los instrumentos posibles para luchar contra la pandemia y proteger a las familias y las empresas», según argumenta Hacienda en un comunicado.

La Comisión Europea y el Consejo aprobaron el pasado marzo activar la cláusula general de salvaguarda, que se mantendrá activa no sólo para este año, sino también para 2021. Ello implica que no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, pero hace posible a los Estados miembros dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) había insistido al Gobierno en numerosas ocasiones a acogerse a esta posibilidad para hacer frente a la gestión de la pandemia, que implica un incremento importante de los gastos por los programas de protección social y empresarial puestos en marcha, al tiempo que merma los ingresos públicos como consecuencia de la reducción de la actividad económica. Justo este miércoles el Banco de España ha revelado que la deuda sobre el PIB cerró el primer semestre del año por encima del 110%, un nivel récord. Y diversos organismos proyectan un término de ejercicio con esta rúbrica en niveles próximos al 120% del PIB.

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Lunes, 21 Septiembre 2020 17:53

Calviño aboga por extender los ERTE

CANARIAS 7
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha aclarado que el futuro de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) debería pasar por cubrir a las empresas «que realmente lo necesitan, que no puedan reactivarse o no puedan abrir». Con ello, ha descartado que el sistema de protección se extienda a partir del 30 de septiembre «a todo un sector» económico, como plantean los agentes sociales, e incluso se mantengan en términos generales activos.

Calviño ha expresado esta idea en una entrevista en TVE en la que ha indicado que el Ejecutivo quiere «asegurarse de que con los ERTE se cubre a las empresas» que verdaderamente se encuentren en dificultades por la situación económica que viven. Es decir, en función de términos como la caída de la facturación y otras variables, frente a que los ERTE abarquen un sector completo -por ejemplo, la hostelería- independientemente de que unos bares vayan mejor que otros.

En cualquier caso, es el Ministerio de Trabajo el que se encuentra negociando con la patronal y los sindicatos el futuro de este sistema de protección, puesto en marcha en marzo con el estado de alarma, y que expira a finales de mes. Calviño ha recordado que el sistema ha servido para proteger masivamente el empleo, que de los más de tres millones de beneficiados quedna unos 750.000, y que cada día salen de los ERTE entre 4.000 y 5.000 trabajadores.

La titular de Economía también se ha referido a la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado y a algunas de las medidas fiscales que podría incluir el proyecto de cuentas públicas. Calviño ha pasado por encima de una subida de impuestos, y en concreto sobre el alza de Patrimonio, como defiende Unidas Podemos, para gravar más a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo. «No hay ninguna decisión tomada», ha indicado, aunque a continuación ha aclarado que España necesita unos Presupuestos «que acompañen en la recuperación económica y de empleo». Por ello, sí ha reconocido que «puede haber ajustes en algunas bonificaciones fiscales que no estén cumpliendo con lo deseable», si esa medida no afecta a la recuperación. En el objetivo de muchos analistas se encuentra la desgravación por aportaciones a planes de pensiones, una de las más cuestionadas en los últimos meses.

También ha defendido la integración de Bankia en CaixaBank, anunciada oficialmente el pasado viernes por ambas entidades financieras. Calviño considera que es la mejor de las opciones posibles para «maximizar» la recuperación de las ayudas que el Estado inyectó en Bankia en 2012, por más de 22.000 millones de euros. «Nuestro análisis es que las perspectivas del beneficio que generará el nuevo banco sean superiores a cuando Bankia estaba separada de CaixaBank», ha indicado la ministra.

Además, ha recordado que la participación del Estado en el nuevo grupo será de un 16%, «superior a la que estimaban los analistas», y que Bankia se ha revalorizado casi un 40% desde que se anunció el inicio de las negociaciones a principios de septiembre. También se ha referido al futuro de las plantillas apuntando que espera que los ajustes que realice el banco sean pactados con los sindicatos, como CaixaBank y Bankia lo habían hecho hasta ahora, para evitar salidas traumáticas de empleados.

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