Viernes, 03 Julio 2020 16:47

El expresidente de Canarias vuelve al Supremo

CANARIAS 7
El expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, tendrá que responder nuevamente ante el Tribunal Supremo por su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna durante los años 2008 a 2015
El expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, tendrá que responder nuevamente ante el Tribunal Supremo por su gestión al frente del Ayuntamiento de La Laguna durante los años 2008 a 2015, según informa Canarias Ahora. La jueza de Instrucción 4 de esa ciudad, Ana Serrano-Jover, acaba de mandar al alto tribunal una pieza separada del conocido como caso Reparos en el que figura Clavijo como responsable de 47 expedientes que la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que pueden señalarlo como autor de un delito de prevaricación continuada. Además, ha citado a declarar en su juzgado a otras nueve personas, entre ellas el último alcalde de CC en la Corporación lagunera, José Alberto Díaz.

Esta nueva causa, que lleva dormida en Instrucción 4 más de dos años a pesar de sucesivas ampliaciones de la denuncia original, se reactiva ahora después de un demoledor informe de la representante del Ministerio Público, que aprecia la comisión de al menos un delito de prevaricación continuada en las diez personas que, bien en su condición de alcaldes, concejales o gerentes de organismos autónomos del Ayuntamiento, levantaron reparos de los habilitados nacionales por los que, por regla general, prorrogaban contratos y concesiones sin título legal alguno y contraviniendo los informes negativos, señala el citado periódico digital.

Fernando Clavijo consiguió hace tan solo dos semanas que la Sala Segunda del Supremo sobreseyera la causa que contra él envió otro juzgado de La Laguna, el de Instrucción 2, por el llamado caso Grúas, al no apreciar el alto tribunal la comisión de los delitos de prevaricación y malversación que la Fiscalía Anticorrupción había detectado. El auto de archivo está recurrido en estos momentos por los denunciantes después de descubrir que el ponente, Manuel Marchena, no había recibido una exposición razonada que incluyera las últimas diligencias practicadas por la jueza instructora ni un demoledor informe de casi 150 folios de la fiscala María Farnés Martínez que describía cómo habían operado los imputados -entre ellos Clavijo- en torno a la concesión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la segunda ciudad tinerfeña.

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