Viernes, 13 Abril 2018 18:17

Negrín culpa al Parlamento de los males de RTVC y alerta de que la televisión puede irse a negro el 1 de julio

Canarias Ahora.

En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara, Santiago Negrín defiende su actuación en el concurso de informativos, puesta en entredicho por la letrada del consejo rector y por un juez

El presidente de Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha responsabilizado al Parlamento de Canarias de la situación de “tensión e inestabilidad” que vive desde hace meses ese ente público mediante una carta recibida este jueves por la presidenta de la Cámara, trasladada a los grupos parlamentarios unas pocas horas antes de que se reuniera la comisión de control que descalificó mayoritariamente sus últimas decisiones en torno al polémico concurso de informativos para la Televisión Pública, dotado con 144 millones de euros.

La carta expone la visión que de la situación del órgano tiene su presidente, que en ningún momento hace el menor ejercicio de autocrítica. Muy al contrario, además de culpar a las fuerzas parlamentarias, a las que acusa de no haber aprobado el mandato marco que mandata la ley, Negrín se queja de que ninguna de ellas le haya aportado “cualquier otra solución para evitar el impacto en la televisión pública y en su plantilla de la situación improrrogable a partir del 30 de junio de 2018”.

En esa fecha, recuerda Negrín, acaba la prórroga otorgada a la actual concesionaria de servicios informativos de TVC (Videoreport Canarias), y si para entonces no se ha adjudicado el accidentado concurso que ha motivado esta carta, la televisión pública “se iría a negro” porque ·carece de medios técnicos y sin esta contratación externa no hay cámaras, ni controles de realización, ni platós, ni tan siquiera un edificio propio en el que restar este servicio público fundamental que tanto hace por la vertebración de nuestra tierra”.

El presidente de RTVC advierte a la presidenta del Parlamento de que si no se resuelve ese problema antes del 30 de junio se verán afectados los 214 trabajadores de Videoreport y los que emplean las productoras que prestan servicio a la televisión pública, lo que según sus cálculos eleva la cantidad de afectados a 700 personas. Estas advertencias se producen en el momento en el que Negrín y su equipo directivo se encuentran acorralados al aflorar informes, decisiones administrativas y resoluciones judiciales que, como mínimo, cuestionan la gestión de los dos últimos concursos que él ha promovido: el de informativos y el de transporte de señal de la radio y la televisión.

Sin embargo, Santiago Negrín defiende su actuación en el polémico concurso de informativos al afirmar que sus actuaciones “han sido en todo momento avaladas por informes jurídicos y con el único objetivo de defender el interés público”. En este punto hace mención a informes de los abogados del Estado Martín Orozco y Carlos Cabrera, pasando por alto que el primero abandonó su puesto de asesor del ente por profundas discrepancias precisamente en relación a este concurso, y que los informes con los que el segundo impulsó los pliegos del concurso dieron lugar a que se declarara desierto por la mesa de contratación al detectarse errores de los licitadores provocados por su oscurantismo y ambigüedad.

Tampoco hace la más mínima referencia Negrín en su carta a las advertencias que ha recibido por parte de la secretaria-letrada del consejo rector que él preside, que le previno seriamente en la última sesión de que estaba incurriendo en fraude de ley al sustituir aquel concurso -abierto y declarado desierto- por otro -el actual- negociado, sin publicidad y restringido únicamente a las tres empresas anteriormente licitadoras. Del mismo modo que no se recoge en la carta la más mínima mención al auto de un juez de lo contencioso-administrativo que el pasado día 9 suspendió cautelarmente aquella convocatoria inicial por considerar que el presidente de RTVC es manifiestamente incompetente para erigirse en órgano de contratación, como ha hecho en estos dos concursos Santiago Negrín.

De su repertorio de acusaciones no escapa la vocal del consejo rector María Lorenzo, nombrada por el Parlamento a propuesta del PSOE, a la que reprocha haberse abstenido en acuerdos clave de su gestión. Lorenzo ha sido la única consejera que hasta el momento ha venido advirtiendo de las presuntas ilegalidades que jalonan la gestión de Santiago Negrín, muchas de ellas coincidentes con las que ha formulado la secretaria del consejo rector.

El lamento más curioso que profiere Negrín se encuentra en el tercer párrafo de su larga carta de tres folios: “Quiero dejar constancia igualmente del escaso interés que han mostrado sus señorías por la denuncia presentada por mí ante la Fiscalía, en contraste con la celeridad con la que se me insta a comparecer por la información publicada en cualquier medio”. Se refiere a la denuncia que interpuso contra Canarias 7 y Diario de Avisos por informaciones que dijo le producían el efecto de sentirse presionado. Nada más se supo de ella una vez interpuesta.

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