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CANARIAS 7
El plan de inversiones del Cabildo para reactivar la isla destina 10 millones a San Bartolomé de Tirajana. El mercado y la piscina municipal recibirán 3,57 millones a través del Consorcio del Sur.
El Cabildo espera iniciar antes de que acabe el año, a través del Consorcio de Maspalomas, la veintena de obras que financiará en San Bartolomé de Tirajana por valor de 10 millones de euros con su programa de inversiones para la reactivación económica y social de la isla dotado con 100 millones.

La transformación del Mercado Municipal de Maspalomas, el segundo sitio más visitado del municipio por los turistas después de las playas y a la que se dedican 3,2 millones, y el acondicionamiento paisajístico del oasis-palmeral para darle continuidad al parque Tony Gallardo, en lo que se emplearán 2 millones, son las dos actuaciones más caras del plan.

El paquete de inversiones incluye obras de asfaltado, accesibilidad, embellecimiento, alumbrado y rehabilitación en los espacios públicos de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, pero también intervenciones en edificios municipales, caso del mercado y la piscina Néstor Hernández de San Fernando, donde se gastarán 370.000 euros para su climatización. Además, pagará el alumbrado navideño, dotado con 220.000 euros.

Para adaptar las 78 playas del municipio a la crisis sanitaria provocada por la covid-19 se reservan 120.000 euros, con los que serán dotadas de megafonía, cámaras web y señalización de acceso y salida.

La rehabilitación del paseo de Meloneras, el embellecimiento de la GC-1 a la altura de El Veril, el acondicionamiento del aparcamiento de Playa del Águila y un programa de asfaltado, alumbrado y mejora de la accesibilidad en Playa del Inglés son otras obras previstas.

En la presentación del plan, el presidente del gobierno tripartito del Cabildo, Antonio Morales, confió en que ayude a la recuperación de la actividad, el empleo y el sector turístico y destacó la colaboración con el cuatripartito del Consistorio sureño. Para la alcaldesa, Concepción Narváez, es fruto de «la lealtad y el trabajo y esfuerzo de las dos administraciones».

NUEVA GERENTE

 

La nueva gerente del Consorcio de Maspalomas, María de las Nieves Estévez Sánchez, tomará posesión la próxima semana para reemplazar a quien viene ocupando el cargo desde septiembre de 2011, César Muñoz, quien se retirará a los 74 años de edad.

 

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CANARIAS 7
El juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha señalado para el próximo 11 de junio, a partir de las 15:30 horas, la declaración en sede judicial de siete testigos en el marco de la investigación por las concentraciones del 8 de marzo en Madrid y otros actos autorizados por la Delegación del Gobierno, entre el 5 y el 14 de ese mes.
En la misma providencia de declaración, la juez Carmen Rodríguez-Medel admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios, representada por José María Mena, si bien condicionada a la presentación de poder especial y prestación de mil euros en concepto de fianza.

Además, la instructora deniega tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que «sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados». En cambio, el delegado José Manuel Franco sigue investigado por presunta prevaricación.

No está denunciado
En relación con el director de Emergencias Fernando Simón, la juez hace saber al denunciante que el procedimiento no se dirige contra él y que, «por el contrario, al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid) tienen asuntos ya registrados en trámite contra Simón indiciariamente recogidos en la ampliación de la denuncia, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste».

Por último, deniega la personación en la causa de Javier Fernández Torres, al no cumplir el escrito de personación con los requisitos exigidos en la ley, y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con los requisitos legales exigidos para personarse como acusación popular y por dirigir su acusación contra el doctor Fernando Simón, «que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento»

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LA PROVINCIA
La presidenta del Partido Popular (PP) de Canarias, Australia Navarro, ha reiterado este jueves que no firmará el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias porque sin ficha financiera el documento es "inviable y un fraude a los canarios".

Australia Navarro, la también portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, se pregunta en un comunicado por la razón de que el presidente Ángel Víctor Torres "haya renunciado desde el minuto uno" a conseguir por escrito el aval financiero del Gobierno de España para la reactivación de Canarias "cuando el Ejecutivo de Sánchez no tiene ningún reparo en comprometerse por escrito con Bildu para concederle, por ejemplo, peticiones que el Gobierno de Canarias lleva reclamando meses sin éxito".

"La pregunta que el presidente Torres debe contestar el próximo sábado, si al final se firma el pacto, es por qué el presidente Sánchez y el PSOE no tienen reparos en comprometerse por escrito con Navarra y el País Vasco para mejorar su capacidad económica ante la crisis del coronavirus y no pueden hacerlo con la reactivación económica y social de Canarias", insiste Navarro.

Por ello acusa a Torres de plantear un "pacto trampa" al convertir "el pacto por la reactivación de Canarias en el pacto por la reactivación del Gobierno de Canarias cambiando de manera unilateral las reglas de juego a última hora".

"Lo que en principio iba a ser un plan de choque, el presidente Torres lo ha convertido en un pacto de legislatura encubierto hasta 2023, más dirigido a proteger su gobierno que a impulsar la economía de las islas, con un programa para someter a la oposición política y obtener de otras organizaciones de la sociedad canaria su aplauso para transitar en los próximos años en una Arcadia feliz", afirma la líder popular.

Asegura también la presidenta de los populares canarios que la última propuesta de Pacto presentada por el Gobierno de Canarias parece redactada "ex profeso" para expulsar al Partido Popular de las negociaciones.

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CANARIAS 7
El Gobierno incorpora en la segunda versión las aportaciones de las corporaciones locales para reactivar la economía de Canarias y coincide así con la cifra que puso Nueva Canarias. Se plantea que haya un plan plurianual que dure hasta 2023
De los 14.249 millones de euros hasta los 18.522 millones. Es lo que ha crecido el coste del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias entre su primera y segunda versión, ambas enviadas por el Gobierno autonómico a los grupos parlamentarios, tercer sector y las organizaciones sindicales y empresariales mayoritarias.

La última cifra fue aportada por Nueva Canarias (NC) -su presidente es también el consejero de Hacienda del Gobierno- al corregir el primer documento de negociación. Lo hizo, según explicó en su día este partido, al incorporar las aportaciones de cabildos y ayuntamientos, algo que no se produjo inicialmente. Así, 1.960 millones corren a cargo de los cabildos, 2.273 millones son los ayuntamientos, 7.207 millones el esfuerzo que corresponde al Gobierno autonómico y 3.163 millones, al del Estado. El resto, hasta 3.919 millones figuran asignados a «fondos privados».

En consecuencia, las partidas que en el primer borrador del pacto adjudicadas al Gobierno autonómico y al central disminuyen en 1.500 y 2.374 millones de euros, respectivamente en la última versión del pacto que ha sido reelaborada.

En la carta que acompaña al documento -sin firmar y con el único membrete del Gobierno de Canarias- se pide a los que fueron llamados a suscribir el pacto a que envíen sus últimas observaciones antes del jueves 28, «con el objeto de poder contar con el documento finalizado y proceder a su firma en el Parlamento de Canarias el próximo sábado 30 de mayo».

De momento, siguen sin figurar la planificación de medidas que propuso Coalición Canaria, la bajada generalizada de impuestos planteada por el Partido Popular y, sobre todo, la garantía del marco financiero que los conservadores junto con Ciudadanos exigen para secundarlo.

En cambio, sí se marca el carácter «plurianual» que tendrá el plan derivado de este pacto, cuya duración se plantea hasta el año 2023.

Aunque se vuelve a incorporar un cuadro económico, se reitera que el pacto «enmarca los principales compromisos y las líneas generales de consenso, pero será el plan en donde se definan las actuaciones concretas, así como su marco presupuestario»; se borró el compromiso de que el coste de cada una de las medidas irán cuantificadas.

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CANARIAS 7
El Cabildo de Gran Canaria adquiere con un millón de euros los excedentes de agricultores y ganaderos. La distribución de las cestas comenzará esta semana y serán entregadas cada dos semanas durante dos meses en 179 centros educativos de 20 municipios. Cada cesta tendrá 14 kilos de verduras, frutas, huevos, leche y quesos por valor de 30 euros.
El Cabildo de Gran Canaria entregará desde esta semana 330.000 kilos de alimentos del sector primario a casi 6.000 familias con ‘cuota cero’ en los comedores escolares de la Isla que serán distribuidos en 179 centros educativos cada dos semanas y durante dos meses.

La Institución insular ha destinado una partida de un millón de euros para adquirir los excedentes de los productos de la tierra y elaborar las cestas de 14 kilos cada una por valor de 30 euros aproximadamente, explicó el consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo.

Cada cesta tendrá leche, quesos frescos y semicurado, una docena de huevos, y frutas como papaya, plátanos y melones, además de verduras, entre ellas, lechuga, pepinos, tomates, papas y calabacín, en función de los productos disponibles.

Debido a que algunos de los alimentos necesitan mantener la cadena de frío, las cestas serán entregadas en dos lotes. Las frutas, verduras, huevos y queso semicurados serán distribuidas directamente en los centros educativos, mientras que para el resto de productos los usuarios recibirán un bono para canjear con el proveedor de quesos y leche para que se los entreguen en sus domicilios, previa solicitud por teléfono.

Esta iniciativa cumple dos funciones, por un lado adquirir los excedentes de productos de agricultores y ganaderos por el cierre de sus canales habituales de venta, lo que conlleva importantes pérdidas para el sector, y por otro, suministrar alimentos frescos y nutritivos a los escolares que tienen acceso gratuito a los comedores escolares, cerrados desde la declaración del estado de alarma.

Se trata de una de las acciones del denominado Programa Sector Primario Social que ha creado el Cabildo de Gran Canaria con una partida de 1,5 millones de euros. De ellos, 1 millón va destinado a estos alimentos para las familias de ‘cuota cero’, mientras que los otros 500.000 euros permitirán entregar 24.000 kilos semanales de comida durante cuatro meses a cinco ONG para los comedores sociales y para los usuarios, una acción que comenzó hace dos semanas para atender a 7.400 personas vulnerables.

Distribución de alimentos de ‘cuota cero’

Debido a la complejidad de la logística, el Cabildo ha contratado a diversas entidades para la compra de los excedentes, su almacenamiento, empaquetado y transporte para que puedan realizar las entregas en el plazo establecido. En esta acción participan GMR Canarias, la Cooperativa Cosecha Directa y la Asociación de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria.

La distribución de cestas, una acción que ejecuta Sector Primario en coordinación con la Consejería insular de Política Social y la Consejería regional de Educación, será realizada en las instalaciones de los centros educativos de los municipios, excepto en Artenara donde no hay escolares ‘cuota cero’.

Para esta distribución ha sido diseñando un cronograma para la apertura las instalaciones educativas, la coordinación con su personal y la autorización a los tutores para la recogida de los lotes con todas las medidas de seguridad. Además, el Cabildo contará con la colaboración de Protección Civil y Cruz Roja para agilizar las entregas.

El Cabildo ha habilitado el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para que los beneficiarios, proveedores, directores de los centros y demás participantes de esta iniciativa puedan interaccionar para una mejor coordinación.

Este Programa de Sector Primario Social forma parte del Plan de Reactivación Económica de Gran Canaria, un paquete de medidas para reforzar los servicios esenciales, apoyar a las personas más vulnerables y reactivar la economía de Gran Canaria que activó el Cabildo desde la declaración del estado de alarma para contrarrestar los efectos socioeconómicos de esta situación.

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CANARIAS 7
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido y aprobado más de 3,4 millones de prestaciones de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde el inicio de la crisis sanitaria el pasado mes de marzo, que ya han sido abonadas a los beneficiarios.
Se trata de más del 98% de todas las prestaciones por este tipo de expedientes laborales que el Gobierno flexibilizó para evitar los despidos y mantener así la fuerza laboral una vez concluyan todas las fases de desescalada, según informó el SEPE.

"El ritmo de reconocimiento actual en el SEPE ha recuperado la normalidad, prácticamente no hay prestaciones pendientes de reconocer más allá de las que estamos subsanando por errores detectados en sus datos y las que han entrado diariamente nuevas, que se están reconociendo", señala el director general del organismo público, Gerardo Gutiérrez Ardoy.

El SEPE asegura así que los errores detectados son ajenos a su servicio y se trata, habitualmente, de fallos en los números de documento de identificación de los trabajadores o en otros datos de la información relativa a los propios trabajadores incluidos en los ERTE.

De hecho, a raíz del acuerdo alcanzado con las entidades financieras, las prestaciones pendientes ya están siendo abonadas este mismo mes de mayo, por lo que los beneficiarios no tendrán que esperar hasta el día 10 de junio para cobrar la prestación, como se venía haciendo históricamente en el SEPE.

De esta forma, todas las prestaciones pendientes se abonarán en el mes de mayo. Este convenio, firmado con las entidades financieras y publicado este mismo mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma al acuerdo ya alcanzado en abril para adelantar a principios de mes el pago habitual de la prestación.

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Miércoles, 20 Mayo 2020 16:46

Sánchez derogará la reforma laboral

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en el Congreso su "compromiso de investidura" de derogar la reforma laboral de 2012, que "permanece indeleble", ha dicho, y que espera poder lograr con un "gran acuerdo" de fuerzas "progresistas" una vez supere la crisis por la pandemia del virus Covid-19.
Antes, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, había asegurado que su formación negocia con el Gobierno la derogación "íntegra" de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy, y que esperaban poder cerrar el acuerdo este mismo miércoles, en el marco de la negociación de su sentido de voto a la prórroga del estado de alarma que se vota hoy en el Congreso.

Sánchez ha replicado agradeciendo la abstención de EH-Bildu, remitiendo esta derogación a un "compromiso de investidura" y que la intención del Gobierno una vez se supere esta situación de "emergencia sanitaria", algo que espera "cuanto antes", es "retomar las prioridades de la legislatura". De hecho, la derogación de la reforma laboral estaba incluida en el pacto de gobierno con Unidas Podemos.

Asimismo, ha dicho que para ello cuenta con poder alcanzar un "gran acuerdo" con las "fuerzas progresistas", y por ello ha cuestionado las críticas a su negociación con Ciudadanos para sacar adelante esta prórroga, pues considera que "este no es el debate"

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Miércoles, 20 Mayo 2020 16:45

Paquete de recomendaciones de Bruselas a España

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Un paquete de recomendaciones inédito, totalmente reorientado al shock social y económico provocado por el patógeno letal. La Comisión Europea readapta su informe económico semestral a las consecuencias del coronavirus, que ha colocado en jaque a todos los Estados miembros.
Y las recetas que aporta se guían por un doble objetivo: mitigar sus consecuencias a corto y medio plazo y relanzar el crecimiento sin perder de referencia la transición verde y la transformación digital. Una fotografía que nada tiene que ver con la del informe de febrero, cuando la cota de empleo en la UE era las más elevada de la última década, se mantenía la inercia de expansión del PIB pese a las tensiones comerciales, y España aportaba un porcentaje de crecimiento superior a la media.

Con la cláusula de escape activa, con la mano abierta a que los Estados hagan el esfuerzo que sea necesario sin atender a las reglas de déficit (el techo del 3%) y endeudamiento público (recomendado en el 60% del PIB), se anima a todos a mantener las políticas de apoyo fiscal para salir de la más grave recesión desde 1929. Y en el caso de España se le emplaza de manera específica a «fortalecer la capacidad de recuperación» y respuesta de su sistema sanitario, prestando especial atención «a los trabajadores, a la disponibilidad de productos médicos «críticos» y, en definitiva, a la propia «infraestructura» de una red de salud que ha estado pensionada al límite durante semanas por los latigazos del coronavirus.

En materia de empleo, también sugiere al Gobierno medidas para preservarlo, incluso con «incentivos efectivos de contratación y desarrollo de habilidades», prestando especial asistencia a los «trabajadores atípicos». Y poner el foco en «la cobertura y la adecuación de los esquemas de ingresos mínimos y el apoyo familiar», así como en el «acceso al aprendizaje digital».

Garantizar la aplicación efectiva de medidas para proporcionar liquidez a pymes y autónomos; inversión pública y apoyo a la privada con la referencia en la transición verde y digital (investigación e innovación, energías limpias, gestión del agua y los residuos o transporte sostenibles), son otras de las recomendaciones dirigidas a España. Cuando las condiciones económicas lo permitan, matiza Bruselas, el Ejecutivo debería «aplicar políticas destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que mejora la inversión».

Pero, de momento, eso último queda congelado. Y en consecuencia, también todos los procedimientos reglados de advertencia o sanción por saltarse unas normas que el coronavirus ha obligado a relegar. Así que la Comisión Europea subraya con carácter general que «a la luz de la excepcional incertidumbre relacionada con el extraordinario impacto macroeconómico y fiscal de la pandemia, en este momento no debe tomarse una decisión sobre procedimiento de déficit excesivo». Lógico. España, Italia, Francia, Bélgica, Chipre y Grecia son ya los señalados. Se saltarán la regla de oro del 3%.

Pero las circunstancias «no son normales», así que el brazo corrector no caerá sobre ninguno de ellos. De momento. ¿Cuándo lo haría? «No hay fecha porque el nivel de incertidumbre es elevado. Se desactivará (la cláusula) cuando se llegue a las condiciones necesarias. Y teniendo en cuenta la posición de partida de los Estados miembros, pueden ser divergentes así que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de comprometer los nuevos objetivos», ha señalado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

«Las medidas de contención (el confinamiento y las restricciones) han asestado un golpe brutal a las economías europeas. Estas recomendaciones reflejan esa situación sin precedentes. Las prioridades de hoy son fortalecer nuestra atención médica, apoyar a nuestros trabajadores y salvar nuestros negocios», ha remarcado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

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El Gobierno ha pactado con Ciudadanos la quinta prórroga del estado de alarma de solo 15 días en vez de un mes.
Pedro Sánchez quería que el estado de alarma acabara el próximo 27 de junio. Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y las dudas de sus socios de investidura han provocado que tenga que cambiar la fecha límite. El Ejecutivo y Ciudadanos han cerrado un acuerdo para aprobar una nueva prórroga de solo quince días, como las anteriores.

En este tiempo, el Gobierno se compromete a «analizar las medidas y, en su caso, reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma». El Ejecutivo comunicará además a Ciudadanos las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias.

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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha aclarado algunos términos nuevos de lo que será el ingreso mínimo vital que ultima el Gobierno. Por ejemplo, que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares. Será la propia Administración la que haga «de oficio el reconocimiento de partida que permita arrancar con un número importante de hogares».
Así lo ha indicado Escrivá en una entrevista en RNE, en la que ha puntualizado que ese reconocimiento se realizará «a partir de los datos que tenemos de los hogares vulnerables». Tras su puesta en marcha, el resto de potenciales perceptores lo podrán solicitar y se estima que alcance un millón de familias con problemas económicos en los próximos meses.

Este ingreso vital se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, menos la deuda y excluida la vivienda habitual, aunque sí tendrá en cuenta valor del piso y de si tiene deudas o no. Aunque todavía no son públicos los requisitos en cuanto a límites de renta, ni en cuanto a la propia cuantía mensual de la ayuda.

Escrivá ha explicado que esta renta será aprobada en «el último Consejo de Ministros de este mes» mediante un real decreto-ley, de forma que pueda solicitarse de forma inmediata. Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas y dependerán de la composición del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

La intención del Gobierno es llegar a todo el mundo, eliminando complejidades y mejorando la información a las familias, por lo que estudian sistemas para que pueda ser solicitada por distintos canales, en principio la Seguridad Social, pero también ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas. «Lo importante es tener la mayor capacidad de capilaridad», ha dicho Escrivá, que ha recordado que la medida tendrá un coste entre 3.000 y 3.500 millones.

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