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En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención.

La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona que abran diligencias de investigación --de carácter pre-procesal-- respecto de una lista de alcaldes catalanes de los que se ha tenido conocimiento que estarían colaborando en la preparación del referéndum de independencia del próximo 1 de octubre.

En el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordena a los Mossos que lleven a cabo su detención, según reza el oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza, que indica que las diligencias deben comenzar por los municipios implicados con mayor población.

El oficio de 5 páginas firmado hoy mismo por Maza se refiere concretamente a la relación de municipios que apareció publicada en la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del “referéndum ilegal”. En este punto cita la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, “querellados por estos hechos en otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.

Declararán como investigados
Maza ordena a los fiscales territoriales incoar diligencias de investigación en relación con cada uno de los ayuntamientos que aparecen en dicho listado y que se cite al alcalde por medio de la Policía Judicial “para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de letrado”.

En el caso de que el alcalde citado no comparezca, la orden señala que los fiscales deberán “acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d’Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible”.

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de “los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación” hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de “al menos” los delitos de desobediencia y prevaricación “en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”, ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.

Este último, según advierte Maza en su escrito está penado con hasta 8 años de cárcel e inhabilitación absoluta por hasta 20 años “en cuanto supondría la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas”.

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Miércoles, 13 Septiembre 2017 17:31

Baltar: "Entre plantar y cosechar, regar y esperar"

Canarias 7.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, aseguró hoy que la situación de las listas de espera en Canarias está mejorando, aunque recordó a los grupos del Parlamento regional que «entre plantar y cosechar, existe regar y esperar».

Frente a las críticas del diputado del PP Zacarías Gómez, quien le reprochó que con más medios los resultados sean peores que hace un año, el consejero insistió en que los datos objetivos avalan las actuaciones que se están realizando para reducir las listas de espera, que es el objetivo estratégico de su gestión.

Para mejorar la situación, Baltar señaló que se está trabajando, desde el puto de vista de las entradas en el sistema, en la definición y aplicación de protocolos para la inclusión de pacientes en las listas de espera.

En cuanto a las actuaciones para reducir las listas desde el punto de vista de la respuesta del sistema, el consejero se refirió a la ampliación de jornada fuera de la habitual, la potenciación de la cirugía mayor ambulatoria y resolver los casos mas dolosos por su espera, así como medidas específicas para las listas de espera de consultas.

Los datos de los dos primeros trimestres del año muestran mejoras desde finales de 2016, y no se pueden comparar con los de hace un año porque hubo un grave problema informático que se resolvió en diciembre, explicó.

Baltar se mostró convencido de que los datos del tercer trimestre serán aún mejores que los obtenidos en el segundo.

Sin embargo, Zacarías Gómez Hernández, diputado del PP, le recordó que la sanidad canaria es la peor valorada del país por los propios usuarios, que hay más de 130.000 canarios en lista de espera y que los datos son desalentadores, a la vista de que la demora media en los hospitales es de 174 días, peor que los 162 días de junio de 2016.

Han mejorado ligeramente los datos de las listas de espera quirúrgica de menos de seis meses, pero las cifras de más de seis meses son "un disparate" con respecto a hace un año, agregó.

"Le hemos confiado más fondos y empeoran los resultados. El problema ya no es de recursos sino de quien los gestiona", dijo Gómez, y advirtió a Baltar de que "o toma medidas o esto se le va de madre" porque el consejero "está dilapidando su credibilidad".

En esa línea, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, subrayó que la sanidad canaria dispone de 200 millones de euros más en 2017 y "eso se tiene que notar", lo tienen que percibir los ciudadanos.

También Marcos Francisco Hernández, del PSOE, recordó al consejero que tiene más fondos que su antecesor y la percepción sobre el estado de la sanidad no mejora.

El consejero detalló en su comparecencia que la espera quirúrgica ha bajado un 5,56 por ciento en seis meses, la espera para una primera consulta ha descendido en 312 pacientes y la espera para pruebas diagnósticas ha descendido un 25,33 por ciento interanual.

La actividad quirúrgica aumentó en julio de 2017 un 10,6 por ciento interanual hasta las 8.066 intervenciones.

En cuanto a la demora media, se pasó de 181,58 días a 174,02 en los seis primeros meses del año y el número de pacientes con esperas superiores a 6 meses se redujo en 2.324 personas.

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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) ha acusado este lunes al consejero regional de Sanidad, José Manuel Baltar, de hacer «dejación» en sus funciones con la gestión de las microalgas que han afectado este verano a las costas de las islas.

El colectivo ha tildado de "bochornosa" la actuación del consejero, que "no ha parado de desgañitarse" este verano en defender que las también llamadas cianobacterias no son nocivas para la salud y, por tanto, no suponen un problema de salud pública, al tiempo que no guardan relación con vertidos al mar.

En esa línea, la ADSPC sostiene que la Organización Mundial de Salud (OMS) apunta que "bajo determinadas condiciones ambientales pueden formar floraciones algales, algunas veces con formación de una variedad de toxinas que afectan a los animales y humanos".

Así, expone también que "los factores ambientales que proporcionan desarrollo de floraciones algales incluyen aporte desmedido de nutrientes de las descargas cloacales y fertilizantes, como fósforo y nitrógeno, que ocasionan eutrofización de los cuerpos de agua".

Ve «imprescindible» la movilización ciudadana
La asociación reclama el desarrollo de la Ley General de Salud Pública e insiste en que se precisa acabar con la falta de control sobre la presencia de residuos tóxicos, que hace posible que tanto los acuíferos como las aguas marinas se conviertan en una "fuente notable" para su propagación.

"Se precisa en suma que la Salud Pública sea una auténtica prioridad y no una figura decorativa a la que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no llega a dedicar ni siquiera un 1% de su presupuesto", indica.

Asimismo, ve "imprescindible" la movilización ciudadana y por ello anima a la población a acudir a la manifestación que saldrá el próximo sábado a partir de las 11.00 horas desde la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife.

"Basta de cortinas de humo para tapar la incompetencia y la falta de voluntad de las instituciones públicas, tanto de ayuntamientos, cabildos como consejerías del propio Gobierno de Canarias, para solucionar los problemas que afectan a la Salud de nuestra población", apunta.

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El Gobierno de Canarias centralizará la contratación del servicio de comedores escolares y sacará su licitación por islas y comarcas, tal y como ha recomendado la Audiencia de Cuentas con el objeto de cumplir con el principio de economía y mejorar la transparencia en la adjudicación del servicio.

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno canario, Soledad Monzón, ha explicado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Plan de Comedores Escolares 2017-2020 prevé que se licite y adjudique un acuerdo marco de comedores escolares.

Ha detallado que mediante esta figura se pretende arbitrar la celebración y adjudicación de contratos públicos por parte de los centros docentes en las condiciones fijadas en dicho acuerdo, en lo que respecta a la determinación de los precios unitarios, características del servicio, características y cualidades de los menús.

Una vez licitado el acuerdo marco por parte de la Consejería y, por tanto, preseleccionadas las empresas, los centros docentes deberán convocar, en su caso, una nueva licitación de entre las empresas seleccionadas, con el fin de adjudicar el contrato específico.

El objetivo de esta acción, ha precisado, no es otro que facilitar la gestión de los procedimientos de contratación por parte de los centros docentes, y, a la vez, aumentar la seguridad jurídica de la contratación.

Según ha informado la consejera, en Canarias hay 152 comedores escolares de gestión directa, 132 de gestión mixta y 198 de contratación externa.

El Plan de Comedores Escolares 2017-2020 también incluye la elaboración de un análisis para sabe la disponibilidad que hay en los 330 colegios que no tienen cocina para construirla y sí la comida se pueda elaborar en los propios centros.

No ha precisado en cuántos colegios se podrá instalar cocinas, si bien si bien ha señalado que la intención del Gobierno es estudiar en todos los casos esta posibilidad que dependerá del espacio disponible.

Educación centralizará la contratación del servicio de comedores escolares
Asimismo, este plan, con el fin de facilitar el acceso al alumnado con menores rentas, revisará, de acuerdo a las proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento autonómico, los diferentes tramos de renta que dan derecho a ayudas de mayor o menor cuantía, así como el importe establecido para cada uno de ellos.

La calidad y la seguridad alimentaria son otro de los factores sobre los que incide el Plan y que se ha abordado por el Parlamento de Canarias en forma de Proposición no de Ley.

Además de continuar extendiendo el programa de Ecocomedores escolares y participar en las estrategias de otras organizaciones, en especial del ámbito de la Salud Pública, en las licitaciones e instrucciones de contratación se establecerán las condiciones nutricionales de los menús escolares en función de estándares alimenticios, patologías alimentarias y confesiones religiosas.

También se revisarán los protocolos de actuación y se implementarán las medidas necesarias para mejorar aún más el elevado índice de seguridad alimentaria de los comedores escolares, tanto en la gestión directa como indirecta.

En este contexto, el Gobierno también pondrá a disposición de los empleados de los servicios de comedor nuevas oportunidades para mejorar su formación.

La Consejería de Educación y Universidades configurará un Plan de Formación para los trabajadores y trabajadoras, que tendrá en cuenta las características de las diferentes categorías profesionales y los puestos de trabajo desempeñados por el personal adscrito a los Comedores Escolares de gestión directa de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Una formación que también se exigirá al personal de los comedores de gestión indirecta, ha indicado Monzón, quien ha comentado que la intención de la Consejería de Educación es que este Plan además de velar por una buena alimentación, potencie otros valores educativos y potencie la participación de las familias, como en el resto de las actividades escolares.

Por último, y junto al rol educativo que cumple la familia, el Plan aprovecha el proceso socializador que persigue la escuela, acometiendo en su seno programas de formación y sensibilización de hábitos de higiene y de alimentación saludable.

Programas que no sólo deben ser diseñados e implementados en las aulas, sino también en los comedores escolares, ha señalado la consejera, al tiempo que ha agregado que dichos programas se elaborarán en coordinación con las áreas de gobierno regional con competencia en materia de educación y de sanidad.

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El alto tribunal anula la sentencia del TSJC que consideró que la Fiscalía no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nula la investigación preliminar que realizó la Fiscalía a la juez María Victoria Rosell en noviembre y diciembre de 2015 porque invadió aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados que está reservado al Consejo General del Poder Judicial, y vulneró además el derecho de defensa de la magistrada. El alto tribunal anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que consideró que la Fiscalía no tiene competencias para incoar unas diligencias preprocesales en materia disciplinaria a los jueces.

Para la Sala, sí puede llevarse a cabo ese tipo de investigación siempre que sea muy preliminar y temporalmente se limite a lo estrictamente necesario para determinar si procede o no instar al Consejo General del Poder Judicial la incoación de un expediente disciplinario.

Por ello, considera que el decreto de inicio de las diligencias preprocesales que la Fiscalía de las Palmas abrió a la magistrada Victoria Rosell tras recibir una denuncia anónima fue proporcionado. Sin embargo, anula la investigación porque no se quedó en aspectos preliminares, sino que se excedió e invadió las competencias en materia disciplinaria del CGPJ.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, indica que “las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal no son parte del procedimiento sancionador. Por la propia naturaleza de sus funciones, al Ministerio Fiscal le corresponde el ejercicio de acciones procesales de diversa naturaleza, entre las que se encuentra la de instar la iniciación del procedimiento disciplinario respecto a Jueces y Magistrados. El Ministerio Fiscal insta de los órganos competentes el ejercicio de la potestad disciplinaria, pero en absoluto pueda afirmarse que la ejerza. Las actuaciones que realice el Ministerio Fiscal para verificar si es procedente el ejercicio de la acción, sólo pueden tener como efecto jurídico externo el eventual ejercicio de la acción legal correspondiente, instando la iniciación del procedimiento disciplinario”.

Agrega el TS que ese efecto “en ningún caso puede conectarse con el procedimiento disciplinario como una fase del mismo, como proclama la sentencia recurrida. Cuestión distinta es si en el ejercicio de esta facultad pueden haberse producido extralimitaciones que hayan afectado materialmente derechos fundamentales”, como ocurre en este caso. Las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal, para el alto tribunal, deben respetar los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa y en ningún caso su contenido debe ser de tal naturaleza que pueda condicionar el eficaz ejercicio del derecho de defensa en el ulterior del procedimiento disciplinario.

Por ello, no podrán tener por objeto acopiar material probatorio, y mucho menos preconstituir prueba que sea característica y elemento sustancial de la fase de prueba del ulterior procedimiento disciplinario. Debe tratarse, en todo caso, “de una investigación marcadamente preliminar, que debe concordar en forma proporcionada con las competencias exclusivas en materia disciplinaria”, destaca la sentencia.

El Fiscal jefe de las Palmas abrió las diligencias procesales a la magistrada el mismo día que en la Fiscalía se recibió una denuncia anónima sobre la existencia de un contrato firmado entre una entidad vinculada a la Unión Deportiva Las Palmas y otra empresa, en cuyo nombre actuaba la pareja sentimental de la magistrada. El objeto de esta investigación era valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria por parte de la magistrada al no haberse abstenido en una causa penal abierta en su juzgado por una querella de la Fiscalía contra el presidente de dicho club de fútbol.

El Tribunal Supremo también discrepa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en que no hubo vulneración del derecho al sufragio de Victoria Rosell, que en aquella fecha era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, derivada de la actuación de la Fiscalía al emitir una nota informativa sobre las diligencias. La sentencia destaca que dicha vulneración no existe, entre otras razones, porque la magistrada obtuvo su escaño.

Voto particular discrepante
La sentencia incluye un voto particular discrepante del magistrado Pablo Lucas, al que se adhieren los magistrados José Luis Requero y Pilar Teso, en el que sostiene que la sentencia transforma el artículo 5.3, referido a diligencias preprocesales -claramente penales y, por tanto, no disciplinarias- en fuente habilitadora de facultades de investigación del Ministerio Fiscal en materia disciplinaria sobre los jueces. En su voto, afirma que la Constitución no encomienda ningún cometido instructor al fiscal en materia de régimen disciplinario a jueces y magistrados, y, de acuerdo con ella, si el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de hechos de posible trascendencia disciplinaria imputables a un juez o magistrado, como ocurrió en este caso, la única actuación que le cabe es ponerlos en conocimiento del CGPJ.

Los magistrados discrepantes explican que su discrepancia con la mayoría se debe a que a la condición de mero denunciante del fiscal o, ya dentro del propio procedimiento disciplinario, de defensor de la legalidad, la sentencia añade la de investigador, aunque sea preliminar, de conductas de jueces y magistrados susceptibles de ser corregidas disciplinariamente, apoderándole para llevar a cabo diligencias que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial reserva, de manera coherente con la Constitución, al CGPJ.

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Martes, 11 Julio 2017 18:15

CC y PP retoman negociaciones

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Asier Antona, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que hay voluntad por parte de Clavijo, quien no ha querido hacer declaraciones a los periodistas, de "analizar, sacar números e intentar conciliar" una reforma fiscal integral aceptada por las dos partes en la que se hablará del IGIC, IRPF y otras figuras impositivas.

En este sentido, ha precisado que "el PP va a defender siempre el alivio fiscal", es decir, bajar la presión fiscal y los impuestos, porque considera que es bueno devolver el esfuerzo que los ciudadanos han hecho durante la crisis económica.

El presidente del PP ha anunciado que en los próximos días los equipos negociadores de ambos partidos se volverán a sentar con el fin de llegar a un pacto de gobierno antes del 19 de julio, que es "la fecha de caducidad" que ha puesto el PP.

En caso de que no se llegue a un pacto antes de ese día, que se celebrará el último pleno antes de las vacaciones, el PP se quedará en la oposición "con todas las consecuencias" sin dar apoyo externo al Gobierno.

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Canarias 7.

El gobierno de Telde ha desistido finalmente de elaborar un presupuesto para 2017, por lo que seguirá con las cuentas de 2015 prorrogadas. El objetivo es ahora centrarse en la preparación del documento de 2018. El pacto le trasladó ayer la decisión a los partidos de la oposición.

Pese a tener un borrador elaborado desde diciembre de 2016 y anunciar semanas atrás que iba a empezar a negociar con la oposición para conseguir su apoyo, el gobierno comunicó ayer a los portavoces la decisión de no hacer un presupuesto para este año y avanzar en cumplir los plazos para sacar adelante el de 2018. El cambio de parecer se tomó tras un informe de la interventora, en el que recomienda trabajar ya en el del próximo año teniendo en cuenta la base legal, los tiempos y los documentos que se tienen que incluir. Si se continuaba con el de este año, no podría ratificarse hasta octubre.

La habilitada nacional contempla para el próximo ejercicio, además, un escenario mucho más favorable que el actual, teniendo en cuenta que este año acaba el recorte y la restricción que tiene el municipio por haberse sometido en 2012 a un Plan de Ajuste. Esta cortapisa limitaba más aún el gasto que tienen restringidos todas las administraciones. «Esa vuelta del cinturón no la tendremos en 2018», puntualizó ayer la edil de Economía y Hacienda, Celeste López. Además, según las previsiones, el Estado podría aumentar en un 0,2% el techo de gasto. «Hacer un presupuesto en 2017 supone un doble corsé», apuntó la alcaldesa, Carmen Hernández. Y por eso han desistido.

Motivación
La primera regidora explicó ayer a los medios de comunicación que el interés que tenía el gobierno en hacer un presupuesto venía motivado para afrontar dos asuntos fundamentales: una propuesta de plan de pago razonada a los juzgados para abonar a proveedores y destinar recursos a necesidades básicas del municipio. Sin embargo, destacó que el trabajo realizado por Tesorería e Intervención ha podido resolver esta cuestión para este año al conseguir una partida, gracias a la amortización de créditos, que permitirá afrontar una de las principales preocupaciones del pacto.

Partida
El presupuesto del Ayuntamiento es el prorrogado de 2015, cuando se contemplaba el pago anual de 12 millones de euros por los créditos ICO que se solicitaron en el mandato anterior. Sin embargo, el abono en 2017 ronda los 9 millones tras las amortizaciones, por lo que queda una importante diferencia. A través de modificaciones de crédito, que el pacto tiene previsto llevar a pleno en el mes de julio, se utilizarán para cuestiones que la alcaldesa, Carmen Hernández, considera esenciales. De esa cantidad, dos millones irán destinados al plan de pago para pagar sentencias firmes a proveedores (que ronda los 10 millones) y parar la «sangría» de los intereses que impone la Justicia por el retraso. El cronograma de abono aún no está cerrado, pero se tendrá que pactar con los seis juzgados de lo Contencioso Administrativo para que le de el visto bueno. Aún se tiene que decidir el criterio para la liquidación.

El millón restante se usará para cubrir necesidades básicas o servicios esenciales. Por ejemplo, según puntualizó la primera regidora, se reservarán para el mantenimiento de los colegios, para mejorar las infraestructuras deportivas o incluso para dotar de servicio de vigilancia y socorrismo a playas como Tufia u Ojos de Garza. Las diferentes concejalías harán las peticiones y el montante se repartirá entre las áreas.

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Canarias Ahora.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha respaldado este jueves el acuerdo entre Nueva Canarias y el Gobierno central para subir del 50% al 75% la bonificación al precio de los billetes aéreos interinsulares, pero ha pedido que se incluya en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para garantizar su permanencia y que no sea una cuestión coyuntural.

El aumento de la bonificación figuraría en el presupuesto del Estado para 2017, lo cual es positivo hasta fin de año, así que lo pertinente es aprovechar la modificación en curso de la ley de los aspectos económicos del REF en el Congreso para fijar ahí la nueva ayuda, propuso Clavijo en declaraciones a la prensa.

También debería incorporarse al REF, añadió Clavijo, el aumento de las ayudas al transporte de mercancías desde Canarias a la Península, que figuran en el 70% pero que subirían al 100% si prosperan las negociaciones presupuestarias entre Nueva Canarias y el Gobierno central.

El presidente consideró que si se aprueba la bonificación del 75% en el precio de los billetes aéreos interinsulares, esa compensación deberá tener efecto "inmediatamente" en lo que efectivamente pagan los usuarios, ante las dudas sobre que esa ayuda pueda no trasladarse en su totalidad a la tarifa final.

"Baja el precio que paga el ciudadano, no el precio del vuelo, se compensa en un 75% a la compañía e inmediatamente tendría efecto en los usuarios", afirmó Clavijo.

Corresponde al Ministerio "vigilar que las compañías no quieran subir artificialmente el precio de referencia y que no repercuta el descuento en el billete", agregó.

El presidente especificó que las tarifas de referencia están publicadas, y en el caso de Binter no se han modificado desde 2013, y sobre ellas es sobre las que se hace el descuento.

Clavijo señaló que el Gobierno de Canarias siempre ha sido partidario de aumentar la bonificación de la tarifa, en lugar de fijar un precio único del billete, así que si se concreta el acuerdo con Nueva Canarias el ejecutivo lo apoyará porque es un beneficio para los ciudadanos y para la economía canaria.

El proyecto de presupuestos incluye ya 1.362 millones de euros para Canarias, así que si la negociación de Nueva Canarias prospera serán aún mejores y el ejecutivo lo respaldará, reiteró.

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Canarias Ahora.

La empresa Endesa amenazó a principios de este mes al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con cortarle el suministro eléctrico si la corporación no paga a la empresa la deuda de casi 1,70 millones de euros que mantiene con ella, según ha denunciado este jueves el grupo del PP.

El primer grupo de la oposición ha difundido este jueves los dos documentos en los que sustenta esa afirmación: el requerimiento de pago con advertencia de corte de suministro registrado por Endesa en el Ayuntamiento el pasado 9 de mayo y un oficio interno sobre el mismo asunto emitido por la Concejalía de Aguas el 18 de mayo.

La carta de Endesa, dirigida al alcalde y al concejal de Alumbrado y Aguas, recuerda que la compañía ya advirtió a principios de año (el 23 de enero) con que estaba dispuesta a dejar sin suministro eléctrico al Consistorio en los servicios que no fueran considerados esenciales si no se saldaba la deuda pendiente.

"El total de la deuda vencida entonces era de 1.693.623,94 euros, siendo hoy de 1.836.499,13 euros", subraya la empresa en esa carta.

Endesa recuerda que, tras su primera advertencia, se celebraron una serie de reuniones con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dirigidas a "resolver la situación planteada", pero que no han dado lugar por el momento a acuerdo mucho.

"En este momento, y lamentándolo mucho, nos vemos en la desagradable situación de retomar los hechos planteados el pasado mes de enero, procediendo a la suspensión de suministros eléctricos no esenciales de esa corporación", con efectos, precisa, "del 15 de mayo, si no media intervención alguna" por parte del Consistorio.

En el segundo documento difundido por el PP, fechado el 18 de mayo, el concejal del área se dirige al Órgano de Gestión Presupuestaria para comunicarle esa advertencia de Endesa y pedir que, "por razones de excepcional interés general", se proceda con carácter "inmediato" a una modificación presupuestaria que permita a su departamento atender el pago exigido por Endesa.

El PP sostiene que esta situación no se ha producido por falta de fondos en el Ayuntamiento de la ciudad, "que goza de una salud financiera absoluta", sino "por falta de gestión" del equipo de gobierno que conforman PSOE, Las Palmas Puede y NC.

Por su parte, Ciudadanos considera que lo ocurrido es "vergonzoso e injustificable".

"Esto es sólo un ejemplo más de la falta de gestión del grupo de gobierno, que está llevando a la ciudad a una situación casi kafkiana que no se ha visto ni vivido anteriormente en el Consistorio", opina este grupo.

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Canarias Ahora.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado la resolución del expediente disciplinario abierto al magistrado Salvador Alba Mesa hasta que se dicte una sentencia firme, en caso de que se celebre juicio, o un auto de sobreseimiento de las diligencias previas que se siguen contra el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la presunta comisión de hasta seis delitos.

El órgano de gobierno de los jueces deja en suspenso, por lo tanto, la propuesta de separación (expulsión) de la carrera judicial que el promotor de la Acción Disciplinaria, el recientemente dimitido Antonio Jesús Fonseca Herrero, había elevado al pleno la semana pasada con respecto al expediente incoado al juez el 8 de noviembre, tras rechazar las últimas alegaciones del magistrado. En esa propuesta de sanción se le atribuye a Alba una falta muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al ser la sanción planteada la máxima contemplada en dicha normativa, la decisión recae sobre los 21 magistrados que conforman el pleno y no sobre la Comisión Disciplinaria.

Según el magistrado instructor, ha quedado acreditado que Alba, que se había hecho cargo del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell cuando la jueza decidió presentarse a las generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos, mantuvo el 16 de marzo de 2016 una reunión con el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba en una causa por presunto fraude fiscal, y le citó días después para tomarle declaración no sobre los hechos objeto del procedimiento, “sino para procurar la incorporación de hechos totalmente ajenos al mismo y con una finalidad impropia de las diligencias previas que instruía, como poner en duda la actuación de la anterior instructora”.

Esta comparecencia del empresario en sede judicial tenía la finalidad, según Fonseca Herrero, de “facilitar o provocar una futura nulidad de actuaciones” en la causa contra Ramírez o de “obtener datos con posible relevancia” en la querella - finalmente archivada- que José Manuel Soria, exministro de Energía, Industria y Turismo, había interpuesto contra Rosell en el Tribunal Supremo. Un informe redactado por Alba sobre presuntas irregularidades durante la instrucción de la magistrada fue clave para que el alto tribunal admitiera a trámite esa querella.

El CGPJ señala en un comunicado que la decisión de paralizar la resolución del proceso disciplinario a Alba se ha adoptado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estipula que “la incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal”.

En noviembre del año pasado, el órgano de gobierno de los jueces transformó en expediente disciplinario las diligencias informativas incoadas seis meses antes. El promotor de la Acción Disciplinaria imputó a Alba en un principio la comisión de dos faltas muy graves -inobservancia del deber de abstención a sabiendas y revelación de secretos- y una grave -abuso de autoridad-, todas ellas con traslación al Código Penal. Sin embargo, en su calificación final sustituyó estas faltas por una muy grave de desatención en el cumplimiento de los deberes judiciales.

El órgano de gobierno de los jueces ha evidenciado durante la tramitación del expediente disciplinario las maniobras dilatorias de Salvador Alba, entre ellas el doble intento de recusar al promotor. En ambos casos, su pretensión fue desestimada. El CGPJ ha tenido además dificultades para poder notificar al magistrado los últimos acuerdos adoptados y se ha visto obligado a recurrir a anuncios en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para comunicárselos.

A ello se le une ahora la nueva recusación que promueve Alba contra Margarita Varona, la magistrada que lo investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Mientras se resuelve el incidente de recusación planteado por el juez, Varona no podrá adoptar ninguna resolución sobre esas diligencias, lo que dilatará la instrucción y, en consecuencia, la decisión sobre su expulsión de la carrera judicial.

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