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El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que existe una mayoría para "iniciar" el proceso soberanista pero no para una declaración de independencia, al tiempo que ha flexibilizado el plazo máximo de 18 meses de la actual legislatura, que contempla alargar si es necesario.

En una entrevista en TV3, el nuevo presidente ha recalcado que el plazo máximo de 18 meses que prevé la hoja de ruta independentista de Junts pel Sí debería empezar este jueves, a partir de la constitución del Govern, y ha avisado de que podría variar en función de cómo evolucione el proceso soberanista.

"Si para hacer las cosas bien hechas llegamos al mes 18 y nos falta un trozo aún para hacerlo bien, no interrumpiré esta etapa", ha afirmado Puigdemont, que ha incidido en todo caso que la intención es hacerlo 18 meses y "si puede ser un poco antes, mejor".

Preguntado por si en este año y medio habrá una declaración unilateral de independencia, el exalcalde de Girona ha afirmado que "no está previsto".

En este sentido, ha dicho que el 47,8% de votos independentistas en las elecciones del 27S permite "iniciar" el proceso y conducirlo hasta las elecciones constituyentes y el referendo para ratificar la futura constitución catalana, como se estipula en la hoja de ruta de JxSí.

El objetivo, ha dicho, es implicar a más ciudadanos en el proceso soberanista de manera que "gente que habría votado 'no' -a la independencia- vote 'sí' a una constitución -catalana- en la que se puede identificar más que en la española", de manera que "un 'sí' a la constitución sería un 'sí' a la república catalana".

En todo caso, Puigdemont ha prometido que su Govern dará los pasos "con seguridad jurídica y con toda la legalidad posible".

El presidente catalán ha afirmado que ni el Rey ni otros presidentes autonómicos le han llamado para felicitarle por su nuevo cargo, como tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. "Dice muy poco a favor de su liderazgo político", ha añadido en alusión al presidente del PP.

No obstante, ha señalado que no tiene "ningún interés en que se rompan los puentes" con el Estado, que deben estar tendidos incluso en el escenario "más agudo".

El presidente de la Generalitat ha tildado de "fantasía" una reforma federal que satisfaga a Cataluña y ha dudado de que se pueda poner en marcha un referendo desde el Estado.

Puigdemont ha asegurado que está "completamente" limpio de corrupción y ha remarcado que las subvenciones públicas que recibieron sus proyectos eran durante su etapa periodística, previa a su salto a la política.

En cuanto a los Presupuestos de la Generalitat de 2016, ha augurado que habrá cuentas aunque en estos momentos no tiene una "certidumbre", al tiempo que ha recalcado que no pueden ser "un brindis al sol" sino que tienen que ser números "factibles".

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Jueves, 14 Enero 2016 18:24

Canarias apuesta por el diálogo

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Los diputados canarios de los distintos partidos que obtuvieron representación en el Congreso coincidieron este jueves en un mensaje claro a favor del diálogo y de la búsqueda de consenso para garantizar la gobernabilidad y evitar nuevas elecciones, aunque también comparten que dadas las posiciones actuales va a resultar muy complicado llegar a un acuerdo, ya sea para dejar que gobierne Rajoy o para conformar una alianza de izquierdas.

La menos optimista a este respecto es la diputada de CC, Ana Oramas, quien se mostró convencida de que la situación está abocada a la repetición de las elecciones en cuestión de meses. «Esta va a ser una legislatura muy corta, tanto por los números diabólicos salidos del 20D como por la situación interna del PSOE y los planteamientos maximalistas de Podemos y Ciudadanos», señaló este miércoles en los pasillos de la Cámara, «en estas circunstancias no hay posibilidad de un Gobierno estable», añadió.

A su juicio, sería necesaria una altura de miras que hoy por hoy no ve en las formaciones políticas para buscar un acuerdo de mínimos. «Habría que sentarse a hablar para ver en qué estamos de acuerdo y forjar un programa claro de reformas consensuado entre todos que se podría llevar a cabo en un año, pero se está actuando en clave de liderazgo individual», señala. Oramas cree que si hubiera voluntad se podrían pactar asuntos en los que hay coincidencia, como la financiación autonómica o la reforma del Reglamento del Congreso, y dar paso a una legislatura corta para dejarlos aprobados.

En la misma línea se expresó el diputado del PP por Las Palmas Guillermo Mariscal, para quien debería imponerse el diálogo por encima de las diferencias con el fin de poder configurar un gobierno estable, al menos durante el tiempo que lleve sacar adelante las reformas que formen parte de ese pacto de estabilidad. «El resultado de las elecciones nos obliga a todos a buscar acuerdos», señaló, «no entender eso es estar ciego, y la ceguera se castiga duramente en política», añadió.

Por su parte, la diputada de Podemos Victoria Rosell niega que su partido sea el que obstruye la posibilidad de una alianza de izquierdas con líneas rojas. «Se están poniendo muros artificiales para un acuerdo de investidura, no somos una formación independentista y nos están achacando eso», señaló, «si de mí dependiera trabajaría por un pacto de progreso a favor del Estado social, porque considero que esa es la prioridad», añadió.

Desde el PSOE, Francisco Hernández Spínola demandó a todos los partidos «mucha flexibilidad y poca rigidez» para alcanzar un acuerdo que evite la celebración de nuevas elecciones. Pedro Quevedo, de NC, pidió también «un esfuerzo de responsabilidad y seriedad» para plasmar la voluntad de las urnas de formar un gobierno progresista.

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El socialista Patxi López ha sido proclamado nuevo presidente del Congreso de los Diputados de la XI legislatura al haber conseguido 130 votos frente a los 71 de la candidata de Podemos, Carolina Bescansa, en la segunda votación de la sesión constitutiva de la Cámara baja.

López ha obtenido los 130 votos de los diputados del PSOE y de Ciudadanos y Bescansa ha conseguido 71, los de Podemos y Unidad Popular-IU, mientras que se han registrado 148 votos en blanco y uno nulo.

El exlehendakari ha necesitado dos votaciones para ser elegido presidente ya que en la primera no ha conseguido obtener la mayoría absoluta de la Cámara, cifrada en 176 diputados y en la segunda sólo se requiere ser el candidato más votado.

La segunda votación ha sido prácticamente calcada a la primera aunque se ha registrado una papeleta nula dirigida al "niño de Bescansa", en referencia al bebé lactante de la diputada de Podemos Carolina Bescansa que asiste al pleno junto a su madre.

La elección del exlehendakari ha sido posible gracias al acuerdo "a tres bandas" sellado ayer entre el PP, PSOE y Ciudadanos, por el que el socialista se alza con la Presidencia de la Cámara y Podemos se garantiza tres puestos en la Mesa frente a los dos cada uno que tendrán PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Tras la elección del presidente, se votarán primero los cuatro vicepresidentes y después los cuatro secretarios hasta completar los nueve puestos de este importante órgano del Congreso.

En cada una de las votaciones, los diputados sólo podrán introducir un nombre en la urna, y serán proclamados los cuatro diputados que obtengan mayor número de votos.

Si no hay sorpresas en la votación, el PP contará con tres miembros en la Mesa, dos vicepresidentes -Celia Villalobos y Rosa Romero- y una secretaria, Alicia Sánchez-Camacho.

El PSOE, además de la Presidencia tendrá una vicepresidenta, Micaela Navarro.

Ciudadanos se asegura dos asientos con dos secretarios, José Ignacio Prendes y Patricia Reyes; mientras que Podemos, que no ha suscrito el acuerdo ha conseguido con sus apoyos en solitario otros dos puestos, una vicepresidenta, Gloria Elizo, y un secretario, Marcelo Expósito (En Común Podem).

Tras la elección de toda la Mesa, los nuevos miembros del órgano de Gobierno de la Cámara tomarán asiento en sus escaños junto a la Presidencia.

El nuevo presidente, Patxi López, pedirá el juramento o promesa a la Constitución del resto de parlamentarios que, de ese modo, adquirirán la condición plena de diputados, dando comienzo a la XI legislatura.

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La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido, en consonancia con la defensa, la exoneración de la infanta Cristina en la primera sesión del juicio del caso Nóos, por considerar que la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, carece de legitimidad para mantenerla en solitario.

El fiscal Pedro Horrach ha aportado en el primer día de la vista oral un informe de Hacienda para reforzar su tesis de que la infanta Cristina no cometió los delitos fiscales que le atribuye la acusación popular, además de insistir en que en su caso es de aplicación la doctrina Botín.

Este precepto, que establece que una acusación popular no puede sentar por sí sola en el banquillo a una persona por delitos en los que quepa la personación de una acusación particular, ha sido invocado tanto por la defensa de la exduquesa de Palma, como, con incluso más extensión, por el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, que representa en la causa a la Agencia Tributaria.

Aunque en el juicio están acusadas otras 17 personas, la hermana del Rey ha acaparado el protagonismo en la primera jornada del juicio ante la Audiencia de Palma, no solo porque el debate jurídico se ha centrado en el mantenimiento o no de la acusación que legitimó el juez instructor, sino también por el hecho histórico de que por primera vez un miembro de la Familia Real se siente en un banquillo.

Cientos de periodistas gráficos y redactores aguardaban desde las 6.30 horas la llegada de doña Cristina al edificio de la Escuela Balear de la Administración Pública de Palma donde se celebra el juicio, una espera que ha concluido a las 8.10 horas cuando la hermana del Rey ha llegado en coche acompañada por su marido, Iñaki Urdangarin.

2.001 días después de que el juez Castro abriera una pieza separada del caso Palma Arena para investigar irregularidades en los contratos del Govern balear con el Instituto Nóos, el caso ha llegado a juicio, aunque la jornada de hoy se ha centrado en las cuestiones previas y la declaración de los acusados no se iniciará hasta el 9 de febrero.

La doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por siete decisiones de audiencias provinciales son los argumentos con los que el abogado de la infanta ha pedido al tribunal que archive la causa para doña Cristina y rechace la legitimación de la acción popular para sostener en solitario la acusación contra ella.

El fiscal Pedro Horrach cree que dejar a Manos Limpias acusar a infanta sería discriminatorio porque supondría quebrantar la doctrina del Tribunal Supremo y por ello ha pedido al tribunal que devuelva la Justicia "al lugar que le corresponde" sin atender a "espejismos", porque no es posible que la acusación popular supla la voluntad del perjudicado.

La abogada del Estado Dolores Ripoll ha cuestionado que la motivación de Manos Limpias sea la defensa del interés público y ha insistido en que el perjudicado por el supuesto fraude fiscal es sólo la administración titular de la capacidad para establecer y recaudar tributos, puesto que el lema "Hacienda somos todos" es meramente publicitario.

Por su parte, la abogada de Mano Limpias, Virginia López Negrete, ha asegurado que si el tribunal decide que el juicio no continúe contra doña Cristina no permitirá que se defienda y la estigmatizará socialmente.

Ha reclamado que no se conceda un "privilegio de inmunidad" a la infanta Cristina, como a su juicio propugnan a una la defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La defensa de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarin en el Instituto Nóos, ha pedido la nulidad del proceso porque parte de la documentación aportada al juzgado de instrucción se obtuvo de modo "ilícito".

La infanta ha aguantado impertérrita las más de ocho horas de juicio y no ha cruzado durante ese tiempo mirada alguna con su marido, sentado en la bancada tres sitios a su izquierda.

Sentada siempre en la misma postura (espalda recta, piernas sin cruzar con las manos entre ellas palma con palma) y con semblante serio, no ha hecho prácticamente ningún gesto, mientras el resto de acusados sí dejaban entrever el cansancio acumulado en sus movimientos nerviosos.

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El abogado de la infanta Cristina Jesús Silva ha pedido a la Audiencia de Palma que rechace la legitimación de Manos Limpias para acusarla en el juicio de Nóos, basándose en la doctrina consolidada de los tribunales Supremo y Constitucional y la jurisprudencia sentada por 7 decisiones de audiencias provinciales.

En las cuestiones previas del juicio de Nóos que ha empezado este lunes a las 09.21 horas en Palma, Silva ha pedido al tribunal que declare la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a la responsabilidad de doña Cristina de Borbón y rechace la legitimación de la acción popular que ejerce Manos Limpias para sostener en solitario la acusación contra ella.

El sindicato acusa a la infanta como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, y pide para ella 8 años de cárcel.

Silva ha pedido al tribunal que dicte una resolución de sobreseimiento de las actuaciones respecto a la infanta y que no espere al dictado de la sentencia para hacerlo porque es una cuestión meramente técnica.

El defensor de la hermana del Rey ha asegurado que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario, como ha fijado el Tribunal Supremo (en 2007 con la llamada doctrina Botín), ha confirmado por el Constitucional y posteriormente han aplicado hasta en siete decisiones distintas audiencias provinciales desde 2009.

Según Silva, la acción popular protege bienes que poseen intereses difusos y se ejerce cuando no hay acusación particular ni posibilidad de que se persone, como en casos de delitos contra el medio ambiente.

Ha detallado que la situación de la infanta Cristina se adscribe al grupo de los casos en que la acción popular no puede sostener la acusación en solitario porque ya están personados el ministerio público y acusación particular, es decir, la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda.

Silva ha dicho que hay "extensa jurisprudencia" y doctrina "ampliamente mayoritaria" sobre que el bien protegido en el delito contra Hacienda Pública es "claramente institucional" y es "el patrimonio de la Hacienda Pública en su dimensión recaudatoria".

Según Silva, el caso de la infanta no es distinto de otros por el hecho de que Fiscalía y Abogacía del estado "acusen al presunto autor y solo dejen de acusar al cooperador necesario" y añade que ya hay un precedente de la misma situación en una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 2014.

Ha insistido en que su tesis la apoyan la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal Constitucional y "seguida sin fisuras por la jurisprudencia menor", y ha pedido al tribunal que exonere a la infanta porque "existen innumerables razones interpretativas para hacerlo".

Silva ha pedido que el tribunal no espere a la sentencia para resolver porque cree que para decidir "no es preciso entrar en la práctica la prueba" al ser una cuestión técnico-jurídica y porque además posponerla "produciría la paradoja de que un acusador cuestionado por su legitimación habría estado ejercitando la acusación" durante el juicio.

Ha añadido que, visto el estado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, "no parece existir el más mínimo riesgo de que la estimación de la cuestión previa por este tribunal sea casada por el tribunal Supremo tras el previsible recurso que interpondrá la acusación popular".

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La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha expresado su apoyo al líder socialista Pedro Sánchez para que explore una alternativa de Gobierno de izquierdas, pero "no a cualquier precio y que no ponga en cuestión la unidad de España".

En una entrevista a Canal Sur Radio, Susana Díaz, ha hecho referencia a la propuesta de Pedro Sánchez expresada ayer desde Lisboa, en la que planteaba una "gran coalición" de fuerzas progresistas, en caso de que el PP no logre formar Gobierno.

Díaz ha añadido que ese respaldo a Sánchez también se lo ha dado el comité federal del PSOE, con la "línea roja" que de no negocie con quien no renuncie al derecho a la autodeterminación.

La presidenta de Andalucía ha tachado de "engañosa" la intención de Podemos de contar en el Congreso de los Diputados con cuatro grupos parlamentarios de sus marcas afines y le ha reprochado que "se presente como un partido, pero quiera cobrar por cuatro".

También sería llamativo porque el PP y el PSOE tendrían diez minutos de intervención en el Parlamento mientras que Podemos tendría cuarenta minutos cuando ha obtenido muchos menos escaños.

"Todo el día dando lecciones de moral y quieren cobrar cuatro veces más que los demás", le ha recriminado a Podemos, al tiempo que ha calificado de "fariseo" el debate abierto por su secretario general, Pablo Iglesias, por hablar de ley de emergencia social cuando en Andalucía ha bloqueado iniciativas de la Junta en esa materia.

Los que "dicen representar al 15M y el sentir de la calle" no hablan de desahucios y exclusión social "sino de derecho a la autodeterminación y, por tanto,de desigualdad, ha añadido Díaz.

Si Podemos no renuncia al derecho a la autodeterminación es que tiene "algún pacto oculto o secreto con las fuerzas con las que ha confluido" a las elecciones del 20 de diciembre, ha considerado la secretaria general de los socialistas andaluces.

Preguntada sobre el congreso federal del PSOE, ha señalado que en febrero sería "imposible e inviable" y que se celebrará cuando se tenga que celebrar y una vez que lo acuerde el comité federal, que se reunirá en enero.

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La diputada de la CUP Anna Gabriel ha pedido estre a Junts pel Sí que haga un "replanteamiento" para evitar unas nuevas elecciones catalanas y ha garantizado que su formación daría apoyo "unánime" como presidente de la Generalitat al líder de ERC, Oriol Junqueras, o al independiente y ex de ICV Raül Romeva.

Tras la decisión de los cuperos de no investir al líder de CDC, Artur Mas, como presidente de la Generalitat, Gabriel, en una entrevista en Catalunya RÓdio, ha subrayado que su partido no desea nuevas elecciones, algo que, no obstante, ha dicho que ya "no depende" de la CUP.

Sin embargo, ha aseverado que si hay que acudir a elecciones las encararán con la clave de "acelerar" el proceso hacia la independencia, que "está clarísimo" que es, ha dicho, la prioridad de los cuperos.

Tras el rechazo a Mas, la portavoz ha señalado que un candidato de Junts pel Sí a la presidencia "vinculado a ERC, como es el caso de Oriol Junqueras", o el "perfil independiente de Raül Romeva" tendrían "el apoyo unánime" de la CUP para la investidura.

Ha señalado que con ambos perfiles se podría iniciar la legislatura con "más estabilidad", con políticas sociales "claras y nítidas" y se contribuiría asimismo a "ensanchar la base social" del independentismo.

Gabriel no ha descartado que la CUP pueda dar apoyo a otro candidato de las filas de CDC, en alusión a la vicepresidenta en funciones, Neus Munté, que tiene un mayor perfil social.

En este sentido, ha avisado a Junts pel Sí de que tiene aún margen -hasta el día 9- para hacer "un movimiento" y ha recordado que Artur Mas dijo meses antes de las elecciones del 27S que podía ser "el primero o el último" de la lista electoral, en la que finalmente fue cuarto.

Preguntado por si dimitirá el líder del grupo parlamentario de la CUP, Antonio Baños, Gabriel ha afirmado que cree que no lo hará: "Entiendo que no es lo que corresponde en este momento", ha afirmado.

Pese al debate interno de los cuperos, ha afirmado que no se debe "magnificar" la división, ya que ésta no afecta "al proyecto político" del partido, que sigue "vivo" y "no se ha movido del independentismo".

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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados por un delito continuado de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley y su mujer Marta Ferrusola para el próximo 10 de febrero, en la causa en la que investiga el patrimonio de su primogénito, según informaron fuentes jurídicas.

El magistrado, que ha asumido el caso del que se inhibió en su favor la jueza de Instrucción número 31 de Barcelona Beatriz Balfagón, ha citado al hijo mayor del matrimonio Jordi Pujol Ferrusola para el 11 de febrero para que declare a petición propia.

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Martes, 29 Diciembre 2015 11:11

Maroto pide un pacto entre PP, PSOE y C's

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El vicesecretario de Acción Sectorial del PP y portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Vitoria, Javier Maroto, ha reclamado un pacto entre populares, socialistas y Ciudadanos para facilitar la creación de un Gobierno "estable y fuerte" liderado por Mariano Rajoy, y ha recordado que ya hubo "una gran coalición" entre PP y el PSOE en Euskadi.

En declaraciones en 'Las mañanas de RNE', recogidas por Europa Press, Maroto ha manifestado que, en la nueva situación creada tras las elecciones generales, se precisa "más altura de miras", hacer política "con mayúsculas" y buscar lo que "nos une". "Pensar primero en nuestro país y no en tu partido es ahora una obligación", ha apuntado.

Tras recordar que ahora se necesitan "soluciones excepcionales", como ha ocurrido en otros países de la UE, como Alemania, Francia o Dinamarca, ha destacado que "en España ya ha habido recientemente momentos en los que, por la situación política, ha habido una gran coalición entre el PP y el PSOE".

"Que nadie se olvide de ello. Fue en mi tierra, en mi querida Euskadi, donde el PP apoyó al PSE-EE por una cuestión de Estado cuando se preveía una ruptura por parte del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, que no acertó y generó una tensión social similar a la que hoy genera Artur Mas", ha añadido.

Javier Maroto ha indicado que, "entonces el PP, que tenía menos votos, apoyó al PSE-EE, que tenía más votos, por una cuestión de Estado". "Ese ejemplo en nuestra historia reciente en la democracia española es un buen ejemplo de lo que yo creo que hoy deberíamos hacer el PP, PSOE y Ciudadanos", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado, "de corazón y con el alma en la mano", que les une "mucho más con el PSOE y Ciudadanos" de lo que les separa. Por ello, ha pedido que se hable "con generosidad" y considera que la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno "es una opción adecuada".

"Exactamente igual que sucedió en Euskadi, donde Patxi López fue lehendakari porque el PP le apoyó sin pedir nada a cambio, por responsabilidad", ha añadido, para señalar que ahora esto hay que ser "capaces de hacerlo en el ámbito nacional, que no es algo bueno para las siglas de los partidos, sino para el país".

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El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado este lunes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en este momento "no toca hablar de sillones, sino de España" y de los problemas de los ciudadanos, y ha asegurado que su prioridad es que el Parlamento funcione.

Tras reunirse con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, Iglesias ha señalado que el "candidato del PP es perfectamente consciente de que Podemos, "ni por activa ni por pasiva, va a facilitar un Gobierno presidido por él" ni por nadie del Partido Popular.

Asimismo, ha emplazado al PSOE a que deje de hacer teatro y aclare si al final va a facilitar un Gobierno del PP, y le ha acusado de no estar a la altura de las circunstancias ni preocupado por los temas que afectan a los ciudadanos españoles y de no entender la plurinacionalidad del país, al negar el derecho a decidir y el referéndum en Cataluña que defiende Podemos.

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