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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reivindicado este miércoles su legitimidad para seguir gobernando y hacer reformas hasta el final de la legislatura pese a los resultados del PP en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo.

Rajoy ha proclamado esa legitimidad en su primera comparecencia en el Parlamento después de esos comicios y en la que ha rechazado retirar tras el 24M la reforma de la administración local, tal y como le ha pedido en el pleno del Congreso el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ante el "tiempo nuevo" de "cambio y diálogo" que cree que se ha abierto.

Pero la apelación a seguir cumpliendo el mandato de cuatro años que le dieron los españoles en 2011 la ha expuesto el jefe del Ejecutivo en su contestación a una pregunta del diputado de Amaiur Sabino Cuadra.

Este parlamentario, en la sesión de control al Gobierno, ha considerado que el Ejecutivo del PP es "ilegítimo" porque no cuenta ya con el respaldo de la mayoría social, y ha llegado a decir que Rajoy está "usurpando el poder", está cometiendo un "pucherazo" y usa una mayoría parlamentaria "que hace tiempo que ha caducado".

"Éste es un Gobierno legítimo y democrático y parece mentira que en el año 2015 todavía se puedan escuchar en esta Cámara intervenciones tan burdas, antidemocráticas e ilegítimas", ha censurado el presidente al diputado de la izquierda abertzale.

Según Rajoy, su Gobierno cuenta con toda la legitimidad porque tiene el apoyo de 185 diputados, fue votado por más de 11 millones de españoles y su mandato es de cuatro años, como dicta la Constitución.

Por ello, ha garantizado que el PP seguirá aprobando las leyes que aún quedan pendientes para cumplir el programa electoral.

"La nuestra es una política reformista y hay muchas reformas que son necesarias hacer de cara al futuro", ha subrayado al tiempo que ha insistido en la eficacia de las iniciativas que el Gobierno ha ido tomando a lo largo de la legislatura.

Ya en su cara a cara con Sánchez, Rajoy ha mostrado su "profundo desacuerdo" con la interpretación que ha hecho el líder del PSOE de la reducción de servicios sociales por los ayuntamientos y con su propuesta de que retire la reforma local.

Si no lo hace ahora el Gobierno, Sánchez ha asegurado que lo hará el PSOE en cuanto llegue de nuevo al Palacio de la Moncloa.

El secretario general socialista ha insistido en que el 24M ha abierto un nuevo tiempo de cambio y diálogo y ha lamentado que ese diálogo no haya prevalecido cuando se ha tramitado, por ejemplo, la que ha denominado "contrarreforma" de la administración local.

Ha reprochado asimismo que el Gobierno haya privatizado una "lista interminable" de servicios sociales de los ayuntamientos y que "bajo el eufemismo de las competencias impropias esté privatizando derechos de ciudadanía que son la identidad de la política municipal".

En consecuencia, cree que tras la constitución de los nuevos ayuntamientos el 13 de junio existe la "enorme oportunidad" de corregir muchos errores del Gobierno y "blindar" las políticas sociales.

Frente a ello, el presidente ha defendido todas las iniciativas que ha puesto en marcha en el ámbito municipal y que considera que, precisamente, son las que han garantizado la viabilidad de los servicios sociales.

"Pusimos orden en las cuentas, en las competencias y pagamos las deudas", ha recalcado antes de destacar la importancia de que los ayuntamientos haya cumplido sus objetivos de déficit porque han contribuido a que España en su conjunto los cumpla también.

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La Guardia Civil ha detenido a 23 personas por enaltecimiento del terrorismo en redes sociales, en una operación, la Araña III, que se desarrolla en ocho provincias de seis comunidades autónomas, entre ellas Euskadi.

En concreto, según han informado a Efe fuentes de la investigación, de momento se han practicado siete arrestos en Bizkaia, cuatro en Gipuzkoa y tres en Álava.

En Bizkaia, una de las detenciones se ha producido este martes en la calle Ferrerías de Barakaldo, donde los agentes de la Guardia Civil han esperado durante alrededor de hora y media hasta que se ha entregado el detenido, identificado con las iniciales A.J.G, que inicialmente se negaba a abrirles la puerta de su domicilio.

En esta misma localidad también se ha arrestado a K.P.L., cuando salía de su vivienda en la calle San Bartolomé y se dirigía a estudiar.

Otros detenidos en Bizkaia son X.A.A., arrestado en Getxo, y X.O.L., en Portugalete.

De los siete detenidos en este territorio, dos ya han quedado en libertad, han precisado las mismas fuentes.

Respecto a los arrestos practicados en Álava, uno de ellos es vecino de Amurrio y responde a las iniciales A.R.M., y los otros residen en Vitoria y han sido identificados como M.R.G.U. y V.F.A.

Dos de los detenidos en Gipuzkoa son I.B.M., arrestado en las inmediaciones de la estación de tren de Tolosa, y F.L.A. detenido en Orio.

Fuera ya de Euskadi, los agentes han arrestado a cuatro personas en Barcelona, dos en Madrid -una de ellas identificada como C.A.M.L.-, uno en Valencia; otro en Vigo y otro -G.J.H.B.- en la Granja de San Ildefonso, en Segovia.

La operación desarrollada es la tercera fase de la denominada "Araña", llevada a cabo el pasado año y en la que se detuvo en dos fases a 21 y 19 personas respectivamente por este mismo delito.

Los arrestados vertían comentarios difamatorios y humillantes en redes sociales hacia las víctimas del terrorismo.

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El Parlamento de Andalucía ha rechazado por tercera vez la investidura de la candidata socialista, Susana Díaz, como presidenta de la Junta, al recibir 62 votos en contra del PP, Podemos, Ciudadanos e IU frente a 47 a favor del PSOE.

A diferencia de las dos ocasiones anteriores, el presidente de la Cámara regional, Juan Pablo Durán, no ha anunciado una nueva fecha para la votación, que -ha dicho- "será indicada por la Presidencia", con lo que previsiblemente se producirá después de las elecciones municipales del 24 de mayo.

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El domingo 22 de noviembre es la principal apuesta de diputados de diversos grupos parlamentarios como la fecha que puede elegir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para la celebración de las próximas elecciones generales.

Rajoy ha venido asegurando en diversas declaraciones públicas que convocará esos comicios "cuando tocan", es decir en torno a los cuatro años de las que hubo el 20 de noviembre de 2011 y que le llevaron a la Moncloa.

Y ha declarado que no le parece "lo más razonable" apurar al máximo su mandato y prolongarlo hasta enero de 2016 amparándose en la posibilidad que para ello le da la legislación.

Por tanto, la previsión barajada en el entorno del presidente, así como por diputados de diversos partidos consultados por Efe, es que los ciudadanos sean llamados a las urnas "domingo arriba o abajo" cuatro años después de las últimas elecciones.

Además, el Gobierno trabaja con la idea de que las Cortes se disuelvan a la vuelta del verano aunque con varios plenos por medio para poder aprobar algunas leyes que se encuentran en tramitación parlamentaria.

De hecho, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya ha avanzado su intención de pedir al Congreso que durante el mes de agosto celebre algunas comisiones y ponencias que dejen listas determinadas iniciativas legislativas para que sean aprobadas por el pleno de esta Cámara y por el Senado en septiembre.

En consecuencia, se da por hecho que habrá varias semanas con actividad parlamentaria en septiembre, y los diputados barajan que sean tres, es decir, hasta el día 20 de ese mes.

La que va del 21 al 27 no habrá plenos debido a que es práctica habitual no convocarlos en la semana en que hay una cita electoral de cualquier tipo y, si se cumple el anuncio del presidente de la Generalitat, Artur Mas, el 27 de septiembre habrá comicios en Cataluña.

A la semana siguiente es cuando el Gobierno debería presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, ya que tiene que hacerlo antes de que acabe septiembre.

Si Rajoy no hubiera disuelto el día 30 de ese mes las Cortes, el Ejecutivo debería presentar el proyecto presupuestario aún a sabiendas de que decaería en el momento en el que se convocaran las elecciones.

Aunque el Gobierno podría presentar de todas formas el presupuesto como ejemplo de lo que el PP ofrece llevar a cabo en materia económica si vuelve a conseguir la confianza de los ciudadanos, la mayoría de diputados consultados por Efe opina que Rajoy no dará ese paso y disolverá las Cortes antes del 30 de septiembre.

Si esa es su intención y si pretende que en ese mes haya varias semanas de actividad parlamentaria, la convocatoria oficial de las elecciones debería hacerla entre el 21 y el 29 de septiembre.

Teniendo en cuenta que hay elecciones en Cataluña el día 27, Rajoy esperaría a la celebración de esos comicios para convocar los generales.

Es decir, que las opciones que tendría para disolver las Cortes serían los días 28 y 29 de septiembre.

Como la ley electoral fija que desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria de los comicios hasta la celebración de los mismos deben transcurrir 54 días, las cuentas llevan a augurar a muchos diputados que las elecciones se celebrarán el 22 de noviembre.

De acuerdo con esos pronósticos, el Gobierno emitiría el decreto de convocatoria el 28 de septiembre y el 29 se publicaría en el BOE, para que 54 días después, en esa fecha del 22 de noviembre, los ciudadanos acudan a las urnas a elegir el nuevo Parlamento y quién será el inquilino del Palacio de la Moncloa.

Eso siempre que los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo no condicionen a Rajoy, le lleven a adelantar los comicios y, por ejemplo, los haga coincidir con los catalanes.

Aunque él no lo ha descartado totalmente en público "para no cerrarse la puerta", tal y como dijo recientemente, hay un sentir generalizado de que no habrá esa coincidencia.

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El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este lunes que si es reelegido el 24 de mayo convocará una consulta popular sobre la reforma de la ley electoral para que los ciudadanos digan si quieren que gobierne la lista más votada, una segunda vuelta o reducir el número de parlamentarios.

Monago ha hecho este anuncio en un desayuno informativo en Madrid, donde ha sido presentado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y en el que le ha acompañado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras recordar que si gana las elecciones afrontará su segundo y último mandato al frente de la Junta de Extremadura, ha prometido convocar una consulta ciudadana legal y sujeta a la Constitución, es decir, sin carácter vinculante, y a partir de su resultado impulsar el cambio legal del régimen electoral extremeño.

La ha anunciado como la primera consulta popular en la historia de Extremadura y ha afirmado que gracias a ella los ciudadanos podrán expresar si quieren que les gobierne el partido más votado o "un pacto de perdedores", pero también si desean la segunda vuelta en la elección del presidente, la reducción de 65 a 45 diputados o la rebaja del límite de votos para acceder al Parlamento del 5 al 3 %.

Monago ha admitido que aún no ha comunicado sus planes al Gobierno, pero se ha comprometido a tenerle informado en todo momento y ha recalcado que en ningún caso sobrepasará los límites de la Constitución ni del Estatuto de Autonomía.

Ha recordado que esta legislatura ya intentó introducir en la ley electoral que gobierne la lista más votada y no lo consiguió por el rechazo de la oposición y ha argumentado que recuperar la confianza de los ciudadanos pasa por respetar lo que dicen en las urnas y abandonar "la vieja política" que dice que "tres suman más que uno".

Ese debate es "un asunto de región con mayúsculas" que merece que los ciudadanos se pronuncien al respecto, de modo que incluirá la consulta en las 1.200 medidas del programa electoral que presentará el próximo viernes, primer día de campaña.

Monago ha subrayado que el cambio que quiere promover no tiene ningún interés partidista y ha recalcado que, de todos los candidatos que se presentan, él es el único que lo hace por última vez.

Ha recordado que su Gobierno, contra todo pronóstico, ha sido uno de los más estables de España y "el más estable del sur, sin ninguna duda", pues han gobernado "desde el centro para todos", con "humildad, diálogo y entendimiento".

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El empresario jerezano José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada se encuentra desde este martes en situación de busca y captura al no comparecer, de forma injustificada, en un juicio en Valladolid en el que tanto él como su hijo José María Ruiz Mateos Rivero y una supuesta testaferro tenían que responder de dos delitos fiscales cometidos en 2009 y cuya cuantía superaría los 8 millones de euros.

Las correspondientes órdenes de busca y captura han sido libradas por el juez de Penal número 1 de Valladolid, Álvaro de Aza Barazón, tras suspender la vista fijada para hoy y que ha quedado pospuesta para el día 20 de octubre, y ello a pesar de que el letrado del fundador de Grupo Rumasa alegara motivos médicos para excusar su incomparecencia y asegurara que esta misma madrugada su cliente ha tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

La ausencia del empresario ha obligado a suspender el proceso, con la conformidad de todas las partes, toda vez que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso.

No obstante, el juzgador no considera justificada la ausencia del empresario, máxime cuando desde que el pasado viernes ya comunicó su indisposición, según ha advertido el acusador público, ha estado poniendo trabas a que un forense de Madrid acudiera a su domicilio para someterle a un reconocimiento.

Por ello, el juez ha pedido la busca y detención del Ruiz Mateos padre, medida que quedaría en suspenso si finalmente acredita que su ingreso hospitalario de urgencia está perfectamente justificado.

Ruiz Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.

La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.

De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.

Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, 'paraíso fiscal', con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este miércoles en el Pleno del Congreso que no publicará la lista de los contribuyentes que se han beneficiado de la amnistía fiscal que el Ejecutivo impulsó en 2012 y ha echado en cara al PSOE que ahora demande esa lista de 'amnistiados' cuando "jamás" dio datos fiscales en los 22 años en los que gobernó España.

Así ha respondido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha recriminado a los 'populares' que hayan demostrado estar con los "defraudadores" y no con los "trabajadores" al rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal y el 'caso Rato'.

Además, ha recalcado que el PP sí que apoyó en el Parlamento catalán una comisión de investigación para investigar el "fraude del señor Pujol". Dicho esto, ha emplazado de nuevo a Rajoy a "publicar esa lista" porque si no lo hará el PSOE en cuanto lleguen al Gobierno.

En su respuesta, Rajoy ha confirmado que no publicará esa lista y ha indicado que el proceso de "regularización fiscal" que ha realizado su Gobierno es similar al que hizo el PSOE en 1984 y 1991, con las "diferencias" de que los que iban a esa regularización "no eran conocidos sus nombres por Hacienda" y "no tributaban nada", algo que "no sucede en este momento".

Tras resaltar que ese proceso "ni limpia ni borra delitos", ha recordado que el PSOE estuvo 22 años en el Gobierno de España y "jamás dieron el dato de un solo contribuyente", "fuera alguien que regularizara o alguien sancionado por incumplir la legislación vigente". "Hicieron bien y yo también voy a cumplir ahora con mi obligación", ha proclamado, para añadir que lo que no es "de recibo" es hacer una cosa en el Gobierno y otra en la oposición.

Es más, Rajoy ha destacado que con la actuación del Gobierno contra el fraude fiscal en esta legislatura han aflorado 124.000 millones que "ahora van a comenzar a tributar". Ha señalado que la actuación de la Agencia Tributaria entre los años 2012 y 2014 ha permitido recaudar 34.785 millones de euros, "los mejores datos de la historia de España", y ha agregado que en el primer trimestre de este año esa recaudación asciende a 2.889 millones.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez ha denunciado el "deterioro" de la calidad democrática de las instituciones y ha resaltado que desde que Rajoy llegó a la Moncloa lo que ha hecho es que las instituciones se "pongan al servicio del interés particular" del PP.

En este punto, ha recordado que el PP cambió la ley para nombrar "a dedo" al director de RTVE, poniendo al presidente de Telemadrid al frente "en un alarde de pluralidad informativa". También le ha recriminado que el PP apostara para el Tribunal Constitucional por un catedrático que "teorizaba sobre la reforma laboral" del Gobierno y que había sido militante del Partido Popular.

Es más, ha criticado el "obstruccionismo" del Ministerio de Hacienda en la investigación de la trama Gürtel que lidera el juez Ruz. "Tiene el dudoso honor de ser el presidente de la democracia que más comparecencias ha rechazado en este Congreso durante estos últimos tres años y medio: 70 comparecencias", ha espetado a Rajoy para exigirle de nuevo que rinda cuentas sobre su "vinculación directa" con la "trama de financiación irregular" del PP.

Rajoy ha rechazado de plano ese deterioro de la calidad de las instituciones y ha afirmado que España es un país con "instituciones fuertes, democráticas y que funcionan". "No hay una pérdida de calidad democrática de las instituciones. Lo que sí parece que hay es una pérdida de calidad en la oposición democrática", ha exclamado.

Así, el jefe del Ejecutivo ha recordado que cuando gobernaba el PSOE nombraba al director de RTVE y ha subrayado que en España la Justicia es "independiente", tanto el Tribunal Constitucional, el CGPJ y el resto de órganos judiciales.

De hecho, ha señalado que el TC y el CGPJ tienen la actual composición "con los votos" del Grupo Socialista. Por eso, ha dicho a Pedro Sánchez que "si no está de acuerdo" por qué dio apoyo a esas personas.

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La Fiscalía recurrirá la decisión del titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional para que investigue a Rodrigo Rato por fraude fiscal, al no ver vinculación con el "caso Bankia" que instruye ese tribunal.

En declaraciones a los medios durante una visita a la Fiscalía de Barcelona, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha opinado que, por el momento, la competencia de los juzgados ordinarios de Madrid para investigar al exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI "parece clara".

Por ese motivo, la fiscal general del Estado ha anunciado que el ministerio público tiene la intención de recurrir el auto por el que el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que investiga a Rato por fraude fiscal y blanqueo de capitales, ha acordado inhibirse a favor del juez de la Audiencia Nacional que instruye el "caso Bankia".

En opinión de Consuelo Madrigal, lo que se investiga en el juzgado de Madrid es "un fraude fiscal que afecta a un contribuyente concreto", sin que por el momento se aprecien indicios para relacionarlo con el "caso Bankia".

De todas formas, la fiscal general ha precisado que "ya se verá si más adelante" de la instrucción del caso se desprenden indicios que permitan relacionarlo con la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional sobre la gestión de Bankia, entidad bancaria que presidió Rodrigo Rato.

Madrigal ha enmarcado la asignación del "caso Rato" a la Fiscalía Anticorrupción, en vez de la de Madrid que es la que asumió la investigación inicialmente, en una "distribución de competencias internas" y ha negado que exista "malestar" entre ambas áreas del ministerio público.

Paralelamente a la investigación de que es objeto por parte del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mantiene imputado a Rodrigo Rato en dos causas judiciales, por presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia y por el uso de las tarjetas opacas.

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El socialista Juan Pablo Durán ha sido elegido presidente del Parlamento de Andalucía por mayoría simple, al recibir los únicos votos a favor de los 47 diputados de su grupo, mientras que el PP presentó un candidato alternativo y el resto de las formaciones -Podemos, Ciudadanos e IU- se han abstenido.

La elección de Juan Pablo Durán Sánchez (Córdoba, 1964) se ha producido en segunda votación al no haber conseguido la mayoría absoluta necesaria que establece el reglamento de la Cámara en primera votación.

El PP ha sido la única formación, además del PSOE, que ha presentado candidato a la Presidencia del parlamento, el diputado onubense Manuel Andrés González, quien ha obtenido en ambas votaciones los 33 votos de su grupo.

Tras la elección del presidente se someterá a votación la del resto de los miembros de la Mesa de la Cámara -tres vicepresidentes y tres secretarios-.

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La Audiencia Nacional ha establecido que los trabajadores que soliciten una reducción de jornada podrán repartirla como ellos decidan y no de forma "diaria y proporcional", tal y como establecía la última reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012.

En una sentencia, la Sala de lo Social explica que se trata de "una medida paliativa de la discriminación indirecta por razón de sexo" para evitar una interpretación de la norma que resulte contraria "a la eficacia de la reducción de la jornada y a la conciliación de los derechos tanto de maternidad, como de familia, como al trabajo".

De ahí que los magistrados aludan a "la realidad sociológica dentro del derecho, como es tanto el derecho de incorporación de la mujer al trabajo, el tratamiento de igualdad y mantenimiento de la tendencia actual al equilibrio, y al reparto de los costes en distintos ámbitos privados empresariales y domésticos".

Y es que la sentencia analiza el caso de una empleada de la empresa Transcom Worldwide Spain, que reclamó una reducción de jornada por cuidado de hijos y no trabajar los fines de semana pese a que así lo establecía el contrato.

La empresa no accedió a ello alegando que la última reforma laboral fijaba que la reducción de jornada por guarda legal y por motivos familiares debe ser diaria y proporcional, y que además la norma "no es mejorable por negociación colectiva", lo que llevó a la trabajadora a denunciar su caso ante la Inspección de Trabajo.

Paralelamente, los sindicatos UGT y CSIF presentaron una demanda en la que exponían que el convenio colectivo de contact center, que se suscribió poco después de que entrara en vigor la reforma laboral en febrero de 2012, determinaba que las empresas no pueden obligar a que la reducción se realice sobre la jornada diaria.

Los magistrados aclaran que el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores recoge que los convenios colectivos podrán establecer, no obstante, criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada" por guarda legal o de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial atendiendo a los "derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas".

Pese a que se redactó después de la reforma del Gobierno, el convenio "mantuvo la redacción recogida" en otros precedentes, "lo que evidencia que la intención de las partes fue mantener el contenido del precepto mejorando la regulación estatutaria".

Aunque hubiese sido anterior, precisa la sentencia, "se llegaría a la misma solución si se tiene en cuenta que el convenio colectivo se integra en el sistema de fuentes laborales", con lo que de concurrir el convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores, debe aplicarse "el principio de norma más favorable para el trabajador".

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