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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha empezado a analizar la situación de los contratos integrales del Ayuntamiento de la capital y no descarta que, en el tema de la limpieza, sean cooperativas de madres las que se encarguen de este servicio en los colegios e institutos madrileños.

"Al final de mi discurso hablé mucho del valor social, es un valor muy intangible, muy difícil de medir. No en euros pero genera una gran calidad en el trabajo y aporta unos elementos de mejora de la vida social muy grandes", ha afirmado Carmena en una entrevista con Europa Press.

En este punto, ha hablado que en lugar de tener contratos integrales en los institutos y colegios, sean cooperativas de madres "que realmente están a lo mejor dispuestas a ganar lo mismo que ganan los empleados de las multinacionales" pero que, además, "pueden estar muy satisfechas porque están cerca de sus casas y es el colegio donde están sus hijos".

"Limpian algo que les importa y eso a su vez tiene un valor social añadido porque limpias mejor cuando limpias que sabes (que es) para algo y puedes tener una actitud pedagógica con los estudiantes", ha considerado la alcaldesa, quien en esta materia cree que es "muy interesante" la remunicipalización.

En este sentido, ha indicado que le pareció "muy esperanzador" cuando habló con el portavoz del Ayuntamiento de Berlín, que estuvo en Madrid unos días antes de que ella tomará posesión, y que le contó cómo se había conseguido la remunicipalización del agua, que la habían privatizado, y que habían conseguido ingresos que antes no se conseguían.

A su juicio, la "mentalidad de lo público es que tiene que ser eficiente y eficaz porque lo privado siempre tiene un gasto que es el de la cuenta de resultados, tiene que sacar su propio beneficio". "Lo público no tiene beneficio", ha insistido, al tiempo que ha explicado que este político alemán le informó de que contaban con una empresa municipal de limpieza "que tiene beneficios".

"Esto nos indica por dónde hay que ir", ha apuntado Carmena, quien ha reconocido, no obstante, que "de la noche a la mañana no se puede cambiar las cosas", y que están los contratos aunque "haya que empezar ya a hacer otra línea de contratación".

En este sentido, Carmena cree que hay "mucha gente" que puede aceptar las mismas retribuciones de los contratos integrales "sin tener estas estructuras" aunque también "habrá qué ver qué sucede con las personas que están en las grandes compañías de forma externalizada".

"Hay que respetar su trabajo, hay que estudiarlo todo poco a poco pero con la línea de que lo público debe ser público y debe ser gestionado por lo público de manera que los beneficios de lo público recaigan sobre la propia sociedad", ha destacado Carmena, que no se ha adentrado a hablar sobre posibles indemnizaciones.

"Habrá que ir viéndolo", ha insistido la nueva regidora, quien ha aclarado que lo que más les interesa es el contrato de la limpieza "porque Madrid está muy sucio". "Lo primero que queremos hacer es un programa de limpieza, con pedagogía también", ha concluido.

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La juez Mercedes Alaya ha notificado este martes un auto en el que imputa a dos exconsejeros socialistas andaluces, Manuel Recio y Antonio Ávila, en la causa de los cursos de formación, y a ambos les acusa de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

Además, la juez amplía la imputación al exconsejero Antonio Fernández y también acusa a los ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro, Alejandro Rueda y Pedro Eugenio Gracia.

A los exconsejeros, la juez les acusa de firmar resoluciones de exoneración de los cursos de formación hasta acumular, en octubre de 2013, 950 millones de euros sin justificar respecto a entidades que obtenían beneficios "realmente altos".

Alaya, que hoy ha dejado de ser titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, asegura en su auto que los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y del SAE, "han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma".

Estos fondos generaban "una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones que cada año concedía la Junta de Andalucía para la realización de acciones formativas", explica Alaya.

Las entidades "ofrecían cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba" y obtenían "importantes beneficios" con el consentimiento del SAE, afirma la juez.

Para llegar a esta conclusión, la instructora usa "datos objetivos" que son "carencias deliberadas de la Administración": la ausencia de programación de acciones formativas cuyo objetivo fueran los certificados de profesionalidad, la falta de un programa de evaluación y seguimiento y también la ausencia de la documentación justificativa en la mayoría de los expedientes.

También entiende la juez que había ausencia de contratación en los expedientes con compromiso de contratación, que "eran además de concesión directa", precisa el auto, en el se reprocha un "retraso injustificado" en la comprobación técnica económica en la justificación de expedientes, que culminaban en el certificado de finalidad a pesar de las "importantes deficiencias" que tenían.

Además, Alaya considera que hubo una ausencia y falta de la culminación de los expedientes de reintegro, con años en los que, como ocurrió en 2010 y 2011, no se elaboró ni un solo expediente de reintegro a pesar del "panorama de irregularidades descritas por la Intervención General".

"Si todo lo anterior no era suficiente, se culminaba indiciariamente el interés por favorecer a estas entidades con el dictado repetido de las resoluciones de exoneración, que permitía a las mismas acceder al pago íntegro de las subvenciones concedidas y a nuevas subvenciones", enfatiza la juez.

Las exoneraciones eran "rara avis" en las autonomías españolas, pero en Andalucía era "lo habitual con el decidido propósito de no quebrar el clima de satisfacción de las entidades beneficiarias", entre ellas los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía, miembros del consejo de administración del SAE.

Entre estas entidades, la juez incluye a grandes entramados empresariales y a la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo, y todo ello "pese a que había cientos de millones de euros sin justificar".

Con esas resoluciones se creaba el riesgo de menoscabo de fondos públicos porque se entregaban fondos a entidades de las que se desconocía el uso que habían hecho de las anteriores, explica Alaya.

Al exconsejero Fernández le acusa de firmar, aludiendo al interés social, una resolución de exoneración el 17 de diciembre de 2009 a favor de 473 entidades con 2.389 subvenciones sin justificar y por valor de 327 millones.

Manuel Recio firmó el 22 de diciembre de 2010 una resolución de exoneración para 365 entidades que tenían pendientes de justificar 306 millones de euros, y el 16 de diciembre de 2011 hacía lo mismo con 535 entidades con 839 subvenciones pendientes de justificar por 215,8 millones de euros, según la juez.

El mismo consejero firmó el 28 de diciembre de 2011 exoneraciones para 609 entidades y dos días más tarde suscribió otra para 206 entidades con 586 subvenciones pendientes de justificar por 86,7 millones de euros.

Antonio Ávila, como exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, firmó en 2012 un resolución de exoneración que favorecía a 1.162 entidades "frente a los casi mil millones de euros de fondos públicos que había sin justificar", según la juez, que imputa a un jefe de departamento de Formación en Granada, Juan Manuel León, y lo cita a declarar el 29 de junio.

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Martes, 16 Junio 2015 13:31

Aguirre deja la presidencia del PP en Madrid

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La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este martes que pedirá a la dirección nacional del partido la convocatoria de un congreso extraordinario y "de refundación" del PP de Madrid tras la derrota electoral del 24M, en el que no se presentará a la reelección.

Aguirre ha presidido hoy el Comité Ejecutivo Regional de su partido, el primero tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo, para analizar los resultados de dicha cita electoral.

La presidenta del PP de Madrid ha indicado que es "imprescindible" dar la palabra a todos los militantes para escuchar su voz, después de que los votantes hayan "hablado" y enviado "un mensaje nítido" con unos resultados que suponen una caída de apoyo popular "sin precedentes" que no admite excusa.

Según Aguirre, el PP no ha sabido estar a la altura de lo que siempre ha predicado y lo que los ciudadanos esperaban de la formación.

En su análisis del resultado electoral, Aguirre ha considerado que la corrupción ha sido "un elemento clave" en la derrota electoral, así como su estrategia de "polarizar" la campaña -de la que ella misma se ha responsabilizado- y la publicación de su declaración de la renta, que según ha apuntado le causó una pérdida de doce puntos en un solo día entre los pensionistas.

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El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana Rafael Blasco ha ingresado este lunes en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir una sentencia de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua.

Según ha confirmado a EFE la dirección de este centro penitenciario, Rafael Blasco ha ingresado minutos antes de las 9 horas.

El ex diputado autonómico y ex portavoz parlamentario del PP ha sido condenado por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, y tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias.

Blasco había sido citado para hoy por la secretaría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que informase sobre el centro elegido e iniciase su condena, pero acudió el viernes a última hora, tres días antes de lo previsto, y hasta hoy no ha trascendido el nombre del centro penitenciario que había elegido para cumplir condena.

El Tribunal Supremo rebajó en año y medio la condena inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que no existió delito continuado, y mantuvo la pena de 20 años de inhabilitación para cargo público.

La sentencia relata cómo Blasco, en su calidad de conseller, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, convocatoria a la que concurrió otro de los condenados, Marcial López, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales.

"En realidad, se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", relata.

La Conselleria concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos.

El Supremo considera probado que de este dinero que la Generalitat invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 %, exactamente 47.953 euros.

El 97 % restante fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en la ciudad de Valencia.

La Conselleria rechazó inicialmente los proyectos de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales por falta de experiencia previa, pero ante las presiones del exconseller, fueron adjudicados los fondos finalmente, según la sentencia.

El alto tribunal señala en su fallo que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".

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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le "reconoció que estaba abierto a un anticipo electoral en septiembre", durante la comida que ambos compartieron en Moncloa hace unas semanas.

Sánchez ha explicado, en una entrevista en Antena 3, que Rajoy no le dio ningún argumento de por qué barajaba esa opción, pero se ha mostrado convencido de que el hecho de que "estuviese pensando en ello demuestra el agotamiento de un partido político", en su caso el PP, y el "fracaso de su política de no afrontar el desafío soberanista de Cataluña".

Tras sostener que él "siempre" ha "respetado la discreción" respecto a lo tratado en las comidas con el presidente, ha defendido que así fue también en esta ocasión "hasta que el Gobierno rompió" esa discreción.

"Nadie me dijo que (la conversación) iba a ser pública. Las cosas que dijimos quedaron en el ámbito de la discreción hasta que el gobierno la rompió", ha acusado.

Sánchez, que ha definido su relación con el presidente de "correcta desde la distancia", ha afirmado que Rajoy ha "demostrado, en el ejercicio del poder, no en lo personal, ser un soberbio y una persona que no escucha a otras fuerzas políticas" y ha insistido en que el Gobierno del PP está en un estado de "pánico" y en que "su miedo es a perder el sillón".

Convencido de que los ataques y acusaciones de radical, indigno y extremista que ha recibido del PP en los últimos días se deben a ese pánico, ha señalado que a él le "gustaría entenderse con el PP, pero no con el PP de Rajoy".

"El día que el PP destruyó a martillazos el disco duro de Bárcenas se rompió esa posibilidad", ha advertido.

Por eso, ha hecho hincapié en que el PP "tiene que regenerarse en la oposición" y en que, después de tres años y medio de gobierno, Rajoy es "heredero de su propia gestión".

Frente a un PP que gobierna "solo y contra todos", Sánchez ha proclamado que él pretende "unir a todos los españoles" con su proyecto, si es el próximo presidente.

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El 61,5 % de los españoles respalda a la Monarquía y el 75,1% apoya a Felipe VI, según una encuesta que publica este lunes El Mundo en el primer aniversario de la proclamación del monarca, que revela además que la mitad de los votantes de Podemos (el 53,3 %) tienen una opinión buena o muy buena del rey.

El sondeo, realizado por Sigma Dos a partir de 1.100 entrevistas, refleja que el respaldo de los españoles a la institución monárquica ha crecido más de 11 puntos desde la abdicación de Juan Carlos I, cuando la Monarquía suspendió con un 49,9%, y ha bajado respecto a 2012 cuando, a pesar de haber estallado ya el 'caso Nóos', el ahora rey emérito tenía el 76% de apoyo de los españoles.

Según la encuesta de El Mundo, el 53,3 % de los ciudadanos que votaron a Podemos el 24M tienen una buena (42,9%) o muy buena (10,4%) opinión del rey Felipe VI e incluso el 55,5 % declara que es un buen monarca, posición que comparten las tres cuartas partes de los entrevistados de todas las tendencias políticas.

Los votantes de IU son los más beligerantes con el rey y la Corona y así su nivel de rechazo ha aumentado del 72,1%, en junio de 2014, al 76,5% en el mismo mes de este año, en tanto que los simpatizantes del PP y de Ciudadanos son los que más respaldan la Monarquía, pues en ambos casos más de dos de cada tres muestran una opinión entusiasta hacia esa institución.

Los encuestados se muestran más "felipistas" que monárquicos y en general, suspenden a don Juan Carlos, que obtiene un respaldo del 48,3%; además, 8 de cada 10 son contrarios a que la nueva Casa del Rey le otorgue un papel más activo en la agenda oficial, de la que ya casi ha desaparecido.

La reina Sofía tiene la simpatía de 8 de cada 10 españoles -casi dos puntos por encima de la que recibe su hijo, el rey- y tanto los simpatizantes de Podemos como los de IU le dan un aprobado: 57,7 % los primeros, y un 57,6 % los segundos.

A la reina Letizia la aprueban 6 de cada 10 entrevistados, simpatía que ha crecido en el año que lleva en el trono, y sobre todo cuenta con el respaldo de los votantes de centro izquierda y de centro derecha, pero no así con los cercanos a Podemos (49,6 %) y los de IU (37,4 %).

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El concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, ha afirmado este lunes que no descarta dimitir por los tuits con contenido ofensivo que publicó en 2011 "si es lo más adecuado para que esas personas dejen de sufrir" o para que cese "la tormenta mediática desatada".

En tal caso, ha dicho, está dispuesto a "asumir las responsabilidades" porque Ahora Madrid es un "proyecto colectivo", no suyo ni de la alcaldesa, Manuela Carmena, ha dicho en declaraciones a Radiocable recogidas por Europa Press. Zapata tomará la decisión en función de cómo transcurra su conversación de hoy con Carmena "para ver cuál es la mejor manera de abordar la situación".

Igual que hizo el domingo la alcaldesa, Zapata ha distinguido su situación de la del también concejal Pablo Soto, que en esos tiempos publicó mensajes hablando de "torturar" al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según ha dicho, Soto tuvo una "salida de rabia en un momento concreto de su vida y de la vida política del país" apuntando hacia "personas responsables de determinadas políticas", mientras que sus tuits, que recogían chistes sobre el Holocausto y las víctimas del terrorismo, hablaban, aunque desde "el humor", "de personas que están en posición de debilidad, de víctimas".

"Esa es una diferencia crucial y marca una diferencia del modelo de empatía que expresa Manuela y yo lo entiendo perfectamente", ha dicho.

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El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha presentado en el Senado su renuncia a su acta como senador autonómico por el PSOE, según han informado fuentes parlamentarias.

Las fuentes han explicado que la renuncia como senador de Griñán tiene efectos desde este lunes.

El Tribunal Supremo está pendiente de confirmar o no la imputación de Griñán en el caso de los ERE irregulares en Andalucía, imputación a la que asimismo podría sumarse el también expresidente andaluz Manuel Chaves, actualmente diputado en el Congreso.

A finales del pasado mes de abril, Griñán ya anunció su decisión de no optar a la reelección en el Senado y de dejar la política para que la investigación sobre su supuesta implicación en el caso de los ERE no afecte al PSOE, al que deseaba quitar "la presión" que conlleva ese proceso.

Sin embargo, no ha sido hasta hoy cuando se ha hecho firme su renuncia, una vez constituido el nuevo gobierno andaluz tras el desbloqueo en la investidura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, gracias al apoyo de Ciudadanos.

La propia Díaz insistió ayer en su toma de posesión en que si el Supremo confirma la imputación de Chaves y Griñán deberían abandonar su escaños.

En una entrevista con Efe el pasado 24 de abril, un día después de anunciar que abandonaba la política activa, Griñán subrayó que había "renunciado a todo" en la vida pública y que lo había hecho desde "el absoluto convencimiento de su inocencia".

Tras dejar claro que la renuncia es una decisión suya y no del partido, porque su familia "ya no aguanta más", lamentó que la política se esté convirtiendo, a su juicio, en un "juego de escaramuzas".

"He renunciado a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al escaño de diputado -como cabeza de cartel por Sevilla- en el Parlamento de Andalucía, al escaño en el Senado, ¿qué más quieren que haga?", insistía.

Griñán era senador desde el 24 de septiembre de 2013, cuando la Cámara Alta calificó su credencial como parlamentario autonómico por Andalucía.

Pertenecía al grupo parlamentario de los socialistas de Andalucía y ha sido vicepresidente segundo y portavoz adjunto de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cargos que repetía en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Esta comisión ha sido escenario de su única intervención como senador en el debate de la Ley de Sostenibilidad de las Pensiones, en diciembre de 2013.

Sin embargo, ha presentado 1.313 preguntas al Gobierno con respuestas escritas, todas centradas en asuntos de interés andaluz.

Nacido en Madrid en 1946 e inspector de Trabajo y Seguridad Social, Griñán fue diputado nacional tres legislaturas (entre 1993 y 2004), ministro de Sanidad y Consumo de 1992 a 1993 y titular de Trabajo entre 1993 a 1996.

Ya en su etapa en Andalucía, fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2008, con Manuel Chaves como presidente, y ya presidente de la Junta de 2008 a 2012.

En sus cargos orgánicos, ha sido secretario general del PSOE-A y presidente del PSOE.

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El juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha desestimado la querella presentada por Podemos contra la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por vincular presuntamente el partido a la banda terrorista ETA.

Así consta en un auto fechado el 8 de junio, al que tuvo acceso Europa Press, en la que el juzgado estima el recurso de reforma presentado por la presidenta del PP madrileño contra un auto del pasado mes de abril donde se acordaba admitir a trámite la querella interpuesta por la formación liderada por Pablo Iglesias por un delito de calumnias. Contra esta resolución cabe recurso de apelación.

La querella se presentó contra la dirigente popular por delitos de injurias y calumnias graves hechas con publicidad. El documento denunciaba que Aguirre relacionaba a la formación con ETA después de que publicara en un blog un artículo titulado 'Lo que hay que saber de Podemos' en el que afirmaba que 'Podemos está con ETA' y que el venezolano 'ha pagado a Podemos 3,7 millones de euros'.

En el auto, el juzgado entiende que las frases "controvertidas, de haberse pronunciado, se dijeron en un contexto político". "En un estado democrático impera la libertad de expresión y las manifestaciones efectuadas en un contexto político se deben interpretar también en este contexto", entiende.

Así, explican que previamente a que se publicara el 1 de julio los comentarios objeto de la querella "habían aparecido diversas publicaciones sobre el partido político Podemos y sobre su líder relacionados con estas afirmaciones".

"El político disfruta de la protección de la fama, pero esta exigencia debe equilibrarse con los intereses de la libre discusión propia de un estado democrático", señala la magistrada Mónica Aguirre, quien añade que para que exista una "infracción de injurias es preciso que se realicen imputaciones claras, ofensivas y concretas que excedan de los límites tolerables en un discurso político".

Y, añade, para que exista un presunto delito de calumnias, "deben imputarse hechos delictivos". "La comparación genérica entre un partido político y ETA no implica la imputación en actividades concretas de terrorismo", reza el auto.

Asimismo, insiste en que el "ejercicio de la libertad de expresión en el terreno de las opiniones políticas, debe imperar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto de una sociedad democrática". De este modo, se estima que los hechos denunciados "carecen de relevancia penal, siendo de aplicación el principio de intervención mínima".

También señala que se discrepa de las alegaciones de la acusación particular en el escrito de impugnación del recurso. "Con independencia de la literalidad de las expresiones presuntamente atribuidas a la querallada, la cuestión relativa a la aplicación del derecho a la libertad de expresión no debe ser objeto de debate en la vista oral", concluye.

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El dirigente socialista Pedro González Zerolo, miembro de la Ejecutiva del PSOE y secretario de Movimientos Sociales, ha fallecido en su casa de Madrid, han informado a Efe fuentes socialistas.

Pedro Zerolo, de 54 años, número tres de la candidatura del PSOE a la comunidad de Madrid que encabezaba Ángel Gabilondo en las elecciones del 24M, anunció en enero de 2014 que sufría un cáncer de páncreas del que estaba recibiendo tratamiento.

En este tiempo ha compatibilizado la enfermedad con sus responsabilidades políticas y su compromiso con los derechos sociales y lucha por las libertades hasta el final.

Ayer mismo, el candidato socialista a la Comunidad, Ángel Gabilondo, recogía la credencial de su compañero como diputado, ya que su estado de salud no le permitió acercarse a recogerla.

En el momento de su fallecimiento, Zerolo estuvo rodeado de su familia, sus hermanos y su marido, Jesús Santos, han informado fuentes de su entorno.

La capilla ardiente se instalará esta misma mañana en el patio de cristales de la Casa de la Villa, de acuerdo con la familia y por ofrecimiento de la alcaldesa en funciones de Madrid, Ana Botella.

Comprometido socialmente, Pedro Zerolo ha sido un político entrañable, recordado por sus actividades contra la discriminación, en pro de los derechos de los homosexuales, en la lucha contra el sida y a favor de la sanidad pública madrileña.

Vinculado desde siempre al Partido Socialista, nació en Venezuela el 20 de julio de 1960, aunque creció en Canarias y tras sus estudios universitarios se trasladó a Madrid, donde comenzó a colaborar en proyectos sociales, entre ellos el del sacerdote Enrique de Castro para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad en el barrio de Entrevías.

En 1989 saltó a la política al presentarse como candidato al Senado en las elecciones de octubre, por el partido Lista Antiprohibicionista sobre Drogas, grupo apoyado, entre otros, por el Partido Radical Italiano y personalidades españolas como José Luis López Aranguren, Manuela Carmena o Antonio Escohotado. Pero no logró escaño.

Ingresó en el Colectivo Gay de Madrid (COGAM) en 1992, en el que primero fue asesor jurídico y entre 1993 y 1997, presidente. Desde 1997 compatibilizó su trabajo de abogado con el de presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays (FELG).

Unos años más tarde, la candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, le ofreció ocupar el sexto puesto de su lista. Tras aceptar la oferta, el concejal dimitió como presidente de la FELG por considerar que ese cargo era incompatible con una candidatura política.

De la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004 entró a formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE y fue elegido secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG's.

Firme defensor del matrimonio homosexual, en octubre de 2003, Zerolo y su pareja, Jesús Santos, presentaron una solicitud de matrimonio en el Registro Civil de Madrid, que les fue denegada, compromiso que finalmente alcanzaron en 2005, tres meses después de la entrada en vigor del matrimonio homosexual en España, en un acto oficiado por la entonces concejala Trinidad Jiménez.

En septiembre del 2008 pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), y en 2012, en el XII Congreso Regional del PSM, fue elegido secretario de Movimientos Sociales.

Hace dieciocho meses, en enero de 2014 anunció que le había sido diagnosticado un cáncer, y su intención de compaginar el tratamiento médico con su trabajo en el PSOE y en el Ayuntamiento de Madrid.

El pasado mes de enero la Ejecutiva Regional del PSM le nombró presidente tras la retirada de Juan Barranco, cargo en el que permaneció hasta el 11 de febrero, cuando la dirección federal del PSOE descabezó a la federación madrileña, con Tomás Gómez al frente, para dar entrada a una gestora.

Cinco días después, el 16 de febrero, anunció su disposición a ser candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Entre los premios que ha recibido figuran: el Premio Rosa Manzano, que otorga el PSOE (1999), la medalla de oro FAD, Fomento de las Artes Decorativas, por su trayectoria en defensa de los derechos del colectivo homosexual (2000), el Premio Emilio Castelar a la Defensa de la Igualdad (2012), Carmen Cerdeira a los derechos Civiles (2014) y el Nicolás Salmerón de Derechos Humanos (2014).

En noviembre del 2014, Zerolo fue elegido además presidente de Honor de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS), durante el XII Congreso Español de Sexología y el VI Encuentro Iberoamericano de profesionales de sexología, celebrado en Córdoba.

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