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Miércoles, 09 Diciembre 2015 12:21

La hija de Hsas tenía un secreto

Canarias 7.

En la calle Maxorata de Morro Jable se respira el cercano mar y una tranquilidad que se rompió en la madrugada del martes, en torno a las 4.30 horas, cuando la Policía Nacional registró el segundo piso del número 17 y detuvo a la mayor de las tres hijas de Hsas. Acusada presuntamente de pertenecer a la organización terrorista Dáesh o Estado Islámico (EI), otros aires bien distintos debió respirar a la vista de que el Ministerio del Interior le atribuye a la joven estudiante de 19 años su pertenencia a una cédula «altamente profesionalizada», la difusión «masiva» de material con imágenes de ejecuciones cometidas por Dáesh y de que, por su grado de formación e implicación en EI, estaba «en condiciones de cometer eventuales atentados».

La hija de Hsas se despidió el viernes de su compañera de residencia escolar en Puerto del Rosario con un «hasta el miércoles», cuando se retoman las clases tras el puente. Hsas, encargado de la limpieza de las piscinas en un hotel de Morro Jable y residente en Fuerteventura desde hace unos 20 años, se encargaba cada lunes de llevar a la hija y a su amiga a la guagua que las trasladaría hasta la capital majorera, donde cursan el mismo ciclo formativo. El regreso a la residencia escolar se adelantó a este martes a mediodía, cuando la joven presenció durante unos 40 minutos el registro de sus pertenencias ya en calidad de detenida y con las manos atadas.

Aunque todos los vecinos se muestran sorprendidos de la operación policial que terminó a las 9.50 horas de este martes, a ninguno se le escapó que los agentes secretos vigilaban la calle desde hace dos semanas.

La única incógnita era por qué lo hacían. Unos apuntaban a una redada antidrogas, otros ni les importaba. Ninguno imaginaba que el blanco de las investigaciones era la joven de 19 años a la que solo veían salir solo con sus padres y con sus dos hermanas pequeñas, sin novio conocido.

A pesar de que la tranquilidad había vuelto a la calle y de que las noticias de la televisión lo desmentían en la voz de un ministro, los vecinos de la presunta yihadista repetían «es una niña muy buena» y que procede de una familia todavía más intachable. «Todo esto es una locura» resumía una mujer íntima de la familia.
La locura terminó ayer, en torno a las 13.00 horas, con el traslado de la joven a Madrid donde declarará ante el Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional.

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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha incluido este martes en su orden del día la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlament después de que su presidente, Fancisco Pérez de los Cobos, haya obtenido un amplísimo consenso entre los magistrados para anularla esta semana.

Fuentes del alto tribunal han informado a Efe de la decisión de incluir esta cuestión en el orden del día del pleno, que se está celebrando ya, y de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia, Andrés Ollero, la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación.

Las mismas fuentes han señalado que la suspensión cautelar de la resolución adoptada por el TC el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva.

Sí es posible, dicen las mismas fuentes, que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.

El pasado día 11 de noviembre el pleno del Tribunal Constitucional suspendió por unanimidad la resolución independentista adoptada por el Parlament de Cataluña y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell.

A todos ellos les advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataran su decisión.

Ambas decisiones fueron adoptadas en el auto del tribunal de garantías que admitía a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta.

Aquel auto perderá ahora validez por cuanto el alto tribunal adoptará una resolución definitiva sobre el asunto, si bien un aspecto del mismo, la inclusión de una advertencia sobre la obligación de obedecer al alto tribunal a las personas afectadas, sigue vigente.

La decisión del TC se notificó de manera personal al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlament, Pere Sol.

A todos se les advirtió, a iniciativa del Gobierno, de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC y los magistrados advirtieron de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento.

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El Gobierno aprobará este viernes en Consejo de Ministros la extensión hasta el 31 de julio de 2016 de la octava edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de vehículos a cambio de achatarrar uno antiguo, que finalizaba el próximo 31 de diciembre.

Según informaron fuentes de Industria, finalmente la aprobación de la ampliación del PIVE se realizará este viernes, después de que se barajaran los consejos de ministros de esta semana y de la próxima para dicha aprobación.

La octava edición del Plan PIVE contaba con un presupuesto de 225 millones de euros y los fondos no se iban a agotar a finales de año, por lo que se podrá utilizar el remanente de unos 130 millones de euros que estaba previsto que sobrara a finales de 2015.

El ritmo en el que se han consumido los fondos del Plan PIVE 8 ha sido más lento en comparación con otras ediciones, ya que se endurecieron las condiciones de acceso a los beneficiarios que tienen que dar de baja un vehículo de más de diez años del que deben ser titulares desde al menos un año. Además, es obligatorio que el coche a achatarrar tenga en vigor la ITV y pagado el impuesto de circulación.

Al fin de la actual edición del PIVE, cerca de 1,1 millones de vehículos antiguos, menos seguros y más contaminantes, se habrán sustituido por otros nuevos y se habrá generado una recaudación fiscal de unos 5.000 millones de euros.

Los ocho PIVE posibilitarán que se dejen de emitir a la atmósfera 1,82 kilotoneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, así como 17.000 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno (NOx). Estos planes generarán una demanda adicional de vehículos de unas 450.000 unidades.

Por otro lado, las fuentes de Industria consultadas por Europa Press señalaron que la intención del Gobierno también contempla aprobar este viernes en el Consejo de Ministros el Plan Movea, de impulso a vehículos impulsados con energías alternativas, aunque señalaron que hasta el último momento no se decidirá.

El Plan Movea contará con un presupuesto de 17 millones de euros y buscará incentivar la adquisición de vehículos 100% eléctricos, así como eléctricos con autonomía extendida, con biocombustible, de gas (GNC y GLP) y también impulsados con hidrógeno.

Entre las novedades del Movea, que unifica el PIMA Aire y el Movele, destaca que también incluirá ayudas a la instalación de infraestructuras de recarga para este tipo de vehículos en lugares públicos.

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El Ministerio del Interior acogerá este jueves una nueva reunión del pacto antiyihadista en la que se sellará la incorporación de nuevos partidos, concretamente de Ciudadanos, UPyD, Unió, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Partido Aragonés. A la cita también acudirá Podemos, pero en calidad de "observador" y sin suscribir el acuerdo contra el terrorismo firmado inicialmente en febrero por el Gobierno y el PSOE.

El encuentro arrancará a las 12 horas y estará presidido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Por parte del Partido Popular acudirá su portavoz parlamentario, Rafael Hernando y por el Partido Socialista, su homólogo, Antonio Hernando.

En representación de Ciudadanos irá su presidente, Albert Rivera, quien este martes subrayó la necesidad de "estar unidos y demostrar responsabilidad" frente a la "amenaza real" del terrorismo yihadista. Asimismo, ha advertido de que España "no se puede quedar fuera de la estrategia común" que se establezca para luchar contra el Estado Islámico.

Por parte de Podemos, su líder, Pablo Iglesias, confirmó la presencia de su formación por medio de su secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Rafa Mayoral. Fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien se puso en contacto con Iglesias para trasladarle la invitación.

El líder de Podemos aceptó que su partido esté presente en la reunión, pero sin formar parte del pacto. El 'número dos' del partido, Iñigo Errejón, ha explicado este miércoles que van con el propósito de proponer y escuchar. "Nosotros a las reuniones vamos aunque no estemos de acuerdo", ha añadido.

Sáenz de Santamaría también se puso en contacto con el líder de IU, Alberto Garzón, quien ha declinado la invitación a asistir al encuentro. "No vamos a participar en ninguna justificación de la doctrina que va desde Bush hasta Hollande", justifica Garzón.

Tampoco acudirá el PNV, que no está dispuesto a suscribir un pacto que, a su juicio, no se cumple en lo que respecta al papel de la Ertzaintza. Su candidato al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, denunció este miércoles que PP y PSOE niegan a la Policía autónoma "el acceso directo" a la información sobre el yihadismo y, además, que el Gobierno central "prohíbe" las convocatorias para ampliar el número de ertzainas.

En cuanto a otros partidos, Ana Oramas será la representante de Coalición Canaria, Carlos Salvador irá en nombre de UPN, Cristina Coto por Foro Asturias, Andrés Herzog por parte de UPyD, Josep Sánchez Llibre en representación de Unió Democrática de Catalunya y Arturo Aliaga por el Partido Aragonés. El pasado sábado 14, al día siguiente de los atentados de París, se produjo la anterior reunión de seguimiento de este pacto al que acudieron representantes de Interior y del PP y el PSOE.

El pacto antiyihadista es el acuerdo firmado el pasado 2 de febrero (semanas después de los atentados de Charlie Hebdo) por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Consiste en un pacto de Estado abierto al resto de formaciones que consta de un total de ocho puntos que afectan al ámbito político, al judicial y policial.

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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, confiesa en un libro de Maruja Torres que si "pudiera rebobinar a febrero pasado" matendría su "no" inicial a presentarse como candidata por Ahora Madrid, y asegura además que no es feliz ahora.

"Si pudiera rebobinar a febrero pasado, mantendría mi no inicial a presentarme como alcaldesa", explica Manuela Carmena a la periodista y escritora Maruja Torres, que publica en Planeta 'Manuela Carmena en el diván de Maruja Torres', un libro de charlas entre ambas que sale a la venta mañana.

Según explica la editorial, Carmena, de 71 años, revela que se siente "desbordada" por la situación y la fama sobrevenida.

"Te haces un poco de todos y eres menos dueña de ti, y los demás lo son un poco", comenta Carmena sobre su conversión en alcaldesa de la capital española, y añade: "Me puede. Todo esto es absolutamente excesivo. Me desborda. No soy feliz ahora, y eso no es bueno".

La regidora asegura que la única parte del reto que le importa es "mejorar Madrid" y "las condiciones de vida de los madrileños".

La jurista veterana viaja en transporte público para que la gente aumente su "dignidad" al verse atendida, se muestra convencida de que es necesario el trato directo con la gente y es partidaria de que los puestos políticos los desempeñen políticos no profesionales.

Hay también múltiples aspectos personales en las charlas entre Maruja Torres y Manuela Carmena, como su familia, sus orígenes, el feminismo, el maquillaje o el sexo, pues la alcaldesa recuerda a Maruja Torres "la cantidad de placeres que hay sin penetración".

Carmena reivindica la felicidad como "lo más importante del ser humano" y aquello para lo que tiene que prepararse, y en ese trabajo para alcanzarla reivindica la educación emocional, una asignatura pendiente del sistema.

El libro es un acercamiento a la figura de Manuela alcaldesa desde un aspecto político e ideológico pero también humano a base de charlas en lugares como un hotel de Madrid o la casa barcelonesa de la periodista en la que, según la definición de Maruja Torres, coetánea a Carmena, parecen dos "tietas".

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El presidente de la Generalitat en funciones y aspirante a la reelección, Artur Mas, está a la espera de que la CUP se mueva tras haberle realizado una oferta "pública y notoria" en el Parlament, y ha reivindicado crear "puentes de libertad" en un momento de "cierta tensión política" en Cataluña.

Mas se ha referido a la CUP en unas escuetas declaraciones a los periodistas después de la inauguración de la XV Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que congrega en Barcelona una decena de ellos, como Lech Walesa, Oscar Arias, David Trimble o Frederik Willem De Klerk, entre otros.

El líder de CDC ha recalcado que él ya ha hecho un movimiento que es "público y notorio" y que expuso ayer en el Parlament, sin lograr el apoyo suficiente para ser investido, y ha añadido: "A partir de ahora veremos qué dicen los otros", en alusión a la CUP.

En su discurso en el acto de inauguración de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el presidente en funciones ha rechazado alzar muros y ha reivindicado "puentes de libertad" en un momento de "cierta tensión política" entre Cataluña y el resto de España.

"Incluso en este momento de cierta tensión política nos sigue presidiendo el lema del civismo, la mentalidad pacífica y sobre todo este lema vuestro: no más muros y puentes de libertad", ha afirmado Mas ante un auditorio de premios nobel y representantes de organizaciones internacionales, después de recibir ayer en mano el apercibimiento del Tribunal Constitucional (TC).

El presidente en funciones ha presentado a Cataluña como un país "absolutamente mezclado", con personas de diferentes orígenes, lenguas y culturas, y ha remarcado que "lo importante no es de dónde viene la gente" sino "adónde queremos ir todos juntos de cara al futuro".

En su discurso, que han escuchado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Mas no ha hecho referencia explícita a la situación de las negociaciones con la CUP para su investidura.

Sólo se ha referido a este asunto al salir del acto ante preguntas de los periodistas, a los que ha respondido: "Nosotros el movimiento que teníamos que hacer para llegar a un acuerdo ya lo hemos hecho, es público y es conocido; a partir de ahora veremos qué dicen los otros".

Mas, cuya investidura fue rechazada por la CUP, ofreció someterse a una cuestión de confianza en un plazo máximo de diez meses y diluir la Presidencia en tres vicepresidencias.

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La jueza y candidata de Podemos a las elecciones Victoria Rosell ha opinado este jueves que la advertencia del TC a 21 altos cargos catalanes sobre la suspensión de la proposición independentista no tendrá "consecuencia práctica" y ha confiado en que no se construya "artificiosamente" un delito de desobediencia.

Rosell, en declaraciones a los periodistas a su llegada a unas jornadas sobre corrupción, ha insistido en que la solución al problema de Cataluña no es jurídica, sino política, y ha recalcado que una consulta a los ciudadanos "es la mejor solución y la más acorde a la Constitución".

La cabeza de lista de Podemos por Las Palmas ha sido preguntada por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la resolución independentista del Parlament y de apercibir a 21 altos cargos de posibles responsabilidades penales si incumplen su mandato.

"Yo creo que no va a tener mucha consecuencia práctica", ha opinado la jueza en excedencia, quien ha recordado que "la desobediencia tiene que basarse en actos concretos". "Es difícil construir artificiosamente un delito de desobediencia y yo confío en que esto no suceda", ha añadido.

Ha admitido que el Constitucional "ha cumplido rápido con su deber" y ha vuelto a mostrar su desacuerdo con la resolución del Parlament y "el salto cualitativo poco deseable" que supone su llamamiento a desobedecer las leyes y a las instituciones.

Pero también ha reprochado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su "inactividad" y su falta de acción para buscar una solución política "y para no enquistar este conflicto ni polarizarlo de esta manera".

Ha reiterado que en la Constitución cabe una consulta siempre y cuando la plantee el Congreso de los Diputados y esa es la solución. "Ni los recursos, ni las demandas, ni las querellas. Pueden ser una pequeña consecuencia pero nunca la solución", ha sentenciado.

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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado este miércoles que "cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia" y ha recalcado que defenderá "con firmeza" el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación.

Rajoy ha hecho hincapié en que ambos principios son la "esencia de la democracia" que pretende "poner en riesgo" la resolución secesionista del Parlament.

"Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación", ha dicho Rajoy en rueda de prensa después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la declaración secesionista aprobada el pasado lunes por el Parlamento de Cataluña.

El presidente del Gobierno ha señalado que el recurso presentado ante el Constitucional es la "prueba máxima" de un Estado de derecho que "cree en sus leyes y que las defiende" para que los españoles "puedan seguir confiando en las instituciones".

Ha dicho que la Abogada General del Estado, Marta Silva, ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la resolución independentista una vez recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado que considera que esta propuesta "vulnera" la Constitución y supone una "declarada insumisión a las instituciones".

"No es un juicio de valor ni la opinión del Gobierno, es el criterio del máximo órgano consultivo del Estado", ha añadido.

Rajoy ha destacado que los impulsores de esta resolución secesionista pretenden vulnerar la Constitución y su propio Estatuto y cuestionar la integridad de España.

"Quienes arrogándose un poder constitucional que no les corresponde, pretenden atribuirse la soberanía nacional, que sólo al pueblo español le corresponde. Una soberanía que no se puede dividir ni fragmentar", ha agregado.

En opinión del presidente del Gobierno, esta resolución pretende devolver al país "a la arbitrariedad del poder y retroceder a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente".

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a cinco exdirigentes de ETA por el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, al considerar que ordenaron acabar con su vida como miembros del "comité ejecutivo" de la banda en esa época.

Pedraz ha imputado a Mikel Albisu Iriarte, "Mikel Antza"; Ignacio de Gracia Arregi, "Iñaki de Rentería"; José Javier Arizcuren Ruiz, "Kantauri"; Julián Achurra Egurola, "Pototo"; Juan Luis Aguirre Lete, "Insuntza", tras admitir a trámite una denuncia que presentó la hermana del asesinado, Consuelo Ordóñez.

El juez se ha basado en un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil que aporta, según Pedraz, fiables y verosímiles indicios de la participación de los cinco en la decisión de matar a Gregorio Ordóñez.

El auto del magistrado describe el funcionamiento piramidal y jerárquico de ETA, en donde su cúpula o comité directivo asume todas las funciones directivas, "de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal".

En el caso del asesinato de Ordóñez, recuerda que tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart la banda necesitaba recuperarse del aquel éxito policial e inició una estrategia que pasaba por atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, "tratando así de desestabilizar al Estado y lograr una hipotética negociación".

El juez recuerda cómo Valentín Lasarte, condenado por este atentado, declaró "detalladamente" la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que "Kantauri" le transmitió los datos e instrucciones necesarias para que contactara con dos miembros liberados de ETA con los que colaboraría en el comando Donosti.

Esta cita, denominada "orgánica" en el lenguaje de la banda, se enmarca en "la forma tradicional que utiliza ETA para contactar entre el responsable del comando y los integrantes del mismo", explica Pedraz.

Tras el encuentro, Lasarte contactó con Javier García Gaztelu y Juan Ramón Carasatorre para cometer varias acciones dentro del comando, entre ellas la del asesinato de Ordoñez, que se produjo el 23 de enero de 1995 en el restaurante La Cepa de San Sebastián mientras la víctima comía con otros compañeros de partido, entre ellos María San Gil.

Los tres etarras fueron condenados en 1997, 2006 y 2011 como responsables de la muerte del concejal.

Pedraz explica en el auto que tras la desarticulación de la cúpula de la banda en 1992, se diseñó una nueva estrategia que "se plasmó en una escalada de atentados dirigidos contra objetivos mucho más selectos y significativos", como es el caso de Ordóñez, que fue el primer político asesinado desde 1984, cuando ETA mató al socialista Enrique Casas Vila.

Así, los encargados de reorganizar estructural y operativamente la banda fueron "Iñaki de Rentería" y "Mikel Anzta", que responsabilizaron a "Kantauri", "Pototo" e "Insuntza" de los principales "aparatos" de la organización y que formaron así el nuevo "comité ejecutivo" de ETA.

A partir de 1993, estos nuevos dirigentes, sostiene el juez, "pusieron en marcha la nueva estrategia para "mostrar al Estado español que ETA había recuperado su poder generador de violencia, terror y subversión" y lograr así negociar con el gobierno.

En este nuevo escenario, el comité ejecutivo de la banda "tomó la decisión de forma colegiada de atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, convirtiéndose en objetivos prioritarios a partir de julio de 1993".

"El comité ejecutivo decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado", explica el juez.

Dentro del comité ejecutivo, detalla que "Iñaki de Rentería" era responsable de los aparatos militar y logístico, "Mikel Antza" del político, "Pototo" del de logística, "Kantauri" del militar y del aparato de ilegales e "Insuntza" era su "lugarteniente".

En el auto, el juez acuerda notificar la imputación por un delito de asesinato terrorista a los cinco afectados para que puedan personarse en la causa.

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El Parlamento de Cataluña ha aprobado este lunes, con los 72 votos de los diputados de Junts pel Sí (JxS) y la CUP, la "declaración solemne del inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", un "proceso de desconexión" que "no se supeditará" al Tribunal Constitucional.

Ciudadanos, PSC y PP habían pedido que los 135 diputados tuviesen que votar en voz alta los dos puntos que plantean desobedecer a las instituciones españolas, pero JxS y la CUP lo han rechazado y se ha procedido a una votación ordinaria, no secreta, en la que de todas formas ha quedado reflejado en el panel electrónico del hemiciclo qué parlamentarios han votado a favor de la resolución.

El texto aprobado prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública" y proclama la "apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto", para "preparar las bases de la futura constitución catalana".

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