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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles que se arrepiente de haberle dicho al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que no es un político decente, durante el 'cara a cara' que protagonizaron en la última campaña electoral.

"Creo que me equivoqué", ha afirmado Sánchez, en una entrevista en Cadena Cope, cuando se le ha preguntado si mantiene que el líder del PP no es un político decente, como dijo en el debate que tuvieron el 14 de diciembre.

El líder del PSOE ha defendido que "podía haber utilizado otra expresión" y ha admitido que, aunque mantiene "discrepancias" con Rajoy, considera que ese día se equivocó. "Yo también he aprendido de esa campaña electoral", ha apuntado.

Así, ha señalado que el pasado 20 de diciembre los españoles dijeron "basta ya del 'y tú más'", porque "hay que hablar más de las cosas que unen y no la de las que separan". "Estoy diciendo que creo que me equivoqué", ha reiterado, cuando se le ha preguntado si retirará ante Rajoy su afirmación.

Es la primera vez que Sánchez cuestiona el ataque que hizo al líder de los 'populares' en el 'cara a cara', que sirvió como revulsivo en la campaña para el 20D, en la que los militantes le pedían "caña" a Rajoy. Desde ese momento, el líder de los socialistas sacó pecho por decirle a su oponente lo que cree que opinaban la mayoría de los españoles, hastiados de los casos de corrupción en el PP.

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El Gobierno y la Generalitat catalana han pactado cinco temas sobre los que tenían disputas competenciales, entre ellos el nuevo Institut CatalÓ de Finances (ICF), con lo que han evitado acudir al Tribunal Constitucional, según ha anunciado este miércoles el senador del PPC Xavier García Albiol.

Los acuerdos han llegado una semana después de la reunión entre el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, que le pidió que se bajara la conflictividad y la judicialización de la política.

Ambos acordaron que esta semana se reunirían los vicepresidentes de sus respectivos gobiernos, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, que se verán mañana en Madrid.

Pero antes de ese encuentro, la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat alcanzó el lunes cinco acuerdos en ámbitos del ICF, el sistema de protección a la infancia y la simplificación de la actividad administrativa del Govern catalán.

Según Albiol, este hecho pone de manifiesto que "existe la clara voluntad del Gobierno por llegar a acuerdos con la Generalitat en todos los aspectos que se ajustan al marco legal, a la Constitución y al Estatut".

Es también, a su juicio, una buena base para la reunión de mañana y para que Junqueras acuda con actitud "positiva y constructiva", intentando avanzar por el camino del desbloqueo de las relaciones institucionales y que la Generalitat sea consciente de que "no puede estar legislando al margen de la distribución de competencias que le son propias".

García Albiol ha considerado que se tendría que incidir en estos momentos en la vía de diálogo y que la Generalitat "deje de legislar en contra de España", intentando "romper España", y se sume a las medidas para consolidar la recuperación económica.

Hay "cosas que son básicas", ha remachado, como que "no se puede estar gobernando en contra de la mitad de la población", de aquella parte que no es separatista, porque "sólo gobiernan para aquellos que piensan como ellos" y quieren "convertir en invisibles" a los no independentistas.

Tampoco se puede estar legislando "en favor de construir una república catalana", ha advertido, convencido de que esa situación está generando "inquietud política e inseguridad jurídica con repercusión en el ámbito empresarial".

De la reunión de mañana entre los dos vicepresidentes, ha indicado que Sáenz de Santamaría "no tiene pinta de ser un dragón", en alusión a las palabras de Puigdemont del pasado sábado, con motivo del día de Sant Jordi.

Ahora bien, ha precisado que si Junqueras acude con planteamientos "inasumibles" e insistiendo en que pretenden "romper Cataluña del resto de España", entonces se encontrará con la oposición de Sáenz de Santamaría, que "tiene las ideas muy claras".

Ha recordado asimismo que la Generalitat ha puesto más recursos en el TC (51, según sus cifras) que el Gobierno (36), los últimos tres aprobados en el pasado Consejo de Ministros.

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El diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo ha opinado este lunes que el "escenario es favorable" para que su partido vuelva a concurrir en el archipiélago en coalición con el PSOE a las elecciones generales, si el rey las convoca tras la ronda de consultas que ha empezado esta mañana con él.

Quevedo, no obstante, ha recordado que son las direcciones de ambos partidos las que "se deben sentar" para llegar a ese acuerdo y ha asegurado que todavía no han hablado "ni un minuto" de eso, ya que están convencidos de que hay que "intentar hasta el último minuto" que no se repitan los comicios.

En rueda de prensa en el Congreso tras su audiencia con el rey, el parlamentario canario ha explicado que su "opinión personal" es que los resultados de la coalición con el PSOE son "favorables" y que han demostrado antes y después de la cita electoral que "es posible entenderse" y a la vez "mantener la singularidad de cada cual", con un "compromiso alto del programa sin que chirriase nada".

También ha resaltado que el pacto con los socialistas ha supuesto un "programa electoral como nunca en la historia de Canarias asumido por un partido estatal".

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El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha enviado al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y considera que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.

La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El magistrado considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Supremo.

El Tribunal Supremo es el único competente para investigar y, en su caso juzgar, a la senadora.

El juez explica que ni las dos investigadas (imputadas) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos.

Sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP, e incide en la relación de la actual senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Según el Tribunal Superior de Justicia, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.

Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes.

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja.

Así, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro del mismo.

Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

Respecto al exconcejal y actual diputado autonómico Miquel Domínguez, quien también habría efectuado la aportación de mil euros, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y, al igual que Barberá, rehusó la invitación para declarar voluntariamente, pero ha presentado un escrito de alegaciones.

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El presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, ha facilitado este jueves al rey en el Palacio de la Zarzuela la lista de representantes de las 14 formaciones con presencia en la Cámara Baja que participarán en la tercera ronda de consultas políticas, convocada por Felipe VI para la semana próxima.

López ha acudido a la Zarzuela con una carpeta granate, de las que se utilizan en el Congreso, y ha saludado cordialmente a don Felipe -que le ha recibido sonriente, con traje gris oscuro y corbata de dibujos rosas- en el Salón de Audiencias, donde han posado ante los medios gráficos antes de pasar ambos al despacho del rey para celebrar allí la reunión, que ha durado una media hora.

A su regreso al Congreso de los Diputados, López ha comentado a los periodistas que en ningún momento ha hablado con el rey de la posibilidad de proponer un candidato independiente de consenso para ser presidente del Gobierno, como ha defendido hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Felipe VI tiene previsto recibir a los 14 representantes políticos parlamentarios entre el lunes y el martes de la próxima semana, en una tercera y última ronda de consultas para comprobar si puede proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno o bien procede a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Como ha sucedido en las anteriores rondas, fuentes parlamentarias estiman que el rey dejará la tarde del martes para los dos principales líderes políticos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, antes de volver a llamar a López para comunicarle su decisión.

El pasado 12 de abril, el rey y López acordaron que hoy sería cuando tuviera lugar este encuentro en la Zarzuela y cuando desde la Casa del rey se le haría llegar al presidente del Congreso la relación de días y horas en que los distintos representantes políticos serán recibidos por el Monarca entre el lunes y el martes.

Una vez que ERC descartó reunirse con el jefe del Estado por no haber recibido el rey a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y después de que a la negativa de este grupo se sumase la de EH-Bildu, fueron 14 las candidaturas o formaciones que acudieron a su cita con don Felipe tanto en la primera como en la segunda ronda de consultas.

De este modo, el rey recibió a Nueva Canarias (Pedro Quevedo), Foro Asturias (Isidro Martínez Oblanca), CC (Ana Oramas), UPN (Javier Esparza) -en la primera ronda e Íñigo Alli en la segunda-, UP-IU (Alberto Garzón), PNV (Aitor Esteban), En Marea Podemos (Alexandra Fernández), DiL (Francesc Homs), Compromís (Joan Baldoví), Xavier Domènech (En Comú-Podem), Albert Rivera (C's), Pablo Iglesias (Podemos), Pedro Sánchez (PSOE) y Mariano Rajoy (PP).

La primera serie de consultas políticas de don Felipe tras las elecciones del 20 de diciembre comenzó el lunes 17 de enero y concluyó el viernes de aquella semana, cuando Rajoy declinó su ofrecimiento para someterse al debate de investidura, lo que dio paso a la segunda ronda, también de cinco días, que se abrió el 27 de enero y desembocó en la investidura fallida de Pedro Sánchez.

La finalidad de esta tercera ronda de consultas que comienza el lunes, según la explicación de la Casa del rey, es "constatar si, de la disposición que le trasladen los representantes de los grupos políticos", el Monarca "puede proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza".

En caso contrario, esta nueva serie de contactos permitirá a don Felipe constatar si, "en ausencia de una propuesta de candidato", puede "proceder a la disolución de ambas Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones generales en el momento que constitucionalmente corresponda y con el refrendo del presidente del Congreso", en los términos previstos por el artículo 99.5 de la Constitución.

Si finalmente se celebran nuevos comicios generales, la convocatoria se publicaría en el Boletín Oficial del Estado el 3 de mayo, para que las elecciones se celebraran el domingo 26 de junio, 54 días después.

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El Congreso constituirá este miércoles la Diputación Permanente, el único órgano que permanecerá activo si se disuelvan las Cortes y cuyos integrantes mantendrán la condición de aforados hasta que se forme la nueva Cámara tras la celebración de las elecciones generales.

Así lo ha acordado este martes la Junta de Portavoces después de que este lunes se cumpliera el plazo que el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, dio la semana pasada a los grupos para que comunicaran quiénes serán sus representantes en dicho órgano parlamentario.

La Diputación Permanente de esta XI Legislatura estará compuesta por 60 miembros titulares y otros tantos suplentes, así como su reparto por grupos: 21 del PP, 14 del PSOE, 11 de Podemos, siete de Ciudadanos, dos de ERC, otros dos de Democràcia i Llibertat, uno del PNV y dos del Mixto, todos ellos con sus respectivos suplentes.

En concreto, el PP ha decidido presentar una lista 'jerarquizada" que incluye a once miembros del Gobierno con escaño en el Congreso, que encabeza el presidente Mariano Rajoy, y a la cúpula del partido que son la vez diputados.

Los grupos no han determinado quién conformará la Mesa de la Diputación. Sólo está claro, porque así lo establece el Reglamento de la Cámara, que el órgano lo presidirá el presidente del Congreso, pero deben nombrarse además dos vicepresidentes y dos secretarios entre sus miembros que suelen ser, además, miembros de la Mesa de la Cámara.

En la anterior legislatura la Diputación Permanente del Congreso se creó menos de un mes después de la constitución de la Cámara, pero esta vez, a punto de cumplirse tres meses de su constitución, el Congreso no había dado pasos para cumplir con este trámite ya que los grupos lo han ido retrasando para no dar la sensación de que daban la legislatura por fracasada y asumían un adelanto electoral.

En caso de que finalmente se confirme la imposibilidad de nombrar un nuevo Gobierno y se tengan, por tanto, que convocar nuevos comicios para el 26 de junio, sólo los diputados que formen parte de la Diputación Permanente conservarán sus escaños, cobrando como diputados y manteniendo su aforamiento.

Uno de los que pueden verse más afectados por la disolución de las Cortes es el diputado Pedro Gómez de la Serna, elegido en las listas del PP pero que acabó en el Mixto porque el Grupo Popular se negó a adscribir por la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el cobro de supuestas comisiones.

El Grupo Mixto no le incluirá entre los puestos titulares y suplentes que le corresponden, con lo que, si hay elecciones, Gómez de la Serna perderá su aforamiento el mismo 3 de mayo, que es cuando se prevé la publicación del decreto de disolución de Cortes y convocatoria de elecciones.

De momento, el juez José De la Mata que investiga su caso y el del diplomático Gustavo De Arístegui le ha ofrecido prestar declaración el 10 de mayo. Para entonces, si se repiten las elecciones, el que fuera portavoz del PP en la Comisión Constitucional la pasada legislatura ya no sería diputado.

El Senado constituyó su Diputación Permanente el pasado 9 de febrero, cuando aún no se había cumplido un mes desde que los senadores tomaron posesión de sus escaños. El PP decidió nombrar como una de sus suplentes en este órgano a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, una decisión muy polémica porque el juez acababa de imputar a todos los concejales del PP en Valencia por la 'Operación Taula'.

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El juez Santiago Pedraz ha decretado prisión sin fianza para los máximos responsables de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, a los que atribuye cuatro chantajes para que el sindicato retirara acusaciones en sendas causas judiciales, entre ellas la de la infanta Cristina en Nóos.

Ambos, detenidos el viernes acusados de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar acusaciones, han declarado hoy ante el juez, que ha decidido mandarles a prisión por los delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude de las subvenciones.

Y así, a las nueve y media de esta noche han ingresado en la cárcel de Soto del Real.

Según el auto de prisión, esta organización criminal la dirigía Pineda, que usaba la "cobertura" de presidir una asociación en defensa de los consumidores cuando en realidad coaccionaba a estas entidades a cambio de dinero. "Como medio para reforzar dicha coacción", detalla el juez, usó a Manos Limpias.

Los bancos que aceptaban el chantaje para que se les hiciera publicidad positiva o se les retiraran acusaciones pagaban a cambio grandes sumas de dinero, que el juez no cuantifica, enmascaradas en convenios publicitarios.

El auto desgrana cuatro chantajes para retirar acusaciones de Manos Limpias, una de ellas la de la infanta en el caso Nóos, por la que pidieron 3 millones, y otra la del presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los ERE.

Estas extorsiones quedaron grabadas en las conversaciones pinchadas a los imputados y la primera que hace referencia a la infanta fue el pasado 29 de febrero, cuando Pineda llamó al director general de la Fundación La Caixa y le propuso "negociar la retirada de la acusación popular de Manos Limpias".

Tras la declaración de la infanta el 3 de marzo ante la Audiencia de Palma, se intervino otra conversación entre Pineda y otro de los imputados, el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Javier Castro Villacañas, en la que comentaron la intervención en el juicio de la abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación en Nóos.

Pineda dijo que la letrada "se ha pasado", pero luego añadió: "Pero bueno, luego tendrá que plegar velas tío y punto" y "hacer lo que deba hacerse, no lo que le guste a ella, aparte que su momento de gloria ya lo ha tenido".

También aparece el subdirector general de la Asesoría Jurídica del Banco Sabadell y el abogado de la infanta, Miguel Roca (consejero de la entidad), quien se llegó a reunir con Pineda, pero dijo haberse negado al chantaje y luego denunció los hechos junto al directivo del Sabadell.

La extorsión que sí fructificó fue la del presidente de Unicaja y en las conversaciones figura cómo Pineda pactó con la entidad el pago de un millón de euros en forma de contratos publicitarios a cambio de la retirada de la acusación.

De hecho, a 2 de febrero, Unicaja había pagado a Ausbanc 617.127 euros en 2016, una cantidad que -reseña el juez Pedraz- es "muy superior" a la pagada en años completos precedentes.

El magistrado no deja constancia del pago de los otros 400.000 euros, pero sí de que el 29 de febrero Pineda pide al abogado que presente el escrito de retirada de la acusación, cuya acreditación enviaría el responsable de Ausbanc "al presidente" con las "significativas" palabras de "misión cumplida".

Otro caso investigado atañe de nuevo al Sabadell, donde Pineda negocia con Bernad y con Villacañas el envío de un burofax a ese banco al tiempo que él se ofrecía a ayudar a la entidad a cambio de que le rebaje la deuda a un determinado constructor.

También detalla Pedraz el denominado "caso Facua", con grabaciones en las que Pineda pide a los abogados de Manos Limpias que en el caso de las presuntas facturas falsas de UGT Andalucía se centren en imputar al portavoz de la organización de consumidores, quien les acababa de ganar un juicio y una indemnización de 900.000 euros por intromisión en el derecho al honor

En el auto, se detalla además que Ausbanc transfirió en los últimos cinco años 7.184.051 euros a las empresas vinculadas a la asociación, algunas de ellas radicadas en Colombia, Venezuela, los Estados Unidos, México y el Reino Unido y que, según el juez, no tenían una actividad real.

Además de estas citadas transferencias desde Ausbanc a sus sociedades, el juez indica que se han detectado en esos cinco años traspasos de fondos "en cuantías considerables" que las sociedades percibieron "de forma directa de las entidades bancarias" que extorsionaban.

Pedraz ha tomado hoy declaración a tres arrestados más, a los que ha dejado en libertad con comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Se trata de tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, y el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas.

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El exvicepresidente del Gobierno en tiempos de José María Aznar y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, también aparece en los papeles de Panamá. Según avanza el periódico El Confidencial, Rato "recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del patrimonio que ocultaba en el exterior antes de que la Agencia Tributaria lo descubriera y pusiera en marcha en abril de 2015 el procedimiento que ha acabado llevándolo ante los tribunales. Según documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial, el bufete de Gibraltar que gestionaba las sociedades de Rato en el extranjero, Finsbury Trust & Corporate Services Limited, contrató a Mossack Fonseca en 2013 para liquidar Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises, las sociedades 'offshore' que utilizó durante más de dos décadas el exvicepresidente del Gobierno para esconder su fortuna".

Agrega el periódico: "Rato inició el trámite para disolver las mercantiles después de vaciarlas de los 3.672.410 euros que escondía en ellas. Un informe de Hacienda incorporado al sumario del caso Rato precisa que sacó el dinero entre el 10 de junio de 2012 y el 11 de febrero de 2014 mediante transferencias a sus propias cuentas y a Vivaway Limited, otra empresa instrumental con sede en Reino Unido que también estaba bajo el control de su despacho gibraltareño. Tras mover los fondos, el expresidente de Bankia liquidó las sociedades para dificultar que fueran localizadas. Sin embargo, la artimaña no surtió efecto. El Juzgado número 31 de Plaza Castilla,que instruye el procedimiento contra Rato por blanqueo de capitales, corrupción entre particulares, delito contra la Hacienda Pública y administración desleal, investiga en estos momentos a Westcastle Corporation y Red Rose Financial Enterprises así como el origen del dinero que escondieron. Los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial en una investigación conjunta con La Sexta, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y 'Suddeutsche Zeitung', revelan que el 15 de marzo de 2013, Finsbury Trust & Corporate Services Limited pidió al despacho panameño que hiciera una búsqueda sobre Red Rose Financial Enterprises para tratar delocalizar a los testaferros que figuraban como directores de la compañía. Sus firmas eran necesarias para disolver la sociedad definitivamente".

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A la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a mis explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995, debidos a la falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años; sin perjuicio de que ninguna de tales actividades empresariales haya tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas; considerando el daño evidente que esta situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a mis compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual, comunico que, tras conversación con el Presidente del Gobierno, le he trasladado mi decisión irrevocable de presentar mi renuncia expresa a las funciones que como Ministro de Industria, Energía y Turismo tengo encomendadas desde el pasado día 21 de diciembre.

He comunicado también al Presidente del Gobierno mi decisión de renunciar a mi acta de Diputado del Grupo Parlamentario Popular.

Por último, he comunicado a la Secretaria General de mi partido mi renuncia a la presidencia autonómica del PP de Canarias.

Por todo ello comunicó que a partir del día de hoy dejo todo tipo de actividad política.

La política es una actividad que debe ser en todo momento ejemplar también en la pedagogía y en las explicaciones. Cuando así no ocurre, deben asumirse las responsabilidades correspondientes.

José Manuel Soria López

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La Policía Nacional ha detenido este viernes al secretario general del sindicato de funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernard, dentro de la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional por supuestas prácticas de extorsión a bancos, empresas e instituciones.

En la operación también ha sido detenido el director de comunicación de este sindicato, Francisco Castro Villacañas, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Las detenciones han sido practicadas en los domicilios de ambos por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada, en el marco de la investigación de la supuestas prácticas que habría cometido esta organización y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

Las fuentes han indicado que está previsto que se produzcan más arrestos y que se está realizando un registro en la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz de Madrid.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga a Manos Limpias y a Ausbanc por un posible delito de extorsión a bancos y empresas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dirige las pesquisas, abiertas tras la presentación de varias presuntas víctimas de la trama.

La Policía sospecha que ambos colectivos se coordinaban para exigir dinero a empresas, bancos e instituciones con la amenaza de presentar querellas si no accedían a sus demandas.

La investigación afecta el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, quienes podrían haber desviado el dinero obtenido a empresas filiales.

Manos Limpias afronta otra querella presentada por la Fiscalía en un juzgado de Madrid contra su secretario general y una abogada del sindicato, Virginia López, por supuesto delito de apropiación indebida de 108.000 euros por la contratación de unos servicios profesionales a una plataforma de afectados de la estafa en la inversión de sellos de Fórum-Afinsa.

Precisamente, Ausbanc fue expulsada de ese procedimiento por la Audiencia Nacional al considerar que incurría en "fraude procesal", pues se personó como acusación popular pero defendió públicamente la legalidad de las dos empresas tras recibir, directa o indirectamente, 1,2 millones de euros de esas compañías intervenidas.

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