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Miércoles, 22 Julio 2020 16:49

Casi la mitad de los contratos son irregulares

LA PROVINCIA
Cuatro de cada diez contratos supervisados en la campaña especial de inspección contra el trabajo no declarado eran irregulares, han aflorado 475 empleos sumergidos y se han levantado 221 actas de infracción con una propuesta de sanción global por 745.000 euros.

Son parte de los datos que enumeró este miércoles la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, en comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo Nacionalista Canario Cristina Valido sobre la campaña de lucha contra el fraude en materia de empleo irregular y a la Seguridad Social.

 

La campaña se desarrolló entre el 4 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 y se realizaron 1.300 visitas de inspección, que arrojaron 3.593 actuaciones de las que se ha beneficiado a 3.000 trabajadores, explicó Elena Máñez.

Se han detectado irregularidades en 1.740 contratos, el 45 por ciento de los inspeccionados, entre ellos, 182 casos de trabajadores que desempeñaban su labor sin ningún tipo de contratación.

Como consecuencia de la campaña 2.600 contratos temporales se han transformado en indefinidos y se ha identificado a 163 empleados sin alta en la Seguridad Social, que eran extranjeros sin permiso de trabajo, mientras que otros doce empleados incurrían en infracción al percibir al mismo tiempo una prestación por desempleo.

Asimismo se han efectuado 868 requerimientos a las empresas visitadas por irregularidades en materia laboral o de la Seguridad Social.

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Martes, 14 Julio 2020 16:41

Aprobado el Plan de Empleo de Canarias

CANARIAS 7
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que incluye el Plan Integral de Empleo de Canarias para 2020, dotado con una subvención de 42 millones de euros que se destinarán a un convenio del Estado con la comunidad autónoma para el desarrollo de acciones para la defensa del empleo.
El Plan Integral de Empleo de Canarias 2020 incluye actuaciones de formación profesional, con especial atención a sectores afectados por la covid-19 como el turismo, transporte, comercio o de carácter intersectorial como formación en idiomas o competencias digitales.

También se incentiva la creación de empleo en esta región, la incorporación de nuevas tecnologías en pymes y autónomos, promoción de la movilidad para el empleo, desarrollo de un plan extraordinario de empleo de transición ecológica y apoyo al desarrollo local o incremento de la tasa de empleo en mujeres y jóvenes, entre otros.

El plan de Canarias se incluye en un real decreto de subvenciones directas para políticas activas de empleo, programas de fomento del empleo y formación por un valor total de 51 millones de euros.

El texto, aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo, se basa en la colaboración del SEPE con organismos de la Administración General del Estado y permitirá inversiones en servicios y programas dirigidos tanto a personas demandantes de empleo como a personas ocupadas.

Las entidades beneficiadas por estas ayudas son el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (6,5 millones de euros), la Jefatura Central de Tráfico (216.000 euros), la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación (57.000 euros) y el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (150.000 euros).

También el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (105.000 euros), el Instituto de la Juventud (1 millón de euros), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (282.000 euros), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (1,15 millones de euros) y la Comunidad Autónoma de Canarias (42 millones de euros).

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CANARIAS 7
La ministra de Trabajo, en una entrevista en ‘Financial Times’, afirma que «el Gobierno va a estar ahí para los sectores que más lo necesitan» y que «no tendría sentido emprender este esfuerzo sin precedentes y luego dejar que simplemente las cosas se caigan».
España probablemente extenderá los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el final de este año y quizás también hasta entrado 2021 para los sectores más afectados por la crisis económica provocada por la pandemia. Son declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al rotativo británico ‘Financial Times’.

En una entrevista con ese periódico, Díaz reconoció las dificultades que enfrentan los sectores turístico, aviación, marítimo, ocio y cultura del país, todos los cuales han pronosticado que es poco probable que reanuden sus actividades con normalidad durante este año.

«El Gobierno va a estar ahí para los sectores que más lo necesitan sin ningún género de duda», afirmó Díaz en declaraciones a Financial Times. «No tendría sentido emprender este gigante esfuerzo sin precedentes en la economía española (para preservar los empleos) y luego simplemente dejar que las cosas se caigan».

Según recoge ‘Financial Times’, Díaz reiteró este punto cuando se le preguntó si estas ayudas podrían mantenerse una vez comenzado el próximo año.

El consejo de ministros del pasado 26 de junio tomó la decisión de prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre, después de un acuerdo con los agentes sociales que costó en alcanzarse varias reuniones, puesto que tanto patronal como sindicatos querían que se extendieran hasta el 31 de diciembre. También hubo discrepancias respecto al grado de exoneraciones en las cuotas a la seguridad social que se debían mantener.

El Gobierno tomaría en septiembre su decisión final sobre los próximos pasos a seguir, en conjunto con los empresarios y los trabajadores, después de analizar los datos económicos que se vayan publicando en el verano, según añadió Díaz.

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Jueves, 02 Julio 2020 16:45

El paro sube en junio en 5.107 personas

CANARIAS 7
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 5.107 desempleados en junio (+0,1%), su mayor repunte en un mes de junio desde 2008, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ha destacado que estas cifras "profundizan en la tendencia de ralentización" del ritmo de crecimiento del desempleo que se inició en mayo.
El incremento de junio ha sido cinco veces menor que el registrado en mayo y muy inferior a los de abril y marzo, meses en los que la crisis sanitaria llevó a un repunte del desempleo de 282.891 y 302.265 parados, respectivamente.

El volumen total de parados alcanzó al finalizar junio la cifra de 3.862.883 desempleados, la más alta del registro desde mayo de 2016.

Trabajo ha explicado que en el aumento del desempleo registrado en junio ha repercutido, "de manera significativa", el grupo de demandantes sin empleo anterior. El 48% del total de estos demandantes, casi 15.000, se han registrado en la Comunidad Valenciana para optar a la oferta pública de empleo como "auxiliar planes de contingencia playas COVID19" que requería la inscripción en las oficinas del SEPE como requisito.

"Sin esta circunstancia excepcional, el paro registrado habría descendido en unas 9.000 personas", afirma el Ministerio.

Aunque el ritmo mensual de ascenso del paro se ha ralentizado frente a los meses anteriores, el paro ha subido en junio por primera vez desde 2008. Sólo se han registrado ascensos en la serie histórica de junio: en 2008 (+15.058 desempleados) y ahora en 2020, cuando ha subido en 5.107 parados.

El dato de paro de junio, al igual que ocurrió en marzo, abril y mayo, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Trabajo ha informado además de que en mayo se alcanzó el nivel máximo de protección del SEPE, que dio cobertura a casi 6 millones de personas, con un total de 5.986.864 prestaciones gestionadas.

Este nivel de prestaciones es el resultado de sumar las prestaciones que cobraban las personas que ya estaban en desempleo antes de la crisis sanitaria, las que perdieron su empleo desde entonces y, sobre todo, a las personas que están en ERTE.

En el mes de mayo el SEPE pagó en prestaciones 5.526 millones de euros, de los que 3.318 millones se dedicaron a pagar prestaciones por ERTE y 2.208 millones a prestaciones por desempleo, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial.

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CANARIAS 7
Ángel Víctor Torres ha mostrado el apoyo unánime del Gobierno canario al documento de la segunda prórroga de los ERTE hasta el próximo hasta el 30 septiembre acordado entre Gobierno de España, sindicatos y patronal y aprobado hoy en el Consejo de Ministro.
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, informó ayer del apoyo unánime al documento d la segunda prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre pactada por el Gobierno de España, sindicatos y patronal que se ha aprobado hoy el Consejo de Ministros en Madrid y en el que se ha incorporado una disposición adicional y específica para que Canarias pueda prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo hasta 2021.

Torres ha agradecido al Gobierno central que haya tenido «en cuenta las particularidades» de archipiélago en su condición de región ultraperiférica por lo que «pueda ocurrir a partir de septiembre y teniendo en cuenta que los Ertes tiene una especial afección a Canarias porque nuestra dependencia de sectores que tardan más en ponerse a caminar en lo económico como el turismo y sectores ligados a la hostelería y el comercio, hace que seamos la comunidad autónoma que más precisaba de manera objetiva que se aprobara esta prórroga de Erte».

El presidente canario ha señalado también que el Consejo de Ministros ha incorporado hoy una última disposición adicional para que Canarias regule su tráfico aéreo en situaciones excepcionales a partir del 30 de septiembre. «El Gobierno en atención a las condiciones de lejanía y insularidad que le confieren a Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea tendrá en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional», ha indicado Torres.

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CANARIAS 7
El Gobierno y los agentes sociales han logrado cerrar un acuerdo este jueves para prorrogar las condiciones de los ERTE relacionados con el COVID-19 hasta el 30 de septiembre, según han informado todas las partes.
Fumata blanca a una nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Tras semanas de intensas negociaciones, sindicatos y patronal por fin dieron su respaldo al Gobierno para la nueva norma que regulará los expedientes de suspensión de empleo para los próximos tres meses. El Ejecutivo no quería legislar sin el apoyo de los agentes sociales y lo ha conseguido ‘in extremis’, cuando quedaba apenas tres días laborables para que se extinguieran las beneficiosas condiciones de los actuales ERTE por fuerza mayor. Nueva victoria del diálogo social en uno de los momentos más difíciles para la economía española.

Para conseguir el sí de los agentes sociales, el Gobierno se ha visto obligado a mejorar sustancialmente su propuesta inicial y ha puesto encima de la mesa hasta cuatro documentos distintos en los últimos días. Los principales escollos, una vez que los sindicatos y patronal aceptaron que fuera solo por tres meses, se han centrado en el nivel de protección y en las exoneraciones, según desveló hoy la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, quien explicó a su vez que ha habido elementos centrales en los que no ha habido discusión, como es que hay sectores que están totalmente delimitados y que lo están pasando muy mal.

Es por ello que finalmente el Gobierno accede a permitir que las empresas que ahora están en ERTE de fuerza mayor total la mantengan durante los próximos tres meses, tal y como reclamaban los agentes sociales, que denunciaron que en la anterior propuesta se las dejaba fuera.

Porcentaje menor de exoneraciones.
Sin embargo, el porcentaje de exoneración de las cotizaciones sociales será menor que en la actualidad. Aquellas que tengan menos de 50 empleados y que ahora no pagaban nada de las cuotas de sus trabajadores pasarán a tener una reducción del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre, según explicaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. Las de mayor tamaño, que ahora tenían una exoneración del 75%, pasarán a tener una rebaja del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre. Se hace de forma escalonada porque la fuerza mayor debe ir decayendo progresivamente.

A cambio de estas bonificaciones, el Ejecutivo empeora ligeramente en su propuesta de ayer el porcentaje de exoneración para los ERTE por fuerza mayor parciales y los expedientes por causas objetivas (ETOP), que hasta ahora no tenían ningún tipo de beneficio, pero mantiene su diseño de premiar la vuelta a la actividad. De esta forma, las empresas con una plantilla de menos de 50 personas tendrán una exoneración del 60% para los empleados que regresan a su puesto y del 35% para los que se mantienen en el ERTE, porcentaje invariable para los tres próximos meses. Para las más grandes, estas rebajas se reducen al 40% para los que vuelven a la actividad y el 25% para los que están con el empleo suspendido.

Además, la nueva norma introduce un elemento nuevo por si se produjeran rebrotes, a la vista de lo que está ocurriendo. Si sucede eso en un determinado territorio, se volverá a proteger a la empresa y al empleo y si la compañía solicita un ERTE por fuerza mayor a la Administración, tendrá mayores exoneraciones: un recorte en las cuotas del 80% para las más pequeñas y del 70% para las de más de 50 trabajadores.

A su vez, el Gobierno ha accedido también a recoger otra de las exigencias de los agentes sociales: mantener la comisión tripartita para hacer un seguimiento y evaluación de la situación de cara a una posible nueva prórroga en otoño.

Eso sí, el Ejecutivo no ha dado su brazo a torcer en la petición de laCEOE de eliminar la prohibición de despedir, hacer nuevas contrataciones ni pedir a sus trabajadores que realicen horas extras, e incluso endurece este aspecto y les veta externalizar cualquier actividad hasta el 30 de septiembre si quieren acogerse a estos beneficios.

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Canarias7.

Cerca de 34.000 trabajadores de la construcción, la industria y el transporte en Canarias regresan a sus puestos de trabajo a partir de este lunes 13 de abril. La vuelta a la actividad solo será para los empleados de las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos.

La reanudación de actividades no esenciales en la construcción y la industria generará a partir de hoy la vuelta a sus puestos de trabajo de unos 34.000 trabajadores en Canarias. Solo en la construcción se han ido reincorporando a lo largo de la jornada unos 24.000 ocupados, prácticamente la mitad de los 50.000 afiliados que se contabilizaban en el sector en marzo, según los cálculos de la patronal.

El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, destacó en declaraciones a este periódico que «han vuelto a la actividad aquellas empresas del sector que garantizan la máxima seguridad y la salud de los trabajadores». Tal y como recoge la orden publicada el pasado domingo por el Gobierno, en el caso concreto de la construcción se reactivan desde este lunes básicamente la obra pública y las de nueva edificación.

Izquierdo recalcó que el sector «empieza a trabajar con una relativa normalidad dentro de la situación extraordinaria que se vive» como consecuencia de la lucha por frenar la expansión del Covid-19.

El representante de la patronal destacó que las empresas de la construcción están dotadas de gel desinfectante y guantes, y que a lo largo de esta semana quedará normalizado el uso de mascarillas en las islas. En cualquier caso, recalcó que las obras en las que no se pueda mantener las más altas condiciones de seguridad seguirán paradas.

A estos 24.000 trabajadores de la construcción se suman 8.000 ocupados que también regresan a sus puestos en la industria –muchas empresas del sector ya mantenían su actividad por ser consideradas básicas– y otros cerca de 2.000 en el transporte.

En total, son más de cuatro millones de trabajadores los que vuelven de nuevo a trabajar en toda España en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

Tras las vacaciones de Semana Santa y el fin del permiso retribuido recuperable decretado por el Gobierno se abre la puerta a la reincorporación de trabajadores de actividades no esenciales y se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma. Pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

La vuelta al trabajo de estos trabajadores de actividades no esenciales se produce en todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, salvo en las en las ocho que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).

Continuan desarrollando su actividad los servicios esenciales del personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los servicios de seguridad y telecomunicaciones, aduanas, suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, suministro de energía eléctrica y de productos derivados del petróleo y gas natural.

Otros servicios indispensables son los de empresas e industrias auxiliares, de componentes, limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento y averías urgentes y transportes de mercancías y personas, así como la recogida de basuras y el abastecimiento de agua y el transporte público, sujeto a restricciones de oferta. Además, los servicios ligados a la administración de Justicia continuarán con su actividad, así como los medios de comunicación.

Se mantienen suspendidas las obras de intervención en edificios en los que hayan personas ajenas a la construcción, salvo los trabajos y obras puntuales en los inmuebles para realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia, según una orden publicada por el Ministerio de Sanidad.

Y sigue prohibida la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por Internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Las peluquerías solo podrán mantener el servicio a domicilio a personas dependientes.

Además de permanecer cerrados los centros educativos, no se permite la apertura de actividades de hostelería y restauración, salvo los servicios a domicilio, ni de discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, museos, parques de atracciones y auditorios, ni tampoco la celebración de verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

A su vez, continúa el confinamiento, bajo el cual los españoles podrán salir de sus hogares solo para ir al trabajo o dotarse de elementos esenciales (alimentos y medicamentos) como mínimo hasta el 26 de abril, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó que es probable que vuelva a pedir una nueva prórroga del estado de alarma.

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